Hieren gravemente a cría de ballena en la Bahía de Banderas

Comunicado de Wildlife Connection

De nueva cuenta hacemos un reclamo a las autoridades correspondientes en el

caso regulación de actividades y protección a las ballenas. Haciendo historia, en Febrero 3 de 2007 se reportó e hizo difusión del caso de una cría de ballena jorobada que en el área de Bahía de Banderas fue embestida por una embarcación produciéndole graves heridas en el lomo.

Para ese entonces se hizo un llamado de atención a las autoridades debido a la indiferencia de estas para hacer valer la ley que rige la actividad de observación de ballenas, dicha ley es violentada todos los días por una infinidad de embarcaciones que con todo lujo de impunidad salen a ver ballenas no solo sin permiso, que es requisito para la operación comercial de esta actividad, si no que además son quienes menos respetan a los animales, por lo que solo era cuestión de tiempo para que esto tuviera consecuencias para las ballenas.

Aunado a esto la autoridad correspondiente ha entregado un sin fin de permisos para la observación de ballenas en el área, sin establecer requisitos más estrictos para quienes realicen esta actividad y lo más importante sin considerar capacidad de carga que esta especie pueda soportar sin ser perjudicada por la actividad.

En los últimos años ha existido una estrecha colaboración entre las empresas bien constituidas y que han cumplido con todos los requisitos que laautoridad ha impuesto, se han entregado infinidad de reportes de embarcaciones ilegales y sobre los problemas que estas acarrean y no ha habido una respuesta.

Algunos empresarios dedicados a la observación de ballenas han ofrecido a PROFEPA, Jalisco y Nayarit embarcaciones y apoyo económico para que puedan realizar las labores necesarias de vigilancia, sin embargo no se sabe que más requieren para actuar. El incremento en el tráfico náutico y la falta de vigilancia en Bahía de Banderas ha cobrado SU SEGUNDA VICTIMA, nuevamente el día de hoy 30 de Enero de 2009 se encontró otra cría embestida por alguna embarcación la cual también le produjo heridas graves en su lomo (se anexan fotografías de la misma).

Esto es muy grave si consideramos que la Ballena Jorobada es una especie en peligro de extinción y que Bahía de Banderas es una zona muy importante para la reproducción de esta especie, además de fungir como zona de refugio para Madres con Crías durante invierno.

Así mismo México en 2002 creó el Santuario Nacional para Ballenas más grande del mundo al decretar todas las aguas patrimoniales de nuestro país como Área de Refugio para Grandes Ballenas, sin embargo aunque México no es un país con tradición en la caza de ballenas, no se ha visto en buen papel ya que últimamente se han reportado en diversos puertos del país incidentes que afectan a las ballenas tales como el enmallamiento, acoso de embarcaciones o embestidas por embarcaciones. No sabemos hasta cuando las autoridades correspondiente pondrán atención a estos incidentes tanto en el desorden de la actividad turística, como el de embestidas y el de entallamientos, y que ahora si decidan cumplir con sus obligaciones, por el bien de las ballenas y la gente que depende ellas, de igual manera deberían de

hacerlo para poner en alto el nombre de México ya que si se dice que somos reserva para las ballenas hay que REALMENTE PROTEGERLAS.

En el caso Las Joyas soy chivo expiatorio: juez

Ni Registro Público de la Propiedad ni Catastro informaron de anomalías, dice.El caso "no tiene que ver con mi cese"; "fui engañado", se defiende

Estación científica en Manantlán. El juez del caso estaba por jubilarse. Foto: Marco A. Vargas

 

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO 

 

El destituido juez segundo civil de Autlán de Navarro, José Guadalupe Lomelí González, se considera un chivo expiatorio en el caso Las Joyas.

Luego de que trascendió que fue cesado por su presunta mala actuación en este tema, se defiende: en el juicio de prescripción positiva 749/2006, cuya sentencia equivale a despojar al gobierno del estado del predio de la estación científica, su resolución fue apegada a lo que contenía el expediente, en el cual ni el Registro Público de la Propiedad ni el Catastro, llamados al juicio, le advirtieron de anomalías.

Tampoco estuvo personalmente en la inspección ocular que se realizó para verificar que los demandantes estuvieran en posesión real del predio a prescribir, por lo que careció de elementos para fallar de otro modo. Sus ojos y oídos, en ese asunto, fueron los de su secretario de juzgado, Sebastián Vázquez Hernández, pieza clave para saber qué pasó en este proceso, cuyas irregularidades han trascendido las fronteras de Jalisco y lo hacen emblemático de las carencias y los vicios que arrastra la administración de justicia local. Esta es parte de la conversación que sostuvo con Público.

—¿Su cese como juez deriva de este escándalo?

—No, es falso, completamente. Mi cese vino por un procedimiento penal que se siguió en el año 2002, estando yo de juez en Zapotlanejo, pero no en relación con los terrenos de la reserva de la biosfera [...] Ya estoy preparando mi defensa contra esa sanción, que considero injusta y que daña mi buen nombre.

—Usted llegó hace dos años a Autlán, ¿ya estaba en marcha el procedimiento de prescripción?

—Ya se encontraba radicado, yo simplemente llegué a darle continuidad; me correspondió el desahogo de pruebas, y dictar la sentencia.

—¿Fue visitado por la parte demandante, recibió presiones, tuvo algún tipo de elemento raro que le hicieran pensar que este proceso estaba trucado…?

—En lo absoluto; al juez únicamente llegan las personas para preguntar en qué fecha puede dictarse una sentencia […] Yo no tuve presiones de ninguna clase, yo no conozco a las partes […] Eso de decir que me ofrecieron una dádiva, ni en lo más absoluto, porque desde el año pasado yo hice el movimiento de mi jubilación y no me convenía meterme en un problema, y menos de esta clase.

En los juicios, el secretario es primordial: "Es quien recibe los escritos de las partes, es el que desahoga las pruebas, y es el que conoce quiénes fueron las personas que comparecieron aquí a declarar".

En este asunto, "a mí se me exhibe un título de propiedad; aun cuando fuera copia certificada, existe un sello de un fedatario, como es el notario, y el juez, mientras no tenga ningún elemento de prueba que lo haga presumir que es falso, tiene que concederle el valor […] También me presentaron documentos que acreditaban que estuvieron pagando impuestos; se me ofrecieron unas pruebas testimoniales y se me ofreció una inspección judicial, que corrió a cargo del secretario con apoyo en los testigos".

