Destinará el gobierno estatal 30 millones de pesos para comprar todo Temacapulín

Raúl Torres - LA JORNADA JALISCO

El gobierno del estado cuenta con 30 millones de pesos para comprar todo Temacapulín; la opción para quien no acepte vender su propiedad es la de mudarse, con todo y sus muertos, al nuevo centro de población que se proyecta 800 metros montaña arriba del pueblo.

Quien decida no tomar ninguna de estas opciones –señaló Héctor Castañeda Yáñez, director de Cuencas y Sustentabilidad de la Comisión Estatal del Agua (CEA)– tendrá que atenerse al proceso de expropiación que iniciará la Comisión Nacional del Agua cuando el gobierno de Jalisco dé por terminadas las negociaciones que formalmente inició ayer con la transmisión de un espot de radio.

La estrategia de la CEA consiste en aprovechar estas fechas, en las que la Navidad, el año nuevo y las fiestas patronales del 8 de enero traen de regreso a “los hijos ausentes” de Temacapulín para iniciar una campaña de información y negociación con los dueños de los 320 predios que conforman el pueblo. “Dale valor a tus propiedades y obtén un mejor futuro, el gobierno de Jalisco se compromete contigo y pone a tu disposición la oficina de atención a pobladores de Temacapulín para la compra-venta de bienes, en Galeana número 100, Yahualica Jalisco. Informes al 4-78-42-7-23”, versa el espot con el que se pretende que los interesados se acerquen a escuchar las propuestas estatales.

Castañeda Yáñez explicó que la gente de la CEA estará en Yahualica desde el 26 de diciembre hasta el 10 de enero para brindar información, y aunque no reveló cuál es el precio de referencia que se ofrecerá por metro cuadrado en caso de que alguien acepte vender su tierra, señaló que, tomando en cuenta la media de las medidas, la mayoría de los terrenos que se ofrecen en el nuevo centro de población constarán de mil metros cuadrados y en ellos se incluirán una finca de 150 metros cuadrados de construcción y un huerto de 500 metros cuadrados con el que se intenta compensar el área de parcelas que tienen actualmente algunos de los habitantes.

“Definitivamente la calidad del suelo no es la misma en el nuevo centro de población, pero la Secretaría de Desarrollo Rural, quien está a cargo del proyecto de los huertos, pidió 500 metros cuadrados libres en cada predio para poner láminas y traer tierra de mejor calidad”, señaló.

El funcionario aseguró que en Temacapulín hay un 5 por ciento de propietarios que tienen terrenos mayores a mil metros cuadrados y un cuatro por ciento que cuenta con fincas que superan los 150 metros cuadrados, por lo que –aseguró– recibirán un trato preferencial si deciden vender o reubicarse.

Al ser cuestionado sobre la encuesta que prometió hacer el gobierno del estado para saber si los habitantes de Temacapulín estaban dispuestos a vender o moverse al nuevo pueblo, Castañeda Yáñez reconoció que ese acercamiento nunca se dio y esta campaña representa el primer intento formal por establecer acuerdos.

Dijo que el gobierno federal está presionando a la CEA para que logre negociar con la gente de Temacapulín y recordó que la Comisión Nacional del Agua había puesto como fecha límite para cerrar las negociaciones el mes de junio pasado; sin embargo, el gobierno estatal solicitó una prórroga que si bien no tiene fecha de vencimiento, según las estimaciones del funcionario puede llegar a su término en enero. Entonces, la CNA se haría cargo del proceso de expropiación.

Según la información de la CEA, el nuevo centro de población que proyecta el gobierno estatal contempla una delegación municipal, una clínica, un centro de atención para adultos mayores, andadores, mercado, la reubicación de la iglesia respetando su diseño original y la reubicación del panteón, para lo que se harán las exhumaciones correspondientes.

Según la información de la CEA, Temacapulín tiene una extensión de 22 hectáreas que abarcan 32 manzanas en las que se ubican 320 propiedades, de las cuales 100 son lotes baldíos y 220 casas habitación, algunas de ellas en excelente estado y muchas también a punto de derrumbarse; la población que vive permanentemente en el pueblo es de 160 personas. Hasta ahora –afirmó Castañeda Yáñez– dos propietarios ya aceptaron la reubicación.

El BM elogia pago de servicios ambientales

Agustín del Castillo - PÚBLICO

El Banco Mundial elogió el programa de pagos por servicios ambientales mexicano como “el mejor del mundo”, no obstante la crítica de numerosos ambientalistas y luchadores sociales de que se degrada a términos monetarios el enorme valor de la naturaleza y se establecen “guardabosques a bajo costo” a favor de los grandes intereses que viven en las ciudades.

Desde 2006, el BM y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial “han destinado 60 millones de dólares como préstamo para el proyecto de servicios ambientales en México”, señala la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Mark Austin, gerente del BM para el proyecto de servicios ambientales, indicó que “aunque México es el principal país del orbe que apoya este concepto, es necesario transitar por el camino de la inversión para generar mercados locales de servicios ambientales, es decir que los ciudadanos [usuarios] paguemos a los dueños del bosque [proveedores] por el servicio ambiental que nos proveen los ecosistemas forestales, tales como el agua”, expresó.

Es dinero “destinado a los dueños o poseedores de terrenos forestales, bajo normas y procedimientos establecidos para conservar los recursos forestales y sus elementos asociados como flora, fauna y recreación, que aseguran la provisión de servicios”, añade el comunicado.

Los recursos “también son utilizados para la elaboración de diversos estudios y proyectos enfocados a diagnosticar y evaluar la calidad de los servicios ambientales que México puede proporcionar, a fin de diseñar una estrategia para crear mercados locales”.

México posee ocho áreas piloto de servicios Ambientales: Cerro Grande, Jalisco y Colima; Amanalco, en Valle de Bravo; Zapalinamé, para Saltillo; Cumbres de Monterrey; Pico de Orizaba–Coatepec; El Cielo, para Ciudad Victoria; Copalita, para Huatulco, y Sianka’an para Cancún.

Carlos Chávez Reyes, asesor de los huicholes de Jalisco, piensa que el esquema de servicios ambientales no da, más allá de generar “guardabosques baratos” a favor de los intereses económicos de los grandes consumidores de agua. Y considera que se debe romper con todo ese ciclo.

CEA abre oficina en Temaca para atender a paisanos

Agustin del Castillo - PÚBLICO

La Comisión Estatal del Agua (CEA) anunció ayer la apertura de una oficina en el poblado de Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón, para brindar información sobre el proyecto El Zapotillo a los paisanos que estas semanas llegarán a la región, dijo el coordinador de cuencas del organismo, Héctor Castañeda Náñez.

La oficina se instalará en la calle Galeana número 100, del antiguo poblado, y estará abierta toda esta temporada, pues se pretende aprovechar que muchos de quienes tienen derechos de propiedad en el núcleo habitacional, regresan a pasar las fiestas de fin de año.

El funcionario detalló que Temaca —como se le conoce popularmente— es una mancha urbana de 22 hectáreas dividida en 320 propiedades, de las cuales, un centenar corresponde a lotes baldíos o corrales, y 220 son casas de diversa calidad de construcción, ya sean solas o habitadas.

“Estamos hablando de 160 personas que amanecen y anochecen en el poblado; hay más propietarios que habitantes permanentes, y por eso se decidió abrir en este momento esa campaña informativa”.

En la víspera de Navidad, tanto los paisanos transterrados en Estados Unidos como quienes se han mudado a cabeceras municipales y ciudades del país, comienzan a llegar. Su visita se prolonga más allá del 8 de enero, fecha de las fiestas patronales.

“Nosotros queremos darles la información que se requiera sobre la situación de sus fincas; somos respetuosos de sus derechos de propiedad, simplemente queremos informarles sobre dos alternativas que hay para cuando se inunde el poblado por el agua de la presa El Zapotillo: reubicarse en otra zona, donde se reestablecería el poblado, o negociar la venta de sus bienes inmuebles”, añadió el responsable de las negociaciones.

Castañeda Náñez señaló que los amparos que se han promovido en contra de la presa no afectan el trabajo de la CEA, ya que no es la autoridad recurrida en ese asunto y no será la que se encargue de edificar la cortina.

A propuesta de Jalisco, en 2007 se modificó el proyecto de El Zapotillo, ubicado sobre una cañada del río Verde. En comparación con el primer proyecto, que data de 2005, las diferencias son: altura de cortina, 25 metros más (de 80 a 105 m); almacenamiento, 449 millones de metros cúbicos más (de 411 a 860 millones de m3); área de inundación, mil hectáreas más (de 2,300 a 3,300 ha). Esta nueva dimensión de la cortina condena de forma inevitable a Temacapulín, pero hay un movimiento opositor dispuesto a evitarlo. Otras dos poblaciones afectadas son Palmarejo y Acasico.

