Participación social, “base” del proyecto para Manantlán

La reserva es considerada la principal área protegida del occidente. Foto: Marco A. Vargas

El ex director del área protegida rechaza acusaciones de su sucesor.

Agustín del Castillo - Público

Sergio Graf Montero, director entre 1993 y 2002 de la reserva de la biosfera sierra de Manantlán, desmintió ayer las acusaciones en su contra vertidas por su sucesor Martín Gómez García, y puso en relieve que su gestión fue transparente en el uso del dinero público en la principal área natural protegida del occidente del país; además, fue bajo su directriz cuando se abrió la participación de las comunidades, la cual se pretende modificar en la actualidad por parte del gobierno federal.

Graf Montero, hoy director de la Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente (Mabio AC), subrayó en una carta entregada a este diario la “patológica obsesión” de Martín Gómez “contra mi persona, que lo ha llevado a difamarme sistemáticamente en los últimos cuatro años”, y se refirió en particular a la nota aparecida en Público el pasado 8 de enero.

“Es falso que Martín Gómez encontrara irregularidades”. La entrega-recepción, “que firmó al tomar el cargo”, estaba respaldada por una auditoría “que solicité al organismo de control interno”. Además, los actores hoy señalados “mantuvimos una buena relación con él prácticamente hasta su destitución”. Su despido “correspondió sólo a él y a su empleador: la Conanp [Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas]. Ni Eduardo Santana, ni Enrique Jardel, ni yo [la] promovimos”.

En cuanto a la supuesta oposición de Graf a la creación de los consejos asesores, “Martín omite […] que en el modelo conceptual de la estrategia para la gestión de la reserva, publicado en 1992 por la UdeG —en la cual participé—, y que se retoma en el programa de manejo de la reserva —elaborado, consultado y publicado durante mi gestión—, se establece que […] ‘deberá darse a través de mecanismos participativos que incluyan a los diferentes actores con intereses legítimos en la reserva, generando espacios para la colaboración, la concertación interinstitucional y la resolución de conflictos”.

El proceso de conformación de los consejos arrancó desde antes del levantamiento zapatista de 1994, con los hechos violentos de 1993, en que varios indígenas fueron asesinados por policías en la zona de Telcruz. En abril de 1994, “[…] se realizó en Las Joyas un taller participativo para priorizar la inversión publica para el combate a la pobreza”. Participaron 30 dirigentes de organizaciones comunitarias, “en su mayoría antagónicas entre sí”, el gobierno municipal y dependencias estatales y federales. De allí surgió un programa de inversión pública consensuado para el ejercicio presupuestal de 1994, por cuatro millones de pesos.

En 1995, “impulsamos un proceso mucho más amplio de participación ciudadana en 90 localidades de Tolimán, Tuxcacuesco, Zapotitlán de Vadillo y Cuautitlán […] en el cual recibimos un fuerte apoyo de la UdeG, y que ha sido ampliamente documentado”.

Ese año, “Martín Gómez era promotor de la Sedesol, y por su trabajo en Ayotitlán lo invité posteriormente a colaborar como subdirector. El cambio de la política pública de combate a la pobreza que se da a partir de 1996, la consulta del programa de manejo y la creación de un cierto nivel de confianza de las comunidades […] dieron la pauta para la creación de los consejos asesores. A partir de su creación, y durante toda mi gestión, se fueron fortaleciendo como espacios de deliberación y rendición de cuentas. Martín Gómez, en efecto, era subdirector, y obviamente seguía mis instrucciones en este sentido”.