Ante esa evidencia y, además, el dato relevante de que nunca compareció un demandado, el Registro Público de la Propiedad —que hubiera podido advertir que se trataba de una acción fraudulenta—, "yo lo único que hice fue sujetarme a derecho; a mí la ley me obliga a resolver todos los juicios conforme a las pruebas exhibidas".

—En la inspección ocular, ¿el secretario nunca dice que hay terrenos cercados, letreros o presencia de gente de la UdeG en Las Joyas?

—Nada, en lo más absoluto; simplemente se dio fe del inmueble, que existía, que estaba en posesión y hasta ahí, nada más.

El 23 de enero de 2009, José Guadalupe Lomelí González fue cesado como juez. "En la mañana estuve como expositor en la escuela judicial del consejo exponiendo sobre el derecho de familia […] como a las 6:40 de la tarde se me comunica mi cese…".

Aclara que su sentencia sobre Manantlán se limita a legalizar hechos; por lo tanto, no procede pedir fuerza pública para tomar una posesión, pues se supone que ya se tiene.

—¿Lo están culpando de un asunto que no estaba en sus manos controlar?

—Así es; aquí se me está haciendo responsable de algo en lo cual al titular de este tribunal lo engañaron posiblemente; yo no puedo afirmar nada, sé por los medios de comunicación que esas escrituras se habían declarado nulas, pero a mí nunca se me probó esa circunstancia. Se dice que yo despojé, que quité terrenos, y yo no le he quitado nada a nadie […] Resolví conforme a mi capacidad jurídica y a derecho, valorando las pruebas que se me exhibieron, y no podía ir más allá.

José Guadalupe Lomelí González está por cumplir 70 años de edad; 26 de ellos se ha desempeñado como juez del fuero común en Jalisco.

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El interdicto erróneo

La primera reacción de la Universidad de Guadalajara, al conocer, con seis meses de retraso, la sentencia del juicio de usucapión que reconocía a un grupo de particulares como dueños legítimos de casi 2,600 hectáreas de la sierra de Manantlán, lo que afectaba 900 ha de la estación científica de Las Joyas, fue interponer un juicio de interdicción ante el juzgado civil de turno, en Autlán.

Jurídicamente es absurdo, opinan abogados de la propia casa de estudios. "Un juicio de este tipo es para retener la posesión, y nunca ha habido amenaza de perderla, pues el alcance de la sentencia no tiene fines restitutorios; es decir, reconoce una posesión y no tiene sentido ejecutar con fuerza pública, pues el terreno está ya en tus manos, sólo legalizas el dominio", señaló un profesor.

La UdeG es comodataria del predio Las Joyas, adquirido por el gobierno de Jalisco en 1984. El trámite correcto es el amparo por no haber sido llamada, junto con el propietario legítimo (gobierno del estado, en este caso) a juicio. Pero una amenaza real de que el juzgado ordene a la policía entrar a Las Joyas y asentar en ella a los ganadores del juicio, está fuera del alcance de este juicio de prescripción.

Guadalajara. AC

Internacionaliza Temaca su disputa contra la megaobra

Será en Tenacapulín el III encuentro mundial de opositores a las presas; buscarán acciones jurídicas en instancias mundiales de derechos humanos

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO 

Los vecinos de Temacapulín no están dispuestos a dejarse intimidar por las declaraciones públicas de César Coll Carabias, director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), al que acusan de amenazas e intimidación por ejercer su legítimo derecho a resistirse a desalojar sus casas. Tampoco aceptan que la presa El Zapotillo sea un proyecto irresistible, como dijo el titular de la Comisión Nacional del Agua (CNA), José Luis Luege Tamargo. Y van a enfrentarlo con las armas del derecho.

Ayer, un grupo de vecinos del viejo asentamiento enclavado en el municipio de Cañadas de Obregón, anunciaron que su lucha será internacionalizada. Mónica Becerra, Consuelo Carvajal, Ana García Guzmán y otras mujeres de la comunidad, advirtieron que están "indignadas" por las declaraciones de los funcionarios, y consideraron que quienes amenazan y crean un clima de linchamiento en su contra son los hombres del poder, y no los simples ciudadanos de Temaca.

Gustavo Castro, representante de la Red de Afectados por Represas de América Latina, estuvo en la conferencia para expresar su solidaridad con los moradores del poblado alteño.

También anunció la intención de realizar en Temaca el III Encuentro Mundial de Afectados por Represas, el cual se realizó en años anteriores en Brasil y en Tailandia. ""Habrá presencia de ciudadanos de 70 países, se discutirá el tema […] seguimos pensando que es increíble que se sigan construyendo represas cuando está visto que no sirven más que unos cuantos años, pero se ofrece como receta para el desarrollo…".

Gustavo Castro dio más datos: 50 mil grandes embalses artificiales del mundo ocasionan 4 por ciento de los gases de efecto invernadero, es decir, están colaborando para el gran desafío de nuestro tiempo, que es el calentamiento global. Y por si fuera poco, es una receta que se impone por la vía del engaño, la intimidación, la criminalización de la protesta social y con descuido real sobre los efectos ambientales.

Evangelina Robles, de colectivo COA, advirtió que quienes apoyan a los vecinos de Temaca apoyan el derecho de todo mexicano a ser asesorado para defender sus derechos individuales y colectivos, lo cual está muy lejos de ser esa imagen estigmatizada del activista que pretende vender el gobierno de Jalisco.

Añadió que se tienen seis amparos vigentes, pero se acudirá a juicios de nulidad y a tribunales internacionales para denunciar los abusos sobre la población de Temacapulín.

CNA: El Zapotillo, la opción menos mala

60% de aguas de la presa se quedará en poblados de Jalisco, incluida la ZMG. Elevar cortina a 105 metros evita construir otros dos embalses

Vecinos de Temacapulín ofrecieron una conferencia en la que reiteraron que seguirán con su lucha contra la presa. Foto: Rafael del Río

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO 

La Comisión Nacional del Agua (CNA) reconoce que la megapresa El Zapotillo, con una altura de 105 metros, genera impactos ambientales y perjuicios sociales relevantes, pero si no se hubiera elevado 25 metros en relación con el proyecto original, tendrían que hacerse dos presas más y un impacto considerablemente mayor, asegura el director del organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, Antonio Iglesias Benítez.

Claro, en esa elevación se llevan de corbata al pueblo de Temacapulín, admite el funcionario en entrevista con Público.

"Se decidió ese proyecto porque era el más eficiente y el menos perjudicial; en caso de que se construyera El Zapotillo a 80 metros, tendríamos que gastar al menos tres mil millones de pesos más y edificar otras dos presas", una sobre el río Verde, a medio camino entre El Zapotillo y Arcediano, otra sobre el Santiago, en la zona de El Vado, aguas arriba de Arcediano.