Critica OPS el proyecto de las reglas antitabaco

Margarita Vega - REFORMA La Organización Panamericana de la Salud (OPS) criticó el proyecto de Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, elaborado por la Secretaría de Salud, al considerar que su actual redacción puede provocar confusiones y por lo tanto dificultades en su aplicación. El capítulo que más cuestiona el organismo es el titulado "Protección contra la exposición a humo de tabaco ajeno", en donde se establecen las características que deberán tener las áreas exclusivamente para fumar al interior de los establecimientos. "Es importante fortalecer esta parte del reglamento (la relativa a la protección a los no fumadores) con definiciones congruentes a lo que establece la Ley General para el Control del Tabaco, de tal manera que no se dificulte en un futuro su implementación", señala en un comentario enviado a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), en donde actualmente se encuentra en revisión dicho proyecto. "En el reglamento actual se utiliza el concepto de término espacio interior aislado como sinónimo de espacio interior y se habla también de espacio interior aislado que sea zona exclusivamente para fumar. Creemos que ello conlleva a bastante confusión". Es este rubro el que más polémica ha generado de todo el proyecto de reglamento y ha sido fuertemente cuestionado por sectores como el restaurantero y el dedicado a los juegos y sorteos, quienes consideran que podrían tener pérdidas económicas por no poder vender alimentos y bebidas en esas zonas. La OPS considera que muchas de las definiciones que incluye el reglamento deben ser corregidas o reformuladas. "Existe un número excesivo de definiciones. Por otra parte, algunos de los términos definidos, posteriormente no son usados en ningún momento en el texto del reglamento, por ejemplo mensaje sanitario, personal ocupacionalmente expuesto, etcétera", apunta. "La definición de anuncio publicitario debería ser ampliada y la de espacio interior aislado, reformulada", indica. La oficina en México del organismo, cuya sede está en Washington, propone también que las imágenes y advertencias sanitarias que se incluyan en los empaques de los cigarrillos sean determinadas mediante un acuerdo secretarial. Plantea además especificar las personas que serán sancionadas en caso de incumplimiento del reglamento y la normativa correspondiente. También el GDF En tanto, en otro comentario realizado a la Cofemer por parte de la Secretaría de Salud del GDF se recomienda a la dependencia federal ser más precisos en cuanto a las obligaciones comerciales con relación a sus áreas reservadas para fumadores. "Sería conveniente señalar que si los establecimientos mercantiles no pueden cumplir con las condiciones que establece el reglamento, deberán declararse como espacios 100 por ciento libres de humo", plantea. Techos y paredes Algunas definiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco: · Espacio al aire libre: aquel que no tiene techo ni está limitado entre más de una pared o muro, independientemente del material utilizado para su construcción y de que la estructura sea permanente o temporal; el concepto de techo no incluye sombrillas, palapas, tejabanes, techos abatibles o desmontables y lonas. · Espacio interior aislado: todo espacio cubierto por un techo o que tenga como mínimo dos paredes o muros más, independientemente del material utilizado para su construcción y de que la estructura sea permanente o temporal. · Lugar de trabajo interior: toda zona fija o móvil, con excepción de las zonas exclusivamente para fumar, que cuente por lo menos con dos paredes, utilizado por las personas durante su empleo o trabajo.

Operan por vía libre los hoteleros en Tulum

Evaden sanciones ambientales Sergio Caballero - REFORMA CANCÚN.- Supuestos propietarios de predios costeros en Tulum obtuvieron suspensiones definitivas contra actos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), informó el presidente de Guardianes de Tulum, Roberto Palazuelos. De acuerdo con el actor, el productor de televisión Pedro Muñoz Romero, mejor conocido en el medio artístico como Pedro Damián, y el empresario yucateco Roger Lugo obtuvieron las suspensiones definitivas contra los efectos del decreto expropiatorio por el cual se creó el Parque Nacional de Tulum. Precisó que Muñoz Romero obtuvo la suspensión definitiva por parte del juez segundo de distrito de Cancún, Alfonso Gabriel García Lanz, en el juicio de garantías 1273/2008. Agregó que Roger Lugo logró la suspensión en un recurso de revisión del 27 Tribunal Colegiado de Circuito, luego que se lo había negado la jueza tercera de distrito,. Según Palazuelos, propietario del hotel Diamante K, él también ha obtenido una suspensión definitiva contra el decreto expropiatorio, de tal forma que se está generando jurisprudencia que les serviría a otros propietarios para que inicien litigios en la defensa de sus propiedades. Agregó que aún falta que se resuelvan de fondo esos juicios de garantías, pero con la suspensión definitiva han obtenido un importante avance. "Es como tener un 70 por ciento del gane", dijo. El decreto de expropiación y de creación del Parque Nacional de Tulum fue emitido en 1981. De acuerdo con empresarios que reclaman propiedades dentro del parque, las suspensiones de sus obras no fueron válidas porque no les fue cubierta una indemnización, además de que se definió una ubicación geográfica diferente que sería dentro de mar y en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Negocian Patricio y Palazuelos El actor Roberto Palazuelos y el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Patricio Patrón Laviada, hicieron las paces. Ambos se reunieron en la Ciudad de México, reveló el actor. Señalo que, en la plática, Patricio Patrón señaló que la actuación de la Profepa en el Parque Nacional de Tulum es a solicitud de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Hasta antes de la reunión, el actor cuestionó el desempeño del titular de la Profepa y advirtió que solicitaría juicio político en su contra. Patricio Patrón, agregó el actor, señalo que esta autorizado para regularizar a los hoteles que fueron sancionados. "Quedamos en una relación de respeto", comentó el actor.

Se ha visto vulnerada la salud de mujeres jaliscienses en los últimos dos años: SSA

Viridiana Saavedra - LA JORNADA JALISCO

La salud de las mujeres en Jalisco se ha visto vulnerada durante los dos últimos años, pues de acuerdo con las cifras del Programa de Acción Caminando a la Excelencia, en el caso del cáncer cérvico uterino, en 2006 Jalisco estaba en el lugar número 9, calificado por la Secretaría de Salud (SSA) como satisfactorio, y este año está en el lugar 24 a nivel nacional, lo que lo ubica dentro del grupo de las entidades con niveles de atención de la salud más precarios, de acuerdo con la dependencia federal.

Los niveles de mortalidad también han aumentado. Las cifras de 2006 indicaban que era de 12.9 por ciento y ahora es 13.6, pese a que la cobertura ha aumentado en casi el 10 por ciento.

Respecto al cáncer de mama, que también afecta considerablemente a las jaliscienses, el estado se ubica en el lugar 18, pero las cifras más alarmantes son aquellas que tienen que ver con los programas de prevención, que por estar en una entidad donde el conservadurismo sigue latente, es difícil que se lleven a cabo –al menos así lo indican las cifras–, pues en el caso de la planificación familiar, Jalisco, uno de los estados con mayor presupuesto para educación y salud a nivel nacional, está ubicado en el lugar número 28, y la cobertura de programas encaminados a dicho sector sólo tienen el 33 por ciento, lo que contrasta con el estado de Durango (primer lugar en planificación familiar), que tiene cerca del 80 por ciento de cobertura.

Violencia familiar y de género es otro de los espacios que no se han atendido, y Jalisco, a la par con Querétaro, no presenta interés en emprender algún programa a través de la Secretaría de Salud (SSJ), pues sus indicadores marcan cero. Dicha lista la encabezan el Distrito Federal, Tlaxcala y Michoacán.

En la cobertura de atención a mujeres que viven con violencia severa las cifras no son más alentadoras, pues al igual que en el caso anterior, la entidad sigue en blanco y a la par de Querétaro, pero esta vez San Luis Potosí, Coahuila y Aguascalientes encabezan la lista de mayor atención a dicha problemática social.

El asunto de atención a adultos mayores, al que se ha dado suma importancia en la capital del país, es otro de los puntos que en Jalisco se han descuidado, pues en 2006 la entidad estaba en el lugar número 7, con el 100 por ciento de cobertura de vacunación, y en 2008 se ubica en el lugar 28, con sólo el 66 por ciento de vacunación a ancianos.

Los enfermos de diabetes son otro de los sectores que se han descuidado, pues en 2006 Jalisco estaba ubicado a nivel nacional en el lugar 23 en la cobertura de diabetes, y ahora se ubica en el número 29.

Las cifras están, y los cuestionamientos de los grupos en favor de la salud surgen luego de ver que los números se modificaron durante los dos últimos años, justo los que lleva la actual administración, dirigida por Alfonso Gutiérrez Carranza, a quien han calificado de incompetente.

