Constructoras removieron cientos de árboles sin permiso, la causa.
Agustín del Castillo - PÚBLICO
La delegación Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró ayer poco más de 19 kilómetros de la obra carretera Bolaños-Huejuquilla, justo la longitud del paso por territorio de la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán.
La causa fue la remoción ilegal de arbolado, dado que los constructores se habían comprometido a no hacerlo cuando se les autorizó el “aviso de no requerimiento de evaluación de impacto ambiental” por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pues se limitarían a utilizar el trazo ya abierto del viejo camino que ya une a las dos cabeceras municipales, informó a este diario el titular de la dependencia, José de Jesús Becerra Soto.
La maquinaria de las constructoras contratadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano derribaron 437 árboles: 187 pinos, 105 robles (encino de hoja ancha) y 147 encinos.
La acción de clausura es la culminación de un proceso de inspección realizado la semana pasada. Quedó claro que en el tramo que va del cerro de La Puerta hacia el paraje Ciénaga de los Caballos, en Mezquitic —donde los wixaritaris se encuentran acampados en protesta por la obra desde el pasado 11 de febrero—, y que luego desciende hacia Tenzompa, no se cumplieron las condicionantes aprobadas por la Semarnat. Se suponía que no habría ninguna afectación a los recursos naturales, aclaró Becerra Soto.
La clausura es “total y temporal” como “medida de urgente aplicación” que sólo podrá ser levantada cuando se realice una reforestación y se garantice la reducción de la erosión y de la degradación, en especial, “minimizar el impacto al corredor biológico”, agregó el funcionario. La entidad responsable de cumplir estas reparaciones es la Sedeur.
El tramo completo de la comunidad va del kilómetro 70.4 al 89.58; poco más de 19 kilómetros en los cuales se pusieron sellos de clausura, según informaron al delegado los inspectores responsables de la acción administrativa. Una vez que se reparen los daños y se realicen los trámites jurídicos necesarios, podría ser levantada, aunque los huicholes en plantón niegan la posibilidad, al considerarse lesionados por la forma “fraudulenta” en que el gobierno estatal pretendió conseguir el derecho de paso, con documentos “simulatorios” de una asamblea de comuneros que jamás se realizó (Público, 16 de febrero de 2007).
Raureme Jesús Candelario Cosío, uno de los voceros de Tuapurie (nombre wixárika de Santa Catarina), destacó ayer que esperan recibir la notificación formal de la Profepa sobre la clausura, lo cual consideró un logro de la movilización.
Respecto a la acción de otros indígenas de la sierra, contraria a los reclamos de Santa Catarina y favorable a la carretera (ver nota de abajo), lamentó la “desinformación” de que han sido objeto. “Nosotros cuando llegamos a Ciénaga de los Caballos estábamos dispuestos a negociar, ya habíamos hecho una petición por escrito, pero luego apareció el documento evidentemente falseado por las autoridades, y cambió todo”.
Por vía telefónica, dijo que los wixáricas están molestos por las acusaciones de personas (como los presidentes municipales) de que estarían al servicio de otros intereses, incluso los personales; “eso indigna a la comunidad […] tenemos nuestros asesores, todo el mundo tiene derecho a contratar un especialista, por ejemplo, AJAGI [Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas] nos ha ayudado a recuperar más de 30 mil hectáreas a las comunidades; Conservación Humana [AC] nos ayudó a impedir una autopista que dañaría la ruta a Real de Catorce…”.
Añadió que se han limitado a defender sus derechos como comunidad, y que esperan que las autoridades regresen a negociar y no caigan en la tentación de hostigar y amenazar para “imponer” su carretera.
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