La inversión extra para El Zapotillo, con el proyecto de 105 metros, se eleva en menos de 900 millones de pesos. Pero además, resulta evidente que el daño ambiental se restringe a ese sitio, lo cual es menos oneroso para los ecosistemas. Añade que contra lo que se suele decir, el beneficio de ese vaso artificial será mayoritariamente para Jalisco, pues mientras León, en Guanajuato, recibe 3.8 metros cúbicos por segundo, catorce municipios alteños y Guadalajara se quedan con 5.1 m3; así, casi 60 por ciento del agua se distribuye en esta entidad.

Iglesias Benítez también pide a los críticos de la obra reconocer que las cosas hoy se hacen diferentes en materia de los derechos de las personas. Por ejemplo, la presa Cajón de Peña, en Tomatlán, la mayor de Jalisco, fue construida en el periodo de la presidencia de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) sin preguntarle a los dueños de los predios del vaso si estaban de acuerdo con la obra. De hecho, a 33 años de su conclusión, la CNA está apenas terminando de pagar las indemnizaciones por esos terrenos.

"Eran escenarios distintos, y no se consultaba lo ambiental ni se pedían opiniones; el gobierno las hacía porque consideraba necesarios los proyectos […] hoy reconocemos el pleno derecho de los pobladores y tenemos la instrucción de subsanar los perjuicios que podemos ocasionarles; somos responsables, ofrecemos comprar a precios comerciales y les damos la posibilidad de reubicación en mejores condiciones de las que tienen ahora".

Por eso, añade, se han establecido proyectos de poblados a reubicar que incorporan los diseños y comodidades modernos respetando la identidad local, con materiales de la región. También se tiene proyectado mover los edificios históricos conforme a lo que indique el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), lo cual incluye varias edificaciones de Temacapulín así como la capilla enclavada a la orilla del río, enfrente de Acasico. En cuanto al santuario de El señor de la Peña, promete que será preservado íntegramente y se mejorará el acceso a la zona.

Iglesias Benítez también refiere que se han comprado los terrenos rústicos necesarios para garantizar el comienzo de las obras, tanto para el tendido de infraestructura como para la apertura de bancos de material. El pasado 20 de enero, los representantes de doce empresas interesadas bajaron al lecho del río Verde en el sitio de la cortina y vieron los detalles. La gira estuvo encabezada por Horacio Arteaga Domínguez, coordinador del proyecto.

El fallo de la licitación para construir El Zapotillo se hará entre mayo y junio. La obra podrá arrancar hasta octubre, una vez pasado el temporal, puntualiza Iglesias Benítez.

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CLAVES

Obra para Los Altos

Jalisco y la Comisión Nacional del Agua propusieron en 2007 crecer el proyecto de la presa El Zapotillo. En comparación con el primer proyecto, que data de 2005, las diferencias son: altura de cortina, 25 metros más (de 80 a 105 m); almacenamiento, 449 millones de metros cúbicos más (de 411 a 860 millones de m3); área de inundación, mil hectáreas más (de 2,300 a 3,300 ha)

Esto garantizaría un gasto firme de 8.9 m3 por segundo, que incluyen 3.8 m3 para León, 1.8 m3 para catorce municipios de Los Altos y 3.3 m3 para la zona conurbada de Guadalajara. Jalisco pasa así a ser el principal beneficiado con este embalse, con 5.1 m3 por segundo

La sobreelevación de la cortina implica un incremento en los costos del proyecto de 800 millones de pesos, que serán absorbidos de forma conjunta por la Comisión Nacional del Agua y el gobierno de Jalisco.

Levantan clausura a carretera Villa Purificación-Chamela

Tramo de la Carretera Villa Purificación-Chamela, el cual fue clausurado por motivos ambientales. EL INFORMADOR: R. Pérez

Reinician obras con la vigilancia de biólogos; La carretera se pretende construir en dos tramos: Autlán-Villa Purificación y de Villa Purificación a Chamela.

CHAMELA, JALISCO. EL INFORMADOR-Leticia Fonseca

Levantan la clausura que por incumplimientos a las normas ambientales, se aplicó a la Carretera Villa Purificación-Chamela, de manera que la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) arrancó con las obras pendientes. Este año se contará con 50 millones de pesos para el proyecto, y se espera que la vía quede concluida en ese tramo en 2009. Para evitar una nueva clausura por cuestiones ambientales, el titular de la Sedeur, Sergio Carmona Ruvalcaba, se comprometió con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría estatal de Medio Ambiente (Semades) a contratar a dos biólogos que trabajarán como residentes ambientales, figura que se incluiría por primera ocasión en estas obras. "Estamos arrancando en la carretera, aquella que ha tenido muchísimos conflictos y que, por cuestiones de carácter ambiental, la recibimos clausurada; es de Villa Purificación a Chamela", informó el funcionario. La carretera se pretende construir en dos tramos: Autlán-Villa Purificación y de Villa Purificación a Chamela. De las obras que están en proceso por parte de la Sedeur en otras zonas del Estado, mencionó algunas: la construcción del libramiento y el estadio de beisbol en Lagos de Moreno; así como el microcircuito, que constará de cuatro carriles, en la vía Tala-Santa Cruz de las Flores-Tlajomulco, hasta camino al aeropuerto. En entrevista radiofónica del Programa Cara a Cara, del Grupo Promomedios, el funcionario recordó que están por emitir los fallos de las licitaciones de obras que se lanzaron en diciembre, para realizar infraestructura en todo el Estado por un monto de dos mil 200 millones de pesos. En el caso del puente atirantado que se construirá en Lázaro Cárdenas, sobre las avenidas López Mateos y Guadalupe, dijo que también está por emitirse el fallo de la licitación. Consideró que el proyecto se mantiene sin cambios. Entre las obras que están por determinarse cuál empresa las realizará, está la segunda etapa del Canal de Santa Catalina, proyecto con el que se pretenden reducir las inundaciones en la zona de Plaza del Sol. En estos trabajos se invertirán alrededor de 250 millones de pesos. En relación a la construcción del Estadio Chivas, el titular de la Sedeur subrayó que es indispensable que se construya un paso desnivel en la carretera a Nogales y Periférico para evitar congestionamientos vehiculares en el punto. Recordó que la Sedeur validó el proyecto desde julio de 2008. "Tras realizar esta tarea, la participación de la dependencia concluyó… ahora le corresponde al Ayuntamiento de Zapopan atender el tema".