Nuevo San Juan, el oasis purépecha

Caso notable de éxito social y económico en las regiones indias de México lo constituye esta comunidad que creció entre dos volcanes muertos: el milenario pico de Tancítaro y el legendario Paricutín; los purépechas superaron ampliamente la avaricia de los talamontes y el fuego de la última montaña ígnea que se vio nacer; sus empresas generan hoy 1,400 empleos y han sacado de la marginación al municipio

Fotos: Marco A. Vargas

Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán.

Agustín del Castillo, enviado.

PÚBLICO-MILENIO

La mayoría de las comunidades indias y mestizas de la meseta Purépecha sobreviven entre los despojos legales o ilegales de sus tierras, las mafias más o menos violentas que saquean sus bosques, y una falta general de oportunidades que incentiva la emigración. Pero la historia exitosa de los indígenas de Nuevo San Juan Parangaricutiro, a 30 kilómetros de Uruapan, demuestra que en algún momento de la vida, la fatalidad es una elección.

Ellos así lo ven. En 1980, tras décadas de discreto nivel económico y de entregar sus riquezas a contratistas inescrupulosos, optaron por el camino de la apropiación de sus recursos: cuidar la floresta de los talamontes clandestinos, recuperar sus tierras primordiales, generar una institucionalidad fuerte y democrática al interior de la asamblea, y seguir la ruta de las empresas bien gestionadas.

Hoy sostienen dos decenas de fábricas, procesadoras y proyectos que aportan más de 800 empleos directos y 500 indirectos y son el soporte económico del municipio de Nuevo Parangaricutiro, el cual ha superado las barreras de marginación endémica que padecen las demarcaciones indígenas nacionales, pues se ubica entre los 600 municipios más desarrollados del país (en un universo de 2,400).

Las cifras económicas de esta comunidad-empresa se guardan celosamente para las asambleas de comuneros. No obstante, se trata de millones de pesos anuales que se reinvierten para crecer y dar certidumbre de largo plazo a los puestos de trabajo. "La idea es que a ningún comunero ni a su familia le falte trabajo, es lo más importante que consideramos", señala Daniel Aguilar Saldaña, director técnico de las empresas.

Hay además un elevado potencial de crecimiento de ingresos: una investigación del Instituto Nacional de Ecología (INE) reveló lo que se podría cobrar por la captura de carbono en sus bosques —la gran apuesta global contra el cambio climático—, al menos nueve millones de dólares, considerando un promedio de captura de 100 toneladas de carbono por hectárea.

Nuevo San Juan es un pueblo que nació contiguo a un volcán apagado, el Tancítaro, y sobrevivió a la furia del último volcán que ha nacido en este planeta, el legendario Paricutín, de 1943. Y después no fue invadido por conquistadores caucásicos ni recolonizado por extraterrestres; simplemente, sus moradores eligieron evolucionar social, económica y ambientalmente para romper con los fatalismos culturales, la abulia y el destino de víctima que dictan los prejuicios sobre lo indígena.

Hoy habitan industriosos en medio de la locura especulativa y criminal desatada en la meseta por el auge del aguacate, ese oro verde que no a todos corrompe.

El difícil aprendizaje

En realidad no sabían cómo, confiesa el presidente de bienes comunales, Alejandro Anguiano Contreras.

"En todas estas comunidades todo el tiempo se vivió en lo forestal, y al cerrar en cada año, siempre había pérdidas; fue en 1980 cuando nos comenzamos a organizar, fueron varias reuniones, pero no sabíamos cómo empezar ni el gobierno creía en comunidades como ésta. Nos costó mucho trabajo, pero arrancamos".

El primer aserradero se montó en 1983. "Nada más un aserradero y alrededor de 60 gentes; como cualquier otra comunidad, inicia sin capital; quisimos sacar un crédito y una comunidad no es sujeto de crédito, entonces hay una empresa que ahora es Crisoba, y nos presta para financiar y abastecerlos; así, comenzamos a producir tabla y a repartir utilidades […] en el segundo año se determina por asamblea que ya no se van a repartir utilidades, porque les tocó equis cantidad a cada comunero, y son 1,254 comuneros; fue poco y nomás sirvió para que se emborracharan o hicieran cosas que no tenían ningún beneficio…", añade Daniel Aguilar.

¿Qué se hace desde entonces? Reinvertir todo, "de tal forma que cuando se presenta a dar resultados el gerente, cada año, con la utilidad que se genera se presentan propuestas de proyecto, y la asamblea determina cuál es el más viable, y se empieza a trabajar en el siguiente año".

De este modo, se pasó del aserradero a las estufas, para industrializar lo mejor posible la madera. Hoy se cuenta con estufas de secado, con una fábrica de muebles (que surte de forma preferencial a una gran mueblera mexicana), con una astilladora "que se encarga de procesar todo el desperdicio: va moliendo y haciendo el material que es celulosa, que es lo que mandamos a [la empresa productora de cuadernos] Scribe"; existe un taller que hace los empaques; "también se hizo una inversión en una mezcladora de resina", lo cual ayuda a que la gente visite el monte y este se encuentre vigilado constantemente, con dos ganancias adicionales: evitar la presencia de talamontes y hacer más eficiente el combate de incendios, advierte el director técnico. Todo el proceso forestal tiene certificación de calidad ambiental y social, y se puede vender en los mercados más desarrollados del mundo.

Pero "no todo lo que se haga o vaya a generar va a ser del bosque; se trata de ir abriendo nuevas cosas; tenemos una empresa de huertas comunales [que cultiva y cosecha exitosamente cientos de hectáreas de aguacate]; tenemos otra empresa que se llama Bodega de Fertilizantes; tenemos otra que es una tienda comunal, que ayuda a equilibrar precios en el mercado local, e incluso tenemos una empresa de transporte y una que da el servicio de televisión por cable". Sin faltar una embotelladora de agua de manantial y una importante zona ecoturística en un claro de bosque desde el que se observa la silueta del volcán.

Otro aspecto de la gestión empresarial, dice por su parte el gerente de las empresas, Martín Antolino Echeverría, es cuidar la capacitación constante del personal, la adquisición de nuevas tecnologías, un abastecimiento adecuado de insumos, la promoción y comercialización de las mercancías, el mantenimiento del equipo y una contabilidad rigurosa.

Paralelamente al proceso económico, parte de las utilidades se reinvierten en un aspecto medular para este éxito: la seguridad en la tenencia de la tierra. Creada como comunidad según las Leyes de Indias vigentes en el imperio español, en 1715, el decreto de restitución se gestionó desde los años cuarenta del siglo XX, hasta su emisión, por el presidente Carlos Salinas de Gortari, en 1991. La superficie original supera 18 mil ha, pero quedaron alrededor de cuatro mil ha pendientes, en litigios que han sostenido, de forma mayormente exitosa, desde ese momento "refundador".

El orgullo de Nuevo San Juan Parangaricutiro es que en más de 25 años, jamás han dejado de reunirse en su asamblea mensual. La perla de su vida democrática es que nunca se ha hecho un proyecto que no sea apoyado por la mayoría de votantes. Pero esta próspera república de indios está vedada a los forasteros, con el mismo espíritu con que las prohijó el humanismo de tata Vasco de Quiroga en el siglo XVI: gerentes, asesores técnicos, operadores, burocracia en general de la comunidad, son cargos sólo para sus miembros y descendientes.

No es el viejo y cristiano miedo a la corrupción exterior, fantasma que perseguía a los franciscanos evangelizadores, sino un acotamiento racional de los alcances del proyecto económico y cultural que es Nuevo San Juan, aferrado a seguir siendo purépecha, pero no por eso, menos moderno. Sus productos se pueden encontrar en Nueva York o París como en Guadalajara o Mérida; sus paisanos se mueven libremente entre México y Estados Unidos. Su prestigio llena de perplejidad o asombro a otros comuneros o ejidatarios visitantes, que no han sabido o podido acceder al misterio difícil de elegir.

El pueblo que se negó a morir

El 20 de febrero de 1943 nació el volcán Paricutín y obligó al poblado de San Juan a ser evacuado mientras la lava inundaba más de tres siglos de asentamiento. Otros hubieran decidido —siempre se abre la oportunidad de optar por algo— emigrar y desaparecer en las grandes corrientes de la historia, pero como dice la propaganda del Ayuntamiento de Nuevo Parangaricutiro, este pueblo "se negó a morir".

Hoy prospera entre dos volcanes extintos y en medio de una marea desconcertante de cambio y violencia que inunda los bosques de la meseta purépecha, hogar de otros indios, que parecen condenados.

