Ayer, entraron tres máquinas para demoler el pequeño asentamiento enclavado frente al mar en la playa de Tenacatita, resguardadas por más de un centenar de policías estatales, en cumplimiento de la orden judicial a favor de la inmobiliaria Rodenas, informó el delegado municipal de El Rebalsito, La Huerta, Leobardo Hueso Rentería.
No obstante, dichas acciones, para las que se aprovecharía la noche, no cuentan con los permisos correspondientes del municipio, entidad que debe autorizar cualquier obra o movimiento de tierras que se realice en su jurisdicción.
El alcalde de la demarcación, Carlos Román Ramírez Núñez, estuvo en Guadalajara, acompañado del diputado por la zona, Ramón Demetrio Romero, e interpusieron ante el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), José de Jesús Becerra Soto, una denuncia por los daños al manglar contiguo, que ocasionó la citada inmobiliaria al construir una barda perimetral de su terreno, lo cual es ilógico porque los manglares son propiedad de la nación y no pueden tener, en consecuencia, los linderos de predios privados.
El delegado de la dependencia federal se comprometió a integrar el expediente respectivo, pero no prometió resultados inmediatos, sino tras “varias semanas” de pesquisas y trabajo.
Las autoridades ejidales de El Rebalse de Apazulco han tomado acciones legales para tratar de revertir el desalojo, pero falta que la autoridad federal se pronuncie sobre el caso. Ramírez Núñez acudió también a la Subsecretaría de Asuntos del Interior, para reclamar que se retire la presencia policial de la zona.
Según el ex regidor de La Huerta Salvador Magaña, los dueños de Rodenas, apoyados por la policía estatal, se han atrevido a poner una puerta para regular el paso por la carretera que va de El Rebalsito a Tenacatita, lo que constituiría una violación al derecho de paso que se tiene en toda vía pública, anomalía que también será denunciada. “Esa carretera fue hecha con recursos federales y estatales hace quince años, no pueden privatizarla”, advirtió.
La Confederación Nacional Campesina (CNC) ha amenazado con tomar mañana el Palacio de Gobierno de Jalisco en esta ciudad, para presionar por lo que considera un abuso del gobierno en contra de los campesinos de Jalisco. No hay respuesta del gobierno panista a estos señalamientos.
Piden intervención de SSG
Porque es obligación del estado dar una atención directa a los afectados por el desalojo en un predio del municipio de La Huerta, aledaño a la playa de Tenacatita, la organización Conciencia Cívica exhorta a la Secretaría General de Gobierno (SGG) de Jalisco a propiciar el diálogo. “Lo importante es evitar que se repita la violencia, que se agrave, que haya enfrentamientos y sangre, y más que esperar a que los ejidatarios vengan y se manifiesten, la SGG debe acudir allá a tratar de encontrar una solución”, opinó el dirigente de la asociación, Salvador Cosío Gaona.
“En materia agraria es notorio que la autoridad sólo se limita a actuar cuando hay interés de un particular, y hasta con uso de la fuerza pública para apoyar la decisión de un juez; pero es curioso que cuando tienen la razón los ejidatarios ante una resolución de un tribunal, ni siquiera actúan, apuntó Cosío, que propuso la atención directa tras recordar que los conflictos de tierra en la costa sur de Jalisco son muy añejos, y algunos tienen sustento en documentos polémicos, producto de escrituras privadas; pero “en la mayoría de estos conflictos el fondo es económico”.
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