Lago de Chapala será declarado sitio Ramsar

México se compromete ante el mundo a conservar el lago: Enkerlin. El 2 febrero, se formalizará la declaratoria en Ensenada, junto con otros diez embalses mexicanos

Los sitios Ramsar, como lo será Chapala, son aquellos humedales de importancia mundial que deben preservarse. Foto: Marco A. Vargas

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

En cuatro días, los ecologistas de Jalisco se apuntarán una victoria en su larga lucha por salvar el lago de Chapala: el gobierno mexicano hará público en Ensenada, Baja California, el listado de nuevos humedales de importancia internacional de la convención Ramsar de Naciones Unidas, once cuerpos de agua entre los que destaca el mayor lago natural del país.

"Estamos muy contentos porque se trata de uno de los humedales más significativos y emblemáticos de México, y con mayor visibilidad internacional, por la presencia de una amplia comunidad de jubilados de Estados Unidos y Canadá; nos gusta aun más porque se trata de una propuesta que hicieron el gobierno del estado de Jalisco y las propias organizaciones de la sociedad civil, y para nosotros es muy positivo no ser los que empujamos, sino que la propia sociedad lo hace", señaló, entrevistado vía telefónica, el director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Ernesto Enkerlin Hoeflich.

Destacó que el compromiso de conservación no sólo es de Jalisco y Michoacán; es para todo el país. "Y si bien no es vinculante, en el sentido de que no obliga a algo distinto a lo que ya se está haciendo para rescatarlo, expresa la voluntad del gobierno mexicano de sujetarse al escrutinio internacional para demostrar que puede sacar adelante un proceso de conservación".

El anuncio se hará en Ensenada el lunes 2 de febrero. Se declararán sitios Ramsar once embalses mexicanos, que suman alrededor de 700 mil hectáreas, con lo cual "nuestra lista pasará de 112 a 123 sitios". Además de Chapala, figuran: La Mintzita y la Alberca de los Espinos, ambos en Michoacán; Baño de San Ignacio, en Nuevo León; San Juan de los Ahorcados, en Zacatecas; presa de Atlangatepec, en Tlaxcala; manglares del norte de la isla de Cozumel, Quintana Roo; Yavaros-Moroncarit, así como Topolobampo-Ohuira, de Sinaloa; bahía Adahir, de Sonora, y Anillo de Cenotes, en Yucatán.

Enkerlin anunció otra buena noticia: el Congreso de la Unión ha etiquetado 20 millones de pesos "para acelerar la realización de programas de conservación y manejo de los humedales prioritarios, lo cual se suma a otros recursos como los que nos aporta la Comisión Nacional del Agua", de manera que se garantiza un manejo adecuado de cuenca en cada sitio con declaratoria.

Raquel Gutiérrez Najera, directora del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), encabezó las primeras gestiones para lograr la declaratoria, a partir de la integración del lago de Chapala dentro de la red mundial Living Lakes (lagos vivos). "Ellos nos convencieron de la importancia que podía tener ante los ojos del mundo que Chapala se convirtiera en sitio Ramsar, y lograr un plan de manejo para su conservación", reveló ayer a Público la doctora en derecho.

"Quedé convencida de eso porque la visión que estábamos manejando, desde los consejos de cuenca, no era suficiente por la prevalencia de los intereses económicos tan fuertes que hay en la cuenca; entonces, nos pusimos a trabajar en el borrador", añadió.

La primera parte del proceso fue presentar la ficha de Chapala "en la reunión mundial de Lagos Vivos en China, hace dos años"; luego, se presentó ante el presidente de la república y ante los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (CNA).

La segunda fase, agregó Gutiérrez Nájera, comenzó con la llegada del gobierno de Emilio González Márquez, que terminó apropiándose de la propuesta. Reconoció el papel favorable que han jugado funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), entre ellos Daniela Geomar Neri, Antonio Ordorica y la propia titular de la dependencia, Martha Ruth del Toro Gaytán; así como el respaldo de la Conanp para culminar el proceso, en septiembre de 2008.

"Para Chapala, esto es muy buena noticia; indica una obligación que se impone el gobierno de México para conservar Chapala, cuidando sus niveles, manteniéndolo libre de contaminación, generando un manejo integral y eficiente", añadió la directora del Idea.

El siguiente paso: "Integrar el plan de manejo; ya hicimos recorridos con la Semades en comunidades ribereñas y municipios para sacar adelante una visión única de aprovechamiento del lago". Esto obligará también a regular los cambios de uso de suelo, ahora presionados por el mercado inmobiliario, y a que las comunidades indígenas y tradicionales, como Mezcala, San Pedro y los huicholes, conserven sus costumbres y puedan tener desarrollo social dentro de su visión de mundo.

Los elegidos

La Convención Ramsar, firmada en esa ciudad iraní, en 1971, establece los humedales prioritarios a escala mundial. Jalisco ya tiene doce, al incluirse a Chapala

Estero Agua Dulce-El Ermitaño Estero El Chorro

Estero Majahuas

Laguna Xola-Paramán

Laguna Chalacatepec

Reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala

Estero La Manzanilla

Laguna Barra de Navidad

Laguna de Atotonilco

Laguna de Sayula

Laguna de Zapotlán Lago de Chapala

Los nuevos sitios Ramsar que se anunciarán el 2 de febrero serán: La Mintzita, Michoacán.

La Alberca de los Espinos, en Michoacán de San Ignacio, en Nuevo León.

San Juan de los Ahorcados, en Zacatecas.

Presa de Atlangatepec, en Tlaxcala.

Manglares del norte de la isla de Cozumel, Quintana Roo.

Yavaros-Moroncarit, Sinaloa.

Topolobampo-Ohuira, en Sinaloa.

Bahía Adahir, de Sonora.

Anillo de Cenotes, Yucatán.

Lago de Chapala, Jalisco.

Negociaciones para El Zapotillo, en su fase final, asegura la CNA

El funcionario consideró que el tiempo de las negociaciones está casi culminado, y es necesario acordar nuevos caminos para garantizar que la obra se construya sin contratiempos.

Para el titular de la CNA "el ruido" en el pueblo viene de Guadalajara. Foto: Rafael del Río

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Toda gran obra "tiene impactos, y hay que poner en la balanza las cosas", señaló ayer el director de la Comisión Nacional del Agua (CNA), José Luis Luege Tamargo, al defender una vez más la viabilidad de la presa El Zapotillo, que abastecerá de agua a León, Guadalajara y catorce cabeceras de Los Altos de Jalisco.