CLAVES

Los antecedentes de la comunidad purépecha más próspera Nuevo San Juan Parangaricutiro pertenece a la cultura purépecha, propia del oeste de Michoacán. Cuenta con títulos virreinales desde 1715, y vivió en 1943 la erupción del volcán Paricutín, que sepultó el poblado principal; la lava se detuvo a las puertas de la iglesia

En 1944, la población decide trasladarse 30 kilómetros al sureste, y fundar Nuevo San Juan Parangaricutiro. Crece desde entonces la fama del Señor de los Milagros, que hoy atrae 1.5 millones de peregrinos al año

La comunidad cuenta con 18,138.25 hectáreas, bajo los siguientes usos: arbolado bajo cultivo silvícola, 10,464 ha; arbolado de protección a manantiales y áreas de recreación, 578 ha; plantaciones forestales, 1,100 ha; plantaciones agrícolas, 3,162 ha; plantaciones frutícolas, 1,208 ha; con lava volcánica, 1,626 ha

Madera. Los volúmenes de aprovechamiento en la comunidad promedian 80 mil m3 anuales de pino, encino, oyamel y otras hojosas; se obtiene también resina de pino en mil toneladas por año

Aspectos jurídicos: la titulación de bienes comunales se obtuvo en 1991. Son 1,229 comuneros censados

Antecedentes a la organización comunal (que fue a partir de 1980): aprovechamiento irracional del bosque por particulares, sin ninguna inversión al mismo; escasa o nula participación de los comuneros; la comunidad indígena no recibía ingresos por el corte de madera; imperaba el caciquismo de los pequeños propietarios; las actividades principales de los comuneros eran la resinación, el cultivo de maíz para autoconsumo y la confección de artesanías. Se iniciaba el cultivo de frutales

A finales de los años setenta se participó en la creación de la Unión de los ejidos y comunidades de la meseta tarasca, sin resultados satisfactorios. Por medio de esa organización se obtuvo la primera autorización de aprovechamiento forestal en 1979. En 1981 la comunidad indígena inició el aprovechamiento forestal con personal contratado, "pero poco a poco los comuneros se fueron capacitando", lo cual ha dejado esos oficios en sus manos

En 1983 se estableció un primer aserradero, marcando el inicio del proceso organizativo. A partir de 1983 se tienen asambleas mensuales ordinarias y se ha integrado un consejo comunal, compuesto por 80 comuneros, que sesiona mensualmente, revisa los estados de las empresas y toma las decisiones más importantes

Preocupa a dependencia federal erosión de suelos en el bosque de La Primavera

Evelyn Águila Carranza - EL INFORMADOR A pesar de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) no emitió opinión alguna sobre el proyecto de Geotermia en La Primavera, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), le dio luz verde a este centro de generación de energía eléctrica. Durante el proceso de evaluación, la dependencia federal le pidió a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, información adicional sobre el volumen de tierra que será extraída en el sitio de Cerritos Colorados, dentro del bosque, pero nunca se la hizo llegar. Alberto Elton, director de la Conanp en la región Occidente, aseguró que por no contar con toda la información, es que hasta el momento no han emitido una opinión técnica del proyecto que pretende la perforación de 14 pozos en La Primavera. Prefieren reservarla. “Nosotros le pedimos (información adicional) directamente a la dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, le dijimos que para poder dar una opinión técnica requerimos de elementos extras. Pero no nos han mandado nada. “Les dijimos que nos dieran información sobre el movimiento de suelos y cuando nos las den, nosotros les damos nuestra opinión, entonces no me pueden aplicar la positiva ficta, es decir ‘opinión a favor’, porque les preguntamos y nunca respondieron, nosotros respondimos a la primera”, detalló. El pasado 11 de noviembre, la dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, encabezada por Eduardo González, ex funcionario de la Secretaría estatal de Medio Ambiente (Semades) en Jalisco, dio el permiso para instalar esta central de generación de energía, luego de siete meses de evaluación y sin que ninguna organización civil ni experto opositor solicitara una reunión pública para mostrar su rechazo. Este proyecto operó hace casi 10 años, pero fue suspendido en 1989 debido a los daños ambientales provocados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien tumbó más de 31 mil árboles en La Primavera. Con este permiso, la paraestatal podrá perforar 14 pozos destinados a la generación de energía eléctrica, adicionales a los 12 pozos ya creados por la misma dependencia en los años 80 en el bosque. El funcionario sostuvo que aunque no hayan opinado, existen una serie de condicionantes emitidas por la Semarnat al proyecto de la Comisión Federal de Electricidad que deben cumplir, para iniciar con las obras. “Ya está autorizado, tienen condicionantes, entonces van a tener que cumplirlas y la mayoría son antes de que arranquen”. — ¿Pero para la Conanp es viable el proyecto? — Gran parte del proyecto de geotermia es viable, otra no. — ¿Qué no sería viable? — El movimiento de suelos que van a tener, como están ampliando, van a tener un movimiento de suelos y no se sabe con claridad dónde van a quedar, a dónde los van a echar. Se tiene que cuantificar el volumen de suelo que va a salir y a dónde se va a ir ese suelo. Sobre la contaminación de aguas subterráneas que se provocarían por esta obra, el funcionario sostuvo que no será así y que en el propio documento de Manifestación de Impacto Ambiental se especifica lo que harán con sus aguas. Sin embargo, Alberto Elton insistió en que es preocupante la remoción de suelos, porque se modificará el hábitat donde crece la vegetación. “Es algo muy importante porque lo que van a crear es que van a empezar a depositar suelo de un tipo en otro lado donde hay otro tipo de suelo, entonces ese es un problema de contaminación natural, pero es contaminación. “Lo que pasará es la modificación del hábitat, la vegetación se va a distribuir en un tipo de suelo bajo un tipo de clima, si tu le cambias el tipo de suelo, automáticamente las especies que se distribuyen o prosperan en un tipo de suelo al cambiarlo, van a cambiar las especies, entonces empiezas a modificar el hábitat, empiezas a transformar la vegetación”, subrayó. En la Manifestación de Impacto Ambiental, la CFE señala que en este campo geotérmico se instalará una unidad de generación eléctrica con capacidad total de 25 megawatts, bajo el argumento de solventar la creciente necesidad de energía que demanda la Zona Metropolitana de Guadalajara. Adicionalmente, construirá una línea de transmisión para enviar la energía fuera del bosque, por lo que se deberán eliminar algunas áreas de arbolado dentro del Área Protegida de La Primavera. Incluso, esta sólo sería la primera etapa de construcción, ya que la paraestatal pretende adicionar —en una segunda etapa— infraestructura para generar hasta 75 megawatts de energía. Aunque la paraestatal cuenta con 12 meses para comenzar a operar, todavía falta que se autorice el cambio de uso de suelo. De ser así, la Comisión ya no contaría con ningún impedimento para arrancar. El Bosque La Primavera es considerado como el “pulmón” de la Zona Metropolitana de Guadalajara, al contar con 30 mil 500 hectáreas protegidas. El proyecto: - La superficie requerida es de 15 hectáreas. - Para la generación de energía se perforarán 14 pozos adicionales a los existentes. - Se instalará una línea de conducción eléctrica. - En total, la paraestatal desembolsará poco más de 42 millones de dólares. - Se removerá vegetación en una extensión de tres hectáreas. - La paraestatal cuenta con 12 meses para comenzar a operar. - Se instalará una unidad de generación eléctrica con capacidad de 25 megawatts. Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental autorizada por la Semarnat. “Con el movimiento de suelos que van a tener, no se sabe con claridad dónde van a quedar, a dónde los van a echar. Se tiene que cuantificar el volumen de suelo que va a salir y a dónde se va a ir éste” Alberto Elton, director de la Conanp en la región Occidente.

Denuncian habitantes de Mismaloya intento de desalojo

Javier Santos - LA JORNADA JALISCO

Puerto Vallarta, 21 de diciembre.- Cerca de 150 habitantes del poblado de Mismaloya, la zona más privilegiada por su montaña, ríos y su vista al mar, se manifestaron la tarde del sábado ante el temor de ser desalojados por las fuerzas policiacas.

Los vecinos de Mismaloya salieron a orillas de la carretera Puerto Vallarta a Barra de Navidad, frente al hotel Barceló, y donde pidieron a los gobiernos federal, estatal y municipal que impidan “por favor que nos quiten nuestras casas”; “no al desalojo”, decían.

