Ejidatarios frenan la Riviera Nayarit

Agustín del Castillo - PÚBLICO Una acción legal de ejidatarios de La Peñita de Jaltemba, en Compostela, inconformes con el proceso de apropiación de tierras para los desarrollos turísticos promovidos por Riviera Nayarit, dio un golpe al proyecto al obtener una suspensión provisional dentro del juicio de amparo 1557/08, lo que impide aparcelar y vender 6,460 hectáreas de bosque tropical de uso común, tierras que están previstas para alojar fraccionamientos turísticos en la cercanía del Océano Pacífico. Pedro León Corrales, asesor jurídico de los quejosos, informó a este diario que la determinación judicial proviene del Juzgado Tercero de Distrito de Tepic. La novedad del enfoque legal, informó, es que se otorga al grupo de ejidatarios quejosos no sólo como “representación sustituta” de la autoridad ejidal omisa (por estar presuntamente involucrada en el negocio), sino a título de “personas individuales” que se ven despojadas de sus derechos sobre las tierras de “uso común”. El proyecto Riviera Nayarit, detonado por el gobierno federal a través del Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur), ha sido cuestionado por sus costos ambientales y sociales: hay una rápida pérdida de ecosistemas naturales valiosos a escala mundial; un desplazamiento gradual de campesinos y la pérdida acelerada, al menos de facto, de playas públicas (Público, 27 de enero a 3 de febrero de 2008). Los campesinos disidentes son Flavio Gómez Covarrubias, Sabino Infante Montes, Erika Vallejo, Ismael Jaimes Bañuelos, Felipe Palomera Contreras,Gumercindo Bravo Tapia, Ernesto Infante Montes, Sebastián Gómez Covarrubias, Roberto Gómez Estrada, Lucio Gómez Covarrubias y Jesús Isiordia Ortega. El juez consideró viable concederles la suspensión de actos que pudieran entrañar su violación de garantías por parte de las secretarías federales de la Reforma Agraria (SRA) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como las autoridades municipales de Compostela, Nayarit, y de seguridad pública de ese estado. La suspensión es “para que los quejosos no sean privados de los derechos colectivos que tiene cada uno de ellos como ejidatarios, sobre 6,400 hectáreas de terrenos que fueron dotados mediante resolución presidencial del 16 de febrero de 1938 y no se apruebe la asignación de parcelas individuales en los terrenos de uso colectivo, que corresponden a bosques tropicales”, señala la resolución, emitida el 22 de octubre de 2008. El problema. En el cuerpo de su demanda, los campesinos quejosos explican sus temores: primero se modificó la resolución presidencial por parte del Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales) para aparcelar una selva que por ley no se puede fragmentar, y que fue dotada como tierra de uso común. Segundo, se excluyó de la lista de ejidatarios a 100 campesinos opositores a esa medida. Tercero, se cambió el uso de suelo forestal a uno apto para desarrollo urbano. La propia resolución presidencial de 1938 señala: “Esta resolución debe considerarse como título comunal para el efecto de amparar y defender la extensión total de los terrenos que la misma comprende a favor del poblado beneficiado […] estándoles prohibido, en términos absolutos, ejecutar todo acto que destruya sus bosques o arbolados…”. Los ejidatarios reclaman no ser desposeídos de su patrimonio común, y que no se les impida el libre acceso a sus tierras, lo que les ha concedido el juez de distrito de Tepic, en tanto se desahoga el procedimiento para llegar a una resolución definitiva, puntualizó León Corrales.