El funcionario consideró que el tiempo de las negociaciones está casi culminado, y es necesario acordar nuevos caminos para garantizar que la obra se construya sin contratiempos. Se supone que el fallo de la licitación pública para su edificación será en marzo próximo.

—¿Existe algún plazo para el gobierno de Jalisco para culminar su negociación con la gente de Temacapulín?

—Tiene que ser este mes de enero, porque nosotros estamos en una fase en la que de no resolverlo tendríamos que ir por la expropiación, y jurídicamente llevar los juicios que se habrán de hacer. Queremos saber por dónde vamos a ir, si vamos por ésta que es el camino que nosotros deseamos, el de la negociación, o la de pago de indeminización por la vía de la expropiación.

—¿Entonces, el 31 de enero piden cuentas al gobierno del estado, que es responsable en el caso de ese poblado?

—Sí, el 31 de enero nos reunimos, evaluamos y vemos la posibilidad de avanzar. Yo lo que quiero insistir para toda la comunidad y sobre todo para muchas asociaciones que tienen la preocupación, es que el proyecto es de un gran beneficio en su conjunto para millones y eso es lo que se tiene que poner en la balanza. Es un proyecto que se ha estudiado muy a fondo ya que aprovechar esa cuenca del río Verde trae grandes beneficios a la zona metropolitana de Guadalajara.

La piedra en el zapato es Temacapulín, poblado de origen prehispánico, pues en Acasico y Palmarejo, las cosas "van muy bien", aseguró.

Por su parte, el gobernador del estado, Emilio González Márquez, ratificó que se mantendrá bajo reserva la información sobre las negociaciones con vecinos de Temaca, pese a las críticas del Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei), así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), de que al tratarse de negociaciones con recursos públicos, debe ser información disponible a la sociedad.

"Mantenemos esa reserva, pero puedo decirles que es creciente, de forma acelerada, la firma de convenios con los habitantes de Temacapulín; la mayor parte del ruido lo están haciendo gente de la zona metropolitana de Guadalajara, aunque reconozco que hay personas que sienten incertidumbre sobre lo que pasará con sus bienes", explicó el mandatario, y se negó a aportar más datos del tema.

Los moradores de Temaca que se oponen a la desaparición de su asentamiento, aseguran que la mención por parte de César Coll Carabias, titular de la Comisión Estatal del Agua, de algunos líderes de su movimiento, demuestra que el funcionario está dispuesto a generar un clima de amenazas para forzarlos a claudicar. Hoy ampliarán su denuncia en Guadalajara.

Factible y confiable, la planta geotérmica en La Primavera: CFE

Entre las condiciones que impuso la Semarnat están: el monitoreo de los niveles de ácido sulfhídrico en el aire, de la calidad del agua en pozos, norias, manantiales, programas de conservación y reforestación, además de emitir un informe semestral.

Guadalajara. Sergio Blanco. PÚBLICO-MILENIO

El proyecto de energía geotérmica en el bosque La Primavera, con una adecuada planeación y con un apego estricto a las normas ambientales "aunado a la experiencia de Comisión Federal de Electricidad [CFE] en [la] materia, nos va a permitir confirmar que este tipo de energía eléctrica es factible y es confiable", aseveró Raúl Maya González, gerente de Geotermia de la CFE.

En el marco del Foro Nacional sobre Geotermia, efectuado en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Guadalajara, donde el funcionario de la CFE defendió el proyecto que busca revivirse en el área natural protegida, mencionó que entre las razones para impulsar proyectos como éste, está el que "México ya tiene que empezar a comprometerse a reducir sus emisiones de CO2", y 25 megavatios [que es la energía que producirá esta planta] equivalen a la combustión de 350 mil barriles anuales de hidrocarburos, 70 mil toneladas de CO2 que no se emitirán a la atmósfera.

José de Jesús Álvarez Carrillo, representante de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), habló de la posibilidad de dar una autorización condicionada al proyecto: "Está cumpliendo el día de hoy la CFE con la presentación de un manifiesto de impacto ambiental ante la Semarnat [...]. Es interés de la secretaría, además de promover el cuidado y la conservación del medio ambiente, el que se dé la legalidad en todos y cada uno de sus actos".

Entre las condiciones que impuso la Semarnat están: el monitoreo de los niveles de ácido sulfhídrico en el aire, de la calidad del agua en pozos, norias, manantiales, programas de conservación y reforestación, además de emitir un informe semestral.

Pero hubo quien cuestionó las supuestas bondades del proyecto. Jorge Gastón Gutiérrez, del Colectivo Ecologista Jalisco, externó su preocupación por la inyección de azufre en el subsuelo (que es parte de los residuos de la planta geotérmica), debido a que "la zona de mantos subterráneos de Cerritos Colorados [donde la CFE planea operar] y buena parte del bosque La Primavera se conecta con [el área de] Colomos y se conecta con otras áreas también de uso agrícola y de uso humano" que podrían contaminarse en la cuenca de Atemajac, a la que pertenece Guadalajara.

Germán Ramírez Silva, jefe del departamento de Exploración de la CFE, le replicó que nuevos estudios demostraron que esa zona pertenecía a la cuenca de Toluquilla, por lo que aseguró que no se contaminará del lado de Guadalajara.

Jorge Gastón solicitó que todos los sectores de la sociedad propongan otras alternativas "sin afectar el medio ambiente y al contrario, recuperando realmente el potencial de las energías renovables".

Ante esto, Maya declaró que la geotermia es la única alternativa viable hoy en México, dado que otras energías renovables son caras: "Se necesita mucho apoyo del gobierno, [...] invertir muchos recursos y los privados no entran porque compiten contra las energías que son térmicas [...] Creo que falta todavía que se bajen los costos para que se dé un impulso a mayor escala en la generación de energía solar".

Indiferencia oficial reseca a Colomos, denuncian

Paseo del Terror por la zona, revela que ésta sufre 17 invasiones.

Diversas obras afectan la zona de Los Colomos y La Culebra, que parecen "tierra de nadie", se quejan defensores. Foto: Marco A. Vargas

Guadalajara. Vanesa Robles. PÚBLICO-MILENIO

Dos torres de lujo se levantaron en el área pública de Colomos III, sobre una avenida principal: nadie se enteró. Al lado se instaló una escuela particular: nadie vio. Varias montañas de tierra aparecieron en un predio patrimonial, ahí mismo: ¿de veras? Un centro comercial caro "tomó" varias hectáreas de lo que es de todos: los mariachis callaron. El arroyo La Culebra y los efluentes que lo surten fueron alterados una y otra vez: el asunto está en regla.