El temor del desalojo entre los vecinos radica en que el empresario tapatío Fernando Beltrán y Puga mantiene un juicio desde hace más de una década, ya que se dice dueño de las tierras donde están asentadas las familias; además de que mantiene un juicio de desalojo desde 1999 ante el Tribunal Unitario Agrario contra el ejido de Mismaloya, reclamando alrededor de 10 hectáreas arguyendo contar con escrituras de las mismas, con lo que le dio la razón jurídica.

Debido a ello, el 10 de abril se ordenó desalojar a cerca de 30 familias que habitan dentro de las 10 hectáreas citadas, pero al mismo tiempo el Tribunal solicitó al empresario tapatío realizar un peritaje, que fue concretado, y en noviembre le pidieron a Beltrán y Puga que depositara 3 millones de pesos para cubrir los gastos de las personas desalojadas.

Mientras tanto, los pobladores dicen tener la posesión desde 1937, por lo que en mantas y cartulinas mostraron las leyendas “No al desalojo. No a la aprobación del plano de 1964… Fuera rateros. Respeten el plano de 1937”.

Fue justo el sábado cuando los vecinos se enteraron de que autoridades agrarias les notificaron del inminente desalojo a las autoridades municipales, por lo que los afectados se manifestaron y montaron guardia permanente para evitar ser sacados de sus casas.

Entre los afectados se encuentra el diputado federal Leobardo Curiel Preciado, integrante de la Comisión de la Reforma Agraria, quien no se encontraba en el lugar sino en Villa Purificación, y señaló que “ya no se podía hacer nada”, pues la decisión de un juez era inapelable.

La Sedesol reprueba a Bahía de Banderas

La federal Sedesol estima que nueva planeación destruiría el patrimonio natural, por lo cual emitió una opinión desfavorable a la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit.

Zonas del litoral nayarita en San Pancho ya lucen cercadas con malla.

Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

La federal Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) emitió una opinión desfavorable a la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit, pues, de aplicarse como fue propuesto, sacrificará los ecosistemas más valiosos de la demarcación por los intereses económicos del ramo turístico, y pidió integrar un nuevo documento mejor soportado.

El dictamen fue emitido el 5 de septiembre por la Dirección General de Desarrollo Urbano. Bahía de Banderas es uno de los tres municipios de la Riviera Nayarit, y el que actualmente recibe más inversión para desarrollos inmobiliarios. La presión en ese terreno ha sido de tal modo fuerte que, hace dos años, una oleada de amparos canceló la reserva estatal de la biosfera Sierra de Vallejo sobre 25 mil hectáreas de selva, la cual hoy afronta severas amenazas.

La Sedesol opinó que en la actualización "no se consideran dos temas […] de primordial importancia dentro de cualquier ejercicio de planeación: el diagnóstico-pronóstico integrado y las condicionantes de los niveles superiores de planeación […] Tampoco se presenta, y esto sí es más grave, una tabla de compatibilidades de usos del suelo y destinos, ni tampoco una tabla que muestra las zonas que contengan perspectivas para generar proyectos detonadores de desarrollo subregional".

Así, "queremos externar nuestra preocupación frente a la posibilidad de que cientos de hectáreas en suelo agrícola y ecológico sean modificadas por la citada propuesta, ya que se han definido nuevas áreas de urbanización y de incorporación de suelo al uso turístico, pero sin el suficiente cuidado".

Añade: "Faltan espacios verdes en las zonas urbanas de Bahía de Banderas. Sabiendo que estos espacios son fundamentales para una óptima calidad de vida, no se dice cómo se resolverá esta carencia, por lo que se sugiere arborizar calles y avenidas con vegetación de la zona".

Se habla de corredores ecológicos "como una nueva propuesta de estructura territorial para el municipio […] pero no se señala dónde se ubicarán. Asimismo, se habla de hacer factible la preservación del patrimonio ecológico, pero el uso del suelo [específico para ese fin] desaparece en prácticamente todo el territorio municipal, con lo que se debilita la mencionada preservación, a más de que el uso pasa de ecológico a urbano".

Hay 46,246 ha de bosque, "de las que 65 por ciento se encuentran en buenas condiciones. Asimismo, que 25.7 por ciento de las especies faunísticas del municipio habitan en el ecosistema protegido por la NOM-26. Por tanto, se pretende destruir este ecosistema y buena parte del bosque que se encuentra en condiciones óptimas".

El documento abunda sobre problemas como las altas densidades de ocupación de suelo, la falta de preservación del agua y la escasez de reservas territoriales.

"Debe romperse, asimismo, la sobreoferta de suelo ejidal existente, para que ya no se traslade a dominio pleno para su urbanización y se conserve su productividad agrícola, evitando en lo posible, traer alimentos de fuera".

Hay muchas observaciones más sobre incongruencias e imprecisiones. Por eso, la Sedesol estimó que la actualización debía regresarse hasta integrarse un documento mejor soportado que garantice el equilibrio entre negocios, sociedad y ecosistemas.

Fraccionadores de selva acusan ahora a la Semarnat

Foto. Marco A. Vargas

Iniciaron una campaña contra la autoridad federal, que no ha dado permiso para cambiar uso de suelo forestal a favor de una inmobiliaria en el bosque de San Pancho. Los ecologistas defienden a la dependencia. La crisis empieza a afectar las inversiones en Riviera Nayarit

Agustín del Castillo - PÚBLICO-MILENIO

La firma Emerald Coast Developments, SA de CV, propiedad de los estadunidenses Faurest Vaugham Taylor (o Montenegro Vázquez) y Erik James Logerquist, contraataca: el fracaso en obtener permisos federales para fraccionar la selva de San Francisco, en Bahía de Banderas, le ha llevado a montar una campaña contra el delegado en Nayarit de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Armando Zepeda Carrillo, al que acusa de promover "el trámite más inútil".

Esta oportunidad les fue abierta con el concurso lanzado por el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que los ciudadanos mexicanos denuncien el procedimiento regulatorio más absurdo, tardado y engorroso —en suma, "el trámite más inútil"—, pues la idea es avanzar en la simplificación, combatir la corrupción y hacer un país más atractivo a la inversión.

El "ganador" de la competencia será fallado en este mes. Los inversionistas de San Pancho, denunciados por los ambientalistas locales de haberse enriquecido con la especulación de tierras ejidales de Sayulita y de corromper autoridades para establecer sus desarrollos a costa del frágil entorno ambiental (ver "Los nuevos millonarios de Riviera Nayarit", Público, 27 de enero a 3 de febrero de 2008), contaron con los buenos oficios del empresario Alejandro Vital, quien interpuso la queja ante la SFP.

Alejandro Vital es muy cercano a los dueños de Emerald Coast (EC) y, de hecho, defiende con su denuncia uno de los tres proyectos de fraccionamiento en zona de selva que tiene el corporativo.

El expediente ante la SFP habla de "un desarrollo turístico en Bahía de Banderas, Nayarit, llamado La Joya de la Costa o La Joya Vistas, que, a un año y medio de iniciadas las gestiones respectivas, se encuentra en punto muerto", y mantiene en suspenso una inversión de 90 millones de pesos.

A juicio de Vital, "el proceso se ha topado con requisitos más allá de los legales […] y hasta amenazas de terceros contra el desarrollador, sin que se haya expedido aún la autorización respectiva".

Lo que no cuentan es que los empresarios abrieron ilegalmente zona de selva y destruyeron arbolado, aunque dicen que fue un error del promotor que contrataron. La Ley Forestal, la Ley Agraria —son tierras ejidales— y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente prohíben estrictamente el aparcelamiento o fraccionamiento de bosques y selvas.

La queja de los empresarios deriva de que no se les ha otorgado autorización de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo forestal. En su opinión, "la resolución emitida por la Semarnat es completamente contraria a la ley, no sólo porque violentó las reglas del procedimiento administrativo, sino que también se encuentra totalmente injustificada desde el momento en que tenía la opción de autorizar el proyecto de manera condicionada a las medidas correctivas adicionales que considerara convenientes".

EC es, según los ecologistas, emblemática de los defectos que arrastra Riviera Nayarit: un ejemplo de la formación de rápidas fortunas con base en la especulación inmobiliaria y la compra de autoridades locales. Por ello, esos mismos críticos buscaron hacer contrapeso a la campaña contra la Semarnat, y entregaron el 12 de noviembre pasado una carta abierta a la opinión pública, pero dirigida al titular de la Semarnat, Juan Rafael Elvira Quesada, en defensa de la legalidad con que ha actuado la dependencia.

La misiva indica que el delegado en Nayarit, Armando Zepeda, "ha atendido de forma profesional, decidida y oportuna" los conflictos, "lo que le ha valido calumnias y difamaciones en los medios de comunicación impresos y electrónicos".

