Denuncia penal contra el director de Obras Públicas

Esperanza Romero - PÚBLICO Eduardo Almaguer Ramírez, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Guadalajara, denunció penalmente a Gilberto Toscano García de Quevedo, director tapatío de Obras Públicas tapatío, por desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades en agravio del erario municipal. Acompañado ayer por Rocío Corona Nakamura y Salvador Caro Cabrera, ediles del tricolor en Guadalajara, el presidente del instituto político tapatío entregó la denuncia a las 11:25 am en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ), de la calle 14, en la zona industrial. Va dirigida al procurador y está abierta contra quienes resulten responsables de los delitos cometidos por las violaciones a preceptos legales de carácter estatal y municipal, a fin de eximir del pago de casi 43 millones de pesos a los desarrolladores de un hotel que se construye en la colonia Providencia. El dirigente priista solicitó al procurador que le fije cita para la ratificación de la denuncia, se tenga como coadyuvante del Ministerio Público (MP) a Rafael Leopoldo Cárdenas Muñoz y que se requiera a la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara y dependencias involucradas la documentación del caso, misma que entregó en copias simples, “toda vez que los documentos originales que refiero en los puntos de hechos de esta denuncia no se encuentran en poder del suscrito”. La denuncia, de la que Público tiene copia, consta de seis cuartillas y seis anexos, que constituyen las pruebas documentales que hace una semana hizo públicas Salvador Caro, y que al día de hoy las autoridades municipales aludidas (la Tesorería y la dirección de Obras Públicas) no han desacreditado con una ficha informativa ofrecida públicamente (en rueda de prensa), aunque negaron que haya delito o corrupción al considerar que el “supuesto daño” a las arcas es resultado de un mal cálculo del edil (Público, 14 de noviembre de 2008). Eduardo Almaguer reitera en el documento que, conforme a la Ley de Desarrollo Urbano de Jalisco, todos los planes y programas en la materia que se realicen en el estado deben sujetarse a lo dispuesto en los planes de desarrollo y, si no cumplen con éstos, “no deberá otorgarse autorización, licencia o permiso para efectuarlas”. Sin embargo, el hotel en cuestión fue excepción. Advirtió que los desarrolladores están expuestos a que se demuela lo fraccionado en contravención con el artículo 109 de la Ley de Desarrollo Urbano de Jalisco, que es el que ordena lo anterior. Se violó a su vez el Reglamento de Zonificación estatal y el municipal de Construcción. Por los pagos de permisos y derechos, los desarrolladores del hotel abonaron cerca de ocho millones de pesos al municipio, cuando la suma debía rondar los 50 millones, según la denuncia del PRI.