AGUSTIN DEL CASTILLO - PÚBLICO
“No derribarán ni un palo más”, advirtió molesto el presidente municipal de Cihuatlán, Enrique González Gómez, a los representantes de la empresa Sea Way, responsable de talar 1.5 hectáreas de manglar en la laguna de Navidad, en la Costa Sur de Jalisco.
Para cumplirlo, día y noche, habrá policías vigilando la zona, con la encomienda de “que nadie entre”.
Reunión ríspida en la Presidencia Municipal de esta cabecera, donde los regidores en su conjunto apoyaron la determinación del alcalde, y consideraron que la autorización concedida en 2005 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para desmontar 8.52 hectáreas de manglares es lesiva de los derechos de la comunidad a la salud y a un ambiente sano.
Francisco de Asís Silva Bátiz, investigador de la UdeG que apoya al ayuntamiento en el asunto, reveló que previo a la cita con los empresarios, el alcalde y el secretario del ayuntamiento recorrieron la zona talada y mostraron sorpresa por los daños allí encontrados, lo cual provocó el enojo del primer edil.
Se les informó que el pasado lunes, la empresa metió al predio 25 trabajadores y empezó a destruir rápidamente el manglar, con ayuda de motosierras. En la laguna o albufera de Navidad apenas quedan entre 110 y 120 hectáreas de manglar; si se cambia el uso de suelo en 8.5 ha de la zona, se estaría eliminando cerca de 10 por ciento de esa superficie.
Ya en la reunión, que fue a mediodía, los abogados responsables del desarrollo Isla Primavera mostraron la legalidad de su acción de desmonte, con documentos protocolizados en Colima, detalle que causó otro desagrado entre los regidores, por los antecedentes de controversia limítrofe que mantienen con esa entidad.
Al término de esa exposición, el alcalde González Gómez expresó irritado: “Ni un palo más […] es un crimen lo que hicieron y nosotros no lo vamos a aceptar”. Dijo que esperará a que arriben las autoridades federales responsables del asunto, pero más allá de permisos y autorizaciones, no se permitirá en Cihuatlán la presencia de empresas que ocasionen daños en el patrimonio natural del municipio. “No queremos esa clase de inversiones aquí”, subrayó.
Con el apoyo de los regidores, se alcanzaron diversos acuerdos y puntualizaciones: no permitir la tala del mangle amparados en el artículo 60 Ter de la Ley de Vida Silvestre, en lo cual destacan los derechos de tercera generación, con la idea de impedir la pérdida de servicios ambientales; no habrá cambio de postura mientras no vayan los titulares de la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) y la Semarnat a la zona, a quienes se les demostrará que las autorizaciones no son adecuadas ambientalmente; los promotores de Isla Primavera no tienen permisos municipales para su obra, los cuales no se les extenderán; la policía vigilará día y noche el predio.
El municipio buscará el apoyo de la sociedad civil para fortalecer sus acciones, también solicitará que se le otorgue el “uso y destino” de la zona del mangle por parte de la Dirección General de Zona Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Semarnat, para lograr la conservación definitiva de la zona.
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