En cuanto al proyecto inmobiliario Las Joyas Vistas, y en general todos los proyectos de EC, "han sido cuestionados en numerosas ocasiones por querer ser impuestos en zonas de selva tropical, mediante la lógica de para qué respetar la ley si puedo pagar las multas". Multas "insignificantes contra las ganancias de comprar hectáreas de tierra protegida ejidal barata y venderla a precios competitivos en el mercado internacional".

Estos desarrollos "han deforestado, subdividido, vendido y después obtenido la autorización del municipio; el Estado no los ha detenido, sino sólo levemente condicionado; los montos de inversión que presumen son muy altos pero no creemos que suficientes para sacrificar la legalidad ambiental en nuestro país y la certidumbre jurídica, al cambiar el uso de suelo de bosques tropicales a residencial sin respeto a las leyes vigentes y aplicables", añaden.

Así, los empresarios, "en un acto desesperado, acusan a nuestras autoridades ambientales locales y las apuntan inmerecidamente como candidatas a ganar el título de El trámite más inútil convocado por la SFP […] como una franca estrategia de presión", agrega la carta.

Firman la Alianza de la Costa Verde, AC; Alianza Jaguar, AC; Desarrollo Comunitario y Conservación de la Naturaleza Nuestra Tierra, AC; Grupo Ecológico Manglar, AC; Grupo Ecologistas de Nayarit, AC; Mujeres Unidas de Bahía de Banderas, AC; Natura Nayarit; Comunidad de Artistas de Nuevo Vallarta y Punta de Mita Fundation, y otras organizaciones civiles preocupadas por la falta de sentido ambiental con que se desarrolla Riviera Nayarit.

Llegó la crisis

No ha habido respuestas oficiales en esta guerra de cartas. Pero mientras la disputa no se resuelve, la crisis económica global ejerce de juez involuntario para este desarrollismo no sostenible: los inversionistas extranjeros —en gran parte, los baby boomers, jubilados nacidos después de la Segunda Guerra Mundial—, que son el mercado fundamental al que están dirigidos los megaproyectos de este litoral, empiezan a retraerse, prudentes, guardando sus capitales para los tiempos aciagos que están en marcha.

En el caso de EC, ya está despidiendo a parte del personal que contrataron en el poblado de San Francisco. Pero hay más: los moradores del poblado de Higuera Blanca, contratados por la transnacional Ibero Star —el mayor beneficiario de los terrenos de Litibú, que el gobierno federal vendió en un solo día a "precio de regalo", según denuncia de Greenpeace—, ya fueron notificados de que la empresa va a detener sus obras "hasta nuevo aviso". Todos los trabajadores regresarán al desempleo el último día de este año.

Según datos que manejan los ecologistas locales, Ibero Star ya había arrancado la edificación del primero de sus tres hoteles en Litibú hace alrededor de un año. Las obras se quedan a medias.

"Nuestra suposición: de estas cosas vamos a ver más y muy pronto. Las consecuencias son múltiples. Por lo pronto, las tiendas y cuartos para rentar —que brotaban en Higuera Blanca como hongos— se van a quedar sin 500 de sus clientes e inquilinos", estiman Magdalena Barrios de Steinmeyer y Horst Steinmeyer, de Alianza de la Costa Verde. "La naturaleza va a tener un respiro", señalan esperanzados.

Incluye en paquete presupuestal megaobras

Evelyn Águila - EL INFORMADOR Las plantas de Agua Prieta, El Ahogado y las presas de Arcediano y El Zapotillo, tienen garantizados recursos de la federación para 2009. De los 32 mil millones de pesos presupuestados a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para ejercer el próximo año, 15 mil millones se invertirán en obras de agua potable y saneamiento, en el que incluyen recursos para proyectos hidráulicos de Jalisco. De esta bolsa, se destinará dinero para la construcción de las plantas de tratamiento El Ahogado y Agua Prieta, recientemente licitadas por la Comisión Estatal del Agua (CEA), así como para las presas de Arcediano y El Zapotillo. Durante la presentación sobre el Balance de Programas y Acciones 2008 y Perspectivas 2009, el titular de la dependencia federal, José Luis Luege Tamargo, señaló que con estas obras de saneamiento se espera lograr 100% de tratamiento de las aguas residuales, lo que automáticamente incrementará el porcentaje de limpia en el país, propuesta al final del sexenio en poco más de 60 por ciento. Se prevé que sea el próximo año cuando se de a conocer a las empresas ganadoras de las dos mega plantas de tratamiento y la Presa El Zapotillo, que sigue sin ser aceptada por las tres poblaciones que tendrán que ser reubicadas. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad de la CEA ha confirmado cuándo podría iniciar la construcción de la Presa de Arcediano, pese a que a juicio de su director, César Coll Carabias, no existe "amparo vivo" que obstaculice iniciar en un primer momento con el proceso de licitación. Por otro lado, dijo la mayoría de las presas rebasaron ya los 40 años de antigüedad, por lo que una de las metas más importantes de la Conagua, será la rehabilitación de los embalses mediante obras de reforzamiento y en caso de ser necesario, sobre-elevación de la cortina para garantizar su operación en las mejores condiciones de seguridad. Ala fecha se lleva un avance de 127 presas rehabilitadas de una meta sexenal de 300, de los cerca de 800 grandes embalses que están bajo administración de la dependencia. GASTO ESTIMADO: Planta de Agua Prieta: Dos mil millones de pesos. Planta El Ahogado: 800 millones de pesos. Presa El Zapotillo: Ocho mil millones de pesos. Presa de Arcediano: La última estimación fue de cuatro mil millones de pesos. Fuente: CEA En la Barranca de Huentitán se construirá Arcediano.

La CEDHJ se niega a decirme dónde está Rosa Isela: Alondra

Mauricio Ferrer - LA JORNADA JALISCO

La tercera visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), que encabeza Alfonso Hernández Barrón, se ha negado a dar información sobre el paradero de la menor Rosa Isela, así lo dio a conocer ayer la transexual Alondra, cuyo nombre oficial es Alberto Avila Vélez, y quien crió a la pequeña desde recién nacida hasta que el Consejo Estatal de la Familia (CEF) se la retiró hace aproximadamente tres años.

“Barrón me dijo que está bien la niña pero que no me puede decir dónde se encuentra porque no tiene autorización”, reveló Alondra en rueda de prensa, acompañada por miembros del Partido Social Demócrata (PSD) en Jalisco.

El 28 de octubre de 2008 la juez séptimo de lo Familiar del Poder Judicial del Estado de Jalisco, María del Carmen Mejía Tostado, dictó una sentencia interlocutoria en la que “se concede a Alberto Avila Vélez la custodia provisional de la menor Rosa Isela Jiménez Hernández”.

Pero el CEF retiró a la menor del albergue Niñas Desamparadas al que había sido trasladada hace casi tres años por lo que la transexual desconoce el paradero de la niña.

La CEDHJ ha logrado visitar a la menor pero, a decir de Alondra, se ha negado a decirle dónde se encuentra.

“Es lamentable que (Felipe de Jesús) Alvarez Cibrián haya hecho arreglos con los panistas para no darle seguimiento al caso”, expresó por su parte Jaime Cobián Zamora, secretario nacional de elecciones del PSD en torno a la nula intervención del presidente de la CEDHJ.

Rodrigo Rincón Jiménez, presidente estatal del partido comentó que solicitarán que el caso pase de la tercera a la quinta visitaduría de la CEDHJ, pues es esta última la que lleva los expedientes de los grupos vulnerables.

Rincón informó que Alondra trabaja en el PSD desde el primero de diciembre pasado y que personal del partido la capacita en su educación básica.

“El caso de Alondra, no es que quiera adoptar a la niña, pues son 10 años en los que le ha dado educación”, comentó por su parte Cobián Zamora.

Alondra ha sido un caso que le ha dado la vuelta al mundo en diarios de España, Argentina, Perú y algunos nacionales. De ahí que, cerca de 150 organismos civiles de América Latina que trabajan con transexuales y transgéneros en la defensa de los derechos humanos de éstos, se han interesado en la situación de Alondra.

Hoy, la asociación Humana AC, con sede en el Distrito Federal, lleva de forma jurídica el caso de Alondra, quien también pretende cambiar su nombre y así, aparezca en documentos oficiales con el que ha usado hace más de 15 años.