Sin ojos, oídos, ni voz de las autoridades federales, estatales ni municipales, el área del gobierno del estado y la cuenca hidrológica de Colomos se reseca cada día, insistieron ayer académicos, abogados y activistas ciudadanos de varios grupos.

En total, el área pública de Colomos tiene 17 invasiones. Viudas codiciosas e iglesias figuran en la lista negra, recordaron ayer el académico de la Universidad de Guadalajara, Jaime Eloy Ruiz, y el activista del grupo Ciudadanos por Colomos, Juan José Sánchez.

Además, han desaparecido los arroyos que surten a los manantiales del bosque y a 17 colonias de la ciudad.

Existen denuncias ante diferentes administraciones de los ayuntamientos de Guadalajara —donde hay 116 hectáreas del bosque— y de Zapopan —81 hectáreas—. Ante el gobierno de Jalisco. Ante el Congreso del Estado. Ante la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (Profepa). Ante la Procuraduría General de la República (PGR). Ante la Presidencia de la República.

Nada.

El gobierno del estado destinó a los litigios a dos abogados de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco: Carlos Eduardo Ortega Buenrostro y Romualdo Ramos González. En opinión de Virginia Acosta, de Ciudadanos por Colomos, estos son honestos, pero están llenos de trabajo.

"Zapopan no ha podido proteger bien física y jurídicamente el área. Carecemos de mojoneras, muros de contención, controles de acceso. Ésta área parece tierra de nadie", denunció Jaime Eloy.

En juego están miles de millones de dólares. Se trata de la tercera zona más cara del país, donde el metro cuadrado cuesta 1,200 dólares.

Ayer, los interesados en que alguien haga algo —¿quién?— realizaron un Paseo del Terror por el área afectada de Colomos III y la zona del arroyo de La Culebra, en disputa por varios supuestos dueños y donde el Tec de Monterrey erigirá el coto privado Colinas de la Abadía. Con mapas en mano, demostraron el daño que han sufrido los arroyos y efluentes de la zona, cortesía de los intereses inmobiliarios.

Lo malo es que las autoridades ignoran esos mapas. Uno de ellos es el Plan de Urbanización para la Protección de la Zona Ecológica de los Colomos, que data de los años ochenta e incluye a toda la cuenta hidrológica.

Ayer, el académico Luis Valdivia, de la División de Estudios Geográficos de la UdeG, advirtió que la pérdida de los arroyos, desde los años setenta, redundará en desastres que podrían ser fatales. La pavimentación del área y la desaparición de los efluentes causarán que menos agua se infiltre y más agua corra por los caminos a su alcance.

La urbanización de la zona es posible, aclaró, pero con apego a criterios técnicos, no económicos.

Para las autoridades de Zapopan, por lo menos, el asunto no es para tanto. Ayer el director de Ecología del municipio, Justo Osorno, declaró a Notisistema que es falso que el abastecimiento de 17 colonias disminuirá por la invasión de edificios en la cuenca hidrológica.

No hay ojos, oídos, ni voces fuertes que defiendan a Colomos, insisten los activistas.

Amenazas anónimas hacia Royal Country

Por amenazas, el presidente de la Asociación de Colonos de Royal Country, Francisco Orozco, interpuso ayer una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco.

Dijo que la madrugada de ayer, a las 04:56 am, un hombre llamó a su teléfono particular y le dijo: "Tarde o temprano una de tus hijas va a amanecer muerta en el arroyo".

El arroyo de la supuesta amenaza es La Culebra, que forma parte de la cuenca hidrológica Colomos. Francisco Orozco ha encabezado una lucha en contra de la ampliación de un tramo de 100 metros de la avenida Paseo del Royal Country, con el argumento de que se afectará la cuenca hidrológica.

El representante vecinal indicó que la de ayer fue la segunda llamada que recibió. La anterior fue el miércoles pasado, a las 15:00 horas: "Déjate de estar metiendo con nosotros o le vamos a partir la madre a ti y a tu familia".

Por la mañana, Orozco señaló que no tiene idea de la identidad del autor de las amenazas. Por la tarde, le dijo a un diario local que no volverá a defender la cuenca, pues teme por su familia.

El sector hídrico recibirá 12 mil mdp

EL nuevo programa estatal hídrico tiene una visión al año 2030, en el cual, dijo por su parte el titular de la Comisión Nacional del Agua (CNA), José Luis Luege Tamargo, se espera que los cuerpos de agua del estado se encuentren completamente libres de contaminación, mientras que la cobertura de los servicios sería universal.

José Luis Luege Tamargo, Emilio González Márquez y César Coll Carabias, al anunciar las metas para el estado. Foto: Giorgio Viera

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Jalisco pretende invertir en los siguientes cuatro años más de doce mil millones de pesos en el cumplimiento de tres grandes objetivos en el sector agua: ampliar la cobertura de acceso a agua potable, de 93.3 por ciento a 98.5 por ciento de la población; la de alcantarillado, de 95.8 por ciento a 98 por ciento, y la de saneamiento, de 20 a 90 por ciento, anunció ayer el gobernador Emilio González Márquez.

Al hacer la presentación formal del Programa Estatal Hídrico, en las instalaciones del reinaugurado Centro de Estudios Limnológicos, el mandatario puso en relieve el compromiso de que, al final de su gestión, el agua potable para el sector rural pase de una cobertura de 77.9 por ciento a 85 por ciento —la dificultad más severa es la dispersión de la población, en más de doce mil localidades sobre unos 80 mil kilómetros cuadrados—, mientras que el alcantarillado pasaría de 81 por ciento a 90 por ciento en ese mismo grupo de población. En cuanto al sector urbano, que ya tiene coberturas de 95.8 por ciento para agua potable y 98.2 por ciento en alcantarillado, la pretensión es lograr 99 por ciento en ambos rubros.

El grueso de esas inversiones se lo llevan las presas Arcediano y El Zapotillo, y el túnel interceptor San Gaspar-Atemajac (para canalizar aguas negras del oriente de Guadalajara hacia la planta de tratamiento de Aguaprieta), además de las dos grandes plantas de la zona metropolitana.

"Estamos trabajando en todos los municipios en la perforación de pozos profundos, y en redes de distribución donde ya no funcionan. Y para muestra un botón: ya están en ejecución por parte del SIAPA (Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado) las obras que habrán de llevar agua muy pronto a los primeros 300 mil habitantes de la zona metropolitana, de los 497 mil que en este momento no tienen agua", añadió el gobernador. Otro aspecto donde se debe mejorar es la eficiencia en zonas de riego, de apenas 50 por ciento.