Evaluarán a municipios en separación de la basura

Evelyn Águila - EL INFORMADOR La titular de la Secretaría estatal de Medio Ambiente (Semades), Martha Ruth del Toro Gaytán, aseguró que a principios del próximo año, iniciarán con una serie de reuniones con los municipios para evaluar el avance que llevan en el cumplimiento del programa de separación de residuos. La funcionaria admitió que este nuevo esquema, emprendido desde el pasado mes de octubre, ha sido difícil para los ayuntamientos, pero advirtió que deberán consolidarlo, pues de lo contrario se harán acreedores a multas económicas. "En los primeros días del próximo año, lo que va a suceder son reuniones muy concretas en donde estemos evaluando no en forma general, sino de manera particular cuántos domicilios, cuántas colonias, cuántos sectores están siendo ya recolectados de la manera en como lo indica la norma. "También antes de que concluya el periodo de seis meses, que si mal no recuerdo es en marzo, deberemos tener ya una claridad absoluta de la manera en que el ayuntamiento llegará a todas las colonias". De acuerdo con lo establecido en la norma estatal de separación y clasificación de los residuos, todos los municipios del Estado de Jalisco, cuentan con un plazo de seis meses para cumplir para salvarse de sanciones que van de los 20 a los 20 mil salarios mínimos. Pese a que está fijado este tiempo, hasta el momento únicamente el 25% de la población en la Entidad está separando la basura que genera, ante la falta de un mecanismo que garantice que la recolección selectiva, es decir, días determinados para los desechos orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Si bien existe la posibilidad de que las autoridades municipales puedan solicitar una prórroga, la titular de la Semades sentenció que no se extenderá el plazo a menos de que existan argumentos de peso que la justifiquen.

Cuenta Sedeur con 200 mdp para segunda y tercera etapas del Macrobús: Carmona

Juan Carlos G. Partida - LA JORNADA JALISCO

Aunque la inversión para la ruta del Macrobús en la calzada Independencia rondará los 600 millones de pesos, el secretario de Desarrollo Urbano, Sergio Carmona Ruvalcaba, anunció que existen apenas 200 millones de pesos para iniciar en 2009 lo que serán la segunda y tercera etapas, que deberá ir desde Tesistán hasta Tonalá, pasando por Avila Camacho, Alcalde y Revolución, aunque todavía no se han definido los detalles ni se ha logrado atraer inversión privada para terminar la infraestructura necesaria.

“En la actualidad no está totalmente terminado con sus detalles, eso dependerá que se defina el proyecto de inversión. Si es de inversión pública con participación privada será algo que nos dé luz para el próximo año estar iniciando. De entrada, en el proyecto 2009 tenemos 200 millones de pesos para iniciar a reponer algunos carriles en donde se defina de acuerdo con el proyecto que sea el arranque”, dijo Carmona Ruvalcaba.

Agregó que la ruta 1, que incluye 16 kilómetros desde la barranca de Huentitán hasta Miravalle a lo largo de la calzada Independencia y avenida Gobernador Curiel, lleva un avance en general superior al 90 por ciento y estará listo para ponerse en marcha en enero, si bien antes deberá estar lista toda la parte de automatización necesaria para darle fluidez al tráfico del Macrobús. Recordó que la cantidad original comprometida fue de 520 millones de pesos.

“Si acaso es un poco más, no creo que llegue a los 600 millones, porque el proyecto de infraestructura contempla el arbolado en la calzada Independencia que forma también parte del proyecto panamericano”, explicó.

Organizan ONG asamblea estatal para diagnosticar nivel de deterioro ambiental

Raúl Torres - LA JORNADA JALISCO

Con miras a lo que será la primera Asamblea Estatal de Afectados Ambientales, varias asociaciones, grupos y colectivos se reunieron el miércoles pasado para comenzar a organizar lo que será un diagnóstico minucioso de los problemas ambientales en Jalisco; el ejemplo del trabajo que se intenta hacer a nivel estatal es el mapa que en septiembre pasado presentó por primera vez Un Salto de Vida, en el que se da cuenta de los problemas ambientales que aquejan la cuenca del Ahogado.

El objetivo de realizar esta asamblea es comenzar a articular el trabajo de los grupos y vincular los problemas del campo con los de las ciudades, señaló Octavio Rosas Landa Ramos, miembro del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular, organización que organiza talleres donde se explica cómo generar los mapas donde se identifican los problemas ambientales territorialmente.

Indicó que después de que se celebre la asamblea estatal, en marzo de 2009, se planea celebrar la tercera asamblea nacional de afectados ambientales en El Salto.

Rosas Landa señaló que este tipo de mapas ayuda a ver cómo se estructuran los conflictos ambientales en torno a grandes proyectos de infraestructura; en ese punto recordó que la forma en que los distintos niveles de gobierno administran estos conflictos es la misma: “cuando los gobiernos estatales o municipales se topan con la resistencia de las comunidades, procede a la dilación y diluye las responsabilidades para que la gente no sepa a quién reclamarle, así provocan la impaciencia y al menor atisbo de reclamo organizado reprimen; así pasó en Atenco y en otros lugares, y eso mismo estuvo a punto de suceder cuando la gente de El Salto intentó cerrar el basurero”.

Este tipo de herramientas sirven a su vez para abordar los problemas ambientales con una visión más integral, pues a través de las descripción de lo que sucede en el territorio se puede ver que lo que afecta a las comunidades rurales incide en otros sitios y a su vez en la economía de quienes viven en las ciudades. De ahí, la importancia de que los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara tomen conciencia de que lo que acontece en El Salto repercutirá inevitablemente en la ciudad.

Landa Ramos señaló que el caso de El Salto es emblemático de lo que sucede en el país y puede considerarse un espejo de otros casos tanto a nivel macro como micro; hacer una microhistoria de El Salto –dijo– puede explicar la historia ambiental del país y su relación con los temas económicos.

“Lugares como El Salto son ejemplo de cómo parece que los gobiernos y los capitales privados toman la macabra decisión de que hay pueblos que pueden ser sacrificados en aras del progreso; son lugares que reciben todos nuestros residuos, donde la gente vive hacinada en casas mínimas, donde hay una urbanización feroz y lo único que se le ofrece a la gente son tiendas de conveniencia o centros comerciales. Eso representa El Salto para Guadalajara y México para Estados Unidos”.

Pero en opinión de Landa Ramos, a todo esto hay que agregar otro elemento: la actual crisis, que no es de ganancias únicamente, sino también ambiental y tecnológica. En ese punto habló de que las crisis se neutralizan con la destrucción, incluyendo la de vidas humanas. “Después, el negocio viene con la remediación. Ahí está el proyecto de la macro planta que supuestamente va a resolver los problemas de contaminación del agua y que probablemente sea tan obsoleta como todas las plantas de tratamiento del país. Es un negocio que de cualquier forma no resuelve el problema de fondo, que es cómo evitar que se contamine el agua”.

Indicó que la Asamblea de Afectados Ambientales se ha vinculado con la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad para crear el Observatorio Socioambiental, donde los mapas que se van generando se integran en un servidor que va generando un diagnóstico de todo el país y que se puede consultar en la página electrónica www.unionccs.net.

Intereses inmobiliarios limitan protección a la barranca

Comité Salvabosque del Nixituil cuestiona proyecto de área protegida que defiende la Conanp, del cual se desmarcaron en la consulta del 17 de diciembre

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio

Vecinos integrantes del Comité Salvabosque de El Nixticuil criticaron el proceso de la consulta pública promovido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para el área de protección de recursos naturales de las barrancas de los ríos Santiago y Verde, por considerar que fueron excluidos importantes polígonos del bosque que defienden, a favor de los intereses inmobiliarios de la ciudad.

En una carta enviada al director regional de la Conanp, Alberto Elton Benhumea, señalaron las causas de su inasistencia al foro realizado el pasado 17 de diciembre, entre las que destacan también la falta de respeto a las propuestas de las organizaciones ciudadanas.

"Los estudios justificativos, el polígono de protección, ni ningún otro dato técnico sobre el bosque El Nixticuil-San Esteban-El Diente están incluidos en esta Propuesta de Área Natural Protegida, por lo que puede afirmarse que tal propuesta está incompleta y por tanto presenta serias inconsistencias […]".

Preocupa que 278 hectáreas que fueron excluidas, y son esenciales para la recarga de más de un millón de metros cúbicos de agua.

Esa superficie en cuestión "son propiedad de distintos corporativos y empresarios que promueven distintos proyectos inmobiliarios que implican la destrucción de las mismas; por lo que esta se mantiene como la única evidencia clara que explica el porqué estas zonas no fueron protegidas".

La organización ciudadana menciona los siguientes proyectos inmobiliarios: El fraccionamiento La Cima, de Abelardo Garciarce Ramírez, dueño del grupo refresquero mas grande del país, el Consorcio AGA; el fraccionamiento San Lorenzo, propiedad de Luis Miguel Moreno Gómez, "que flanquea la misma cañada por el lado contrario a La Cima, desde Colinas del Rey"; el fraccionamiento Bosque Encantado, de Marco Antonio González Mora, sobre dos hectáreas.

El fraccionamiento Mirasierra, del fideicomiso BBVA Bancomer "que pretende extraer más de un millón de litros cúbicos anuales y la construcción de un fraccionamiento de seis mil viviendas que cercaría al bosque y destruiría parte de él", añaden. El fraccionamiento que impulsa el ejido Zapopan "sobre el área conocida como La Roblera, que ha provocado incendios, el derribo de docenas de árboles y el seccionamiento del bosque".

Finalmente, el Parque de Investigación Científica y Tecnológica del Corporativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara "que pretende la destrucción de más de 17 mil árboles en una extensión de 51 hectáreas", así como 32 hectáreas en el núcleo de El Nixticuil, "en el que existen intereses inmobiliarios por parte de los dueños del fraccionamiento 'ecológico' [sic] Los Guayabos".

El respeto a esos fraccionamientos demuestra que el daño al patrimonio natural es nada al lado del peso de los intereses económicos, concluyen.

La disputa por la barranca

Última consulta pública del área protegida de los ríos Santiago y Verde deja en suspenso la eventualidad de que se protejan; inconformidad de propietarios y tibia defensa de autoridades al proyecto

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio

El caprichoso contorno del polígono de 56 mil hectáreas de la propuesta de área natural protegida de los ríos Santiago y Verde, al norte de Guadalajara, se parece a uno de esos dragones chinos popularizados con la Olimpiada de Pekín.

Para muchos de sus habitantes, campesinos temporaleros y ganaderos extensivos, la sola idea de proteger por decreto fue definida ayer, 17 de diciembre de 2008, así: monstruosa, pues dará al traste con la calidad de vida de que gozan –lo cual es un decir-. Para sus defensores y promotores, el dragón puede dar suerte y traer felicidad, como los legendarios gigantes orientales.

Por la tarde, en el Centro de la Amistad Internacional, se vivió la última jornada de consulta pública del área de protección de recursos naturales, que tendría un decreto presidencial a más tardar el 5 de junio de 2009, Día Mundial del Medio Ambiente.

Quedó patente la deficiente forma de promover sus bondades por las autoridades gubernamentales, así como los numerosos fantasmas, viejos y difíciles de disipar, que las áreas protegidas tienen para los propietarios de bosques y selvas. Por ejemplo, no se supo vender que el decreto acelerará el saneamiento del río Santiago, cuya contaminación constituye el principal reclamo de los moradores, como recordó Cristóbal Castro, ex alcalde de San Cristóbal de la Barranca. Nada los convenció de que no se trata de un decreto expropiatorio, el mito más viejo en el tema.

La defensa corrió a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) –Alberto Elton, director de la región occidente, y Martín de la Rosa- y de las voluntariosas organizaciones civiles, mientras los funcionarios estatales y municipales fueron meros espectadores. Esto mandó otro mensaje equivocado: que el proyecto, aunque jurídicamente sujeto a los tres ámbitos de gobierno, se vea como imposición "del centro".

Ejidatarios y parvifundistas de San Cristóbal e Ixtlahuacán del Río piensan que la medida sólo defiende los intereses de la zona metropolitana de Guadalajara –agua para Arcediano-, metrópoli que arrastra medio siglo de contaminar sus ríos. "Es como pedirle a Dios que se haga su voluntad, pero en los bueyes de mi compadre. Primero limpien el río, después veremos", condicionó don Felipe Dueñas.

Otros piensan distinto. Jesús Palacios Orozco pidió recapacitar: el río se sanea más rápido con decreto; hay que perderle el miedo a los nombres, "dejemos de satanizar… todos queremos conservar, pero el nombrecito (de área protegida) nomás no nos gusta…".

Tampoco es claro de qué modo se valorarán las opiniones de la consulta, y cómo pesarán en el decreto final, que "no es hecho consumado", según advertencia de Elton. Todo pasará a manos de la Comisión Federal Regulatoria y habría un decreto en seis meses. O no lo habría: es una historia que aún no tiene final.

Recuperación de espacios públicos, el objetivo de Eugenio Arriaga

Cecilia Durán y Raúl Torres

Con la consigna de recuperar los espacios públicos de la ciudad, Eugenio Arriaga Cordero asumió ayer la dirección de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara. Además de tener su propio proyecto sobre el tema, que se implementará a través del Consejo Ciudadano para la Recuperación del Espacio Público (CCReP), el nuevo director considera que pueden retomarse proyectos de la administración pasada como el Paseo Chapultepec.

Hasta ayer Arriaga Cordero fungió como director de Vinculación Política del Ayuntamiento tapatío y desde esta instancia participó, junto con la Secretaría de Cultura de Jalisco (SCJ), en septiembre en el proyecto cultural Grieta, a través del cual hicieron una especie de ensayo de recuperación de espacios públicos, lo que hoy es la meta principal de su programa de un año.

Ayer por la mañana, antes de asumir la dirección de Cultura, recibió a La Jornada Jalisco y platicó de sus proyectos en torno a su objetivo primordial. Aunque el hoy director de Cultura reconoció que no hay forma de medir el impacto de Grieta, insistió en que con la creación del Consejo Ciudadano para la Recuperación del Espacio Público (CCReP) se busca democratizar la cultura, llevarla a las calles y parques y así ampliar la oferta de espacios públicos, su mantenimiento y evitar su invasión.

Este Consejo está integrado por académicos como Rosana Regillo, Jorge Alonso y Martín Mora, por colectivos de artistas como Liga y Sector Reforma, por funcionarios públicos de SCJ y otras dependencias y por ciudadanos, como Ludger Kellner, del Parlamento de Colonias.

Entre otros planes, la Dirección de Cultura mejorará la imagen de los parques de la ciudad; la idea es que cuenten con Internet inalámbrico, computadoras “a prueba de vandalismo” disponibles para la población y se proyectará cine en pantallas gigantes. Se pretende cambiar el uso de suelo en los alrededores de los parques con la finalidad de que se instalen cafés, restaurantes, librerías, museos, teatros o centros culturales.

Arriaga Cordero adelantó que en enero iniciará un programa con los colectivos de artistas para instalar esculturas en diferentes puntos de la ciudad. Una de ellas será Paso de cebra gigante que servirá para educar a la gente en cuestiones de derechos peatonales.

Ayuntamiento de Guadalajara negó permiso para realizar la Semana Cultural Indígena

Jorge Covarrubias - La Jornada Jalisco

El Ayuntamiento de Guadalajara se negó a expedir un permiso a las comunidades indígenas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que buscaban realizar a partir del pasado lunes y hasta el domingo la Semana Cultural Indígena en la plaza del Santuario o en el camellón de la avenida Chapultepec.

Juan Martín Nicolás Jiménez, representante de los indígenas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, dijo que hubo “cerrazón” de parte de las autoridades, pues ni siquiera se dignaron a escucharlos.

“Con ustedes no tengo nada que hablar”, les dijo el secretario general del municipio, Alfonso Rejón Cervantes.

El vocero de los indígenas mencionó que este tipo de eventos son esenciales para la sobrevivencia de los grupos, debido a que muchos de ellos no tienen trabajo y una manera de hacerse de recursos es mediante la venta de sus artesanías.

“Es el único ayuntamiento que no nos ha querido dar permiso, porque nos hemos instalado en la plaza Xihualpilli de Tonalá, nos hemos instalado en la plaza de Zapopan, en Tlaquepaque, pero en el caso del ayuntamiento (de Guadalajara) se ha negado rotundamente”, comentó.

La Semana Cultural Indígena captaría la presencia de nahuas de Guerrero, zoques y mixtecos de Oaxaca, así como otomíes de Querétaro.

No es la primera vez que solicitan permiso, Juan Martín mostró las copias de anteriores solicitudes, todas con resultado negativo.

Dijo que también han recurrido a instancias como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), gobierno del Estado, Comisión Estatal Indígena y tampoco se ha encontrado una respuesta positiva.

Explicó que la CDI tiene sus limitaciones y no desean entrar en conflicto con otras instituciones.

“No vemos una política más clara de solución a la problemática real de los compañeros indígenas aquí en la Zona Metropolitana, como que es un organismo donde… pues sí tiene los recursos, los apoyos, pero se ha dedicado a otras áreas como es a lo mejor la parte de la Sierra Norte”, subrayó.

Juan Martín dijo que las comunidades indígenas viven en Guadalajara desde hace 20 años, sin embargo son “nómadas”, no cuentan con vivienda propia.

“Estamos dándole vueltas y vueltas y estamos batallando todos los días y todos los meses y todo el año, la mayoría estamos rentando”, agregó.