Este nuevo programa tiene una visión al año 2030, en el cual, dijo por su parte el titular de la Comisión Nacional del Agua (CNA), José Luis Luege Tamargo, se espera que los cuerpos de agua del estado se encuentren completamente libres de contaminación, mientras que la cobertura de los servicios sería universal.

También intervino el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias, quien aludió al reto de construir con la sociedad las soluciones de los problemas hidráulicos de Jalisco.

Anexos a los grandes proyectos se han construido 107 kilómetros de colectores y 445 de líneas de alcantarillado, subrayó. "Quiero decirles que en la cuenca del río Santiago y el río Zula-Sabinos hemos estado trabajando en la rehabilitación de 17 plantas de tratamiento y estamos elaborando proyectos ejecutivos para la construcción de otras plantas, con el objetivo de que llegue a la presa de Arcediano agua de buena calidad".

La Procuraduría ya tiene 48 testimonios

Hasta el momento son 48 los testimonios recabados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEJ) en torno a la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, quien falleció intoxicado tras caer a las aguas del río Santiago.

Guadalajara. Jaime Ramírez Yáñez. PÚBLICO-MILENIO

En entrevista para Público, el procurador Tomás Coronado Olmos afirmó que la integración de la averiguación previa sigue su curso "y estamos trabajando para determinar si hay o no responsables".

Expuso que aún falta por citar a varias personas: "Hemos llegado a un acuerdo con la CEDHJ para no molestar a nadie, pero es necesario que todos los actores comparezcan", señaló, con lo que respondió al exhorto de la CEDHJ para que no se moleste a la madre del niño.

Dijo que la complejidad del caso estriba en que el trabajo de la PGJEJ se basa en un dictamen del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en el que no se determina la causa de muerte; "entonces, lo que tenemos que investigar es si la causa de la muerte fue a partir de un hecho ilícito".

Insistió en que la labor de su dependencia es revisar en qué condiciones se sucedió la muerte de Miguel Ángel y si fue consecuencia de beber el agua del río Santiago, "pero hasta el momento no se ha desprendido esta circunstancia".

Entre otras cosas, la PGJEJ toma en cuenta la versión de la Secretaría de Salud que, luego de los estudios encargados a la toxicóloga Luz María Cueto, determinó que el niño falleció intoxicado por arsénico.

Acerca de la responsabilidad directa en términos de provocar la contaminación en el río Santiago, Coronado explicó que eso en todo caso le correspondería a la autoridad federal. "Pero, si se desprende que la muerte de Miguel Ángel fue producto de un hecho delictivo, ejercitaremos la acción penal contra quien resulte responsable".

La idea de entubar el río fue un fiasco: CEDHJ

Poco cambió el ambiente en Las Azucenas desde que el niño murió intoxicado, según el organismo.

Sepelio de Miguel Ángel López, vecino de El Salto. Murió el 13 de febrero pasado, días después de caer al Santiago.

Guadalajara. Maricarmen Rello. PÚBLICO-MILENIO

A un año de la muerte de Miguel Ángel López Rocha, intoxicado por arsénico tras caer al río Santiago, la contaminación es tan grave como cuando el niño cayó e ingirió sus aguas pestilentes. Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) acepta que hay "algunos avances… mínimos, pero positivos".

Desde el Informe Especial que emitió el 13 de febrero de 2008 (mismo día que murió Miguel Ángel), la CEDHJ sigue las acciones emprendidas por las autoridades para revertir el daño al afluente. Algunas buenas, otras no tanto. Entre lo positivo destaca la presentación de denuncias de carácter penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), por parte de los ayuntamientos de El Salto y Juanacatlán; un programa de atención médica a los habitantes de ambas cabeceras municipales y la reubicación de los niños más pequeños de la escuela Mártires del Río Blanco.

Entre lo negativo, el organismo considera que resultó un fiasco el entubamiento del río a la altura del fraccionamiento La Azucena, donde vivió el pequeño, propuesta que el gobierno estatal presentó tras el fallecimiento de Miguel Ángel y fue criticada en su momento por la comisión.

Aún no funciona el colector que iba a estar listo en "unos meses". "Por cuestiones técnicas", según ha reconocido la misma Comisión Estatal del Agua. Se trata de un tubo de 3.5 kilómetros que comenzó a construirse hace once meses para evitar que las aguas contaminadas del arroyo El Ahogado corran a cielo abierto junto a las poblaciones de El Salto y Juanacatlán, parte sustancial —y más inmediata— del llamado Programa Integral de Saneamiento del río Santiago.

Este miércoles, Álvaro García Chávez, secretario de Desarrollo Rural, dijo que el mencionado tubo estará listo a finales de febrero y que no se había podido terminar porque se atravesó el temporal.

¿Nada cambió desde el día que murió Miguel Ángel hasta ayer [martes], que se giró la macrorrecomendación?, se le preguntó al tercer visitador general de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón.

"No necesariamente. En realidad, desde que se interpuso la primera queja por la contaminación del río Santiago comenzamos a integrar un expediente, y durante este término se dictaron diversas medidas cautelares; algunas de ellas fueron aceptadas, otras no cumplidas, pero en general hubo algunos avances", respondió.

Destacó la propuesta a los alcaldes de El Salto y Juanacatlán para que presentaran denuncias ante la PGR a fin de iniciar una investigación formal y deslindar responsabilidades por los presuntos delitos contra la salud de los habitantes. "Esto es importante, al margen de cómo termine esta averiguación: que la sociedad tenga elementos y agote los recursos internos para exigir justicia", acotó.

Los pasitos andados Medidas cautelares giradas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en 2008. Cumplidas total o parcialmente.

Presentación de denuncias ante la PGR por parte de los ayuntamientos a fin de iniciar una investigación y deslindar responsabilidades por los presuntos delitos contra la salud de los habitantes de El Salto y Juanacatlán.

Reubicación de los niños de primero y segundo grados de la escuela Mártires del Río Blanco, retirándolos de la zona más cercana al río. Aún falta reubicar a los alumnos de tercero a sexto.

Programa de detección de cáncer en ambos municipios, a través de brigadas que llevó la Secretaría de Salud Jalisco y la publicación de las convocatorias para licitar las plantas de tratamiento.

Convenios para la inspección de industrias, granjas y zahúrdas por parte de los gobiernos de El Salto y Tlajomulco. Se dictó esta medida cautelar a catorce municipios, pero sólo los dos mencionados cumplieron; el resto aceptó encabezar la inspección, salvo Tonalá, que rechazó la medida.

Capacitación a personal de Protección Civil en la identificación de uso y manejo de sustancias tóxicas y aguas residuales con miras a un plan de contingencia. El Salto inició las gestiones. Juanacatlán respondió que no tiene área de Protección Civil.

Fuente: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Sí, con peros, a la recomendación

Ejecutivo instruyó al Laboratorio Estatal de Calidad del Agua a estudiar al Santiago otra vez; se sentará con la CEDHJ a discutir planteamientos de su macrorrecomendación para preservar los derechos de decenas de miles de habitantes de la cuenca afectados por la contaminación

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

La macrorrecomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) para resarcir las garantías de decenas de miles de ciudadanos afectados por la contaminación en la cuenca del río Santiago, bañada durante más de cuatro décadas por los desechos de Guadalajara, mereció del gobernador Emilio González Márquez un ambiguo respaldo, que se concretará "hasta donde los recursos nos alcancen".

El mandatario fue deliberadamente escueto, opuesto a ofrecer demasiadas precisiones a su declaración, hecha motu proprio antes de comenzar con la conferencia de prensa convocada junto al director de la Comisión Nacional del Agua (CNA), José Luis Luege Tamargo.

"Esta recomendación, como todas, será analizada con atención, con profundidad, y es nuestro deseo y es la disposición del Ejecutivo poder implementar todas aquellas medidas que vengan recomendadas, siempre que tengamos recursos para ello", señaló.

González Márquez acababa de inaugurar el remodelado Laboratorio Estatal de Calidad del Agua, que, además de realizar muestreos y estudios, buscará ser certificado para que sus resultados tengan valor legal. Ante esa circunstancia, anunció: "He instruido para que el primer trabajo de este nuevo laboratorio sea el actualizar la información que se tiene sobre la contaminación del río Santiago […] El examen, el análisis que se hará, en una primera parte será el físico-químico, que es donde existe preocupación por algunos actores sociales por conocer si hay arsénico o no, si hay metales pesados o no".

Aceptó referirse al tema de la indemnización de los afectados por la contaminación en la parte baja de la cuenca de El Ahogado: "Este tema lo tenemos que analizar con detenimiento con la comisión, porque se desdobla otro muy sencillo: ¿quién nos va a indemnizar a los que vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara por la calidad del aire que tenemos? […] Además, en Jalisco teníamos una debilidad: la falta de un laboratorio para contar con mediciones adecuadas del problema, y eso lo hemos resuelto el día de hoy…".

—Gobernador, ¿se va aceptar o no la recomendación?

—Ya lo dije.

Tanto el mandatario como el titular de la CNA descartaron que el arsénico, que presuntamente mató al niño Miguel Ángel López Rocha luego de que cayó al río Santiago, sea un problema de salud pública en la zona. González Márquez apuntó: "Los estudios que se tienen, llevados a cabo por instituciones nacionales, reportan la inexistencia de arsénico en el Santiago…".

Luege Tamargo fue más lejos: "Nosotros llevamos análisis puntuales: yo quiero decirles con toda certeza que los contaminantes de arsénico estaban por abajo de lo que establece la norma, es decir, no había niveles altos de arsénico".

—¿Ni hace un año?

—Ni hace un año, ni ahorita, eso quiero dejarlo muy claro. La contaminación es fundamentalmente orgánica, es decir, de drenajes públicos urbanos; ése es el problema y los proyectos de saneamiento están bien enfocados.

—¿Esto podría descartarla como causa de la muerte del niño Miguel Ángel?

—Con toda conciencia y lamentando este suceso tan terrible, porque siempre la muerte de un joven es algo muy doloroso, sí puedo decir con absoluta seguridad que no es la causa de deceso: que la Comisión Nacional del Agua trabajó con la Secretaría de Salud, con las autoridades estatales, y que no se encontraron niveles de arsénico altos en las aguas residuales del Santiago y que, por lo tanto, no pudo haber sido ésa la causa […].

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Para cumplir, dinero: SIAPA El director del SIAPA, Rodolfo Ocampo, aseguró ayer que, si no se le entregan 19 mil millones de pesos, no hay recursos en el organismo operador que encabeza para atender lo que le plantea la macrorrecomendación que emitió hace dos días el ombudsman de Jalisco: "Yo le digo que con todo gusto atendemos las recomendaciones, si junto con la recomendación, que no me ha llegado, nos hace llegar un cheque por los 19 mil millones de pesos que requerimos", señaló irónico.

El planteamiento de la CEDHJ exige que se hagan trabajos de renovación integral de la infraestructura hidráulica de la zona metropolitana, es decir, el cambio completo de las redes de agua y alcantarillado en las zonas más viejas, la reparación de fugas, el abastecimiento total del recurso a los ciudadanos y un esquema sanitario que evite el riesgo de enfermedades por contaminación. (Guadalajara. Público)

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CLAVES

La tarea pendiente La CEDHJ hizo 27 recomendaciones al gobernador Emilio González Márquez, entre ellas, que gire instrucciones para:

Ejecutar políticas públicas de gestión ambiental integral y sustentable con reglas claras, la aplicación de las mejores prácticas ambientales y tecnologías disponibles, con énfasis en la captación de agua de lluvia, su tratamiento y reutilización, la protección de fuentes pequeñas de agua limpia que existen en la ciudad, zonas de recarga y agua subterránea, aunado a la supresión de fugas en la red de distribución y la promoción de una nueva cultura del agua.

Construir y poner en operación inmediata las plantas necesarias para tratar el líquido que fluye hacia el río Santiago.

Llevar a cabo auditorías y supervisiones a todas las obras relacionadas con el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico.

Iniciar los trámites para que el Ejecutivo federal declare zona de restauración ecológica los municipios de El Salto y Juanacatlán, así como los procedimientos tendentes a clausurar temporalmente o de manera definitiva, e imponga sanciones a las industrias cuyos desechos no estén debidamente tratados.

Hacer un inventario de industrias establecidas en la cuenca El Ahogado y el alto Santiago, así como de fraccionamientos, propietarios y habitantes que vierten desechos.

Destinar recursos económicos suficientes para otorgar incentivos fiscales a los particulares que fomenten el desarrollo sustentable.

Poner en operación un sistema de monitoreo de cantidad y calidad en todas las fuentes, descargas, almacenamiento y reutilización de agua en el estado que permita una adecuada protección y aprovechamiento. de las aguas superficiales, subterráneas y sus recargas, así como un sistema de prevención y control de pandemias que incluya el monitoreo permanente de toxicidad ambiental de naturaleza química, física y biológica contenida en aguas, aire, suelos, flora y fauna.

Adoptar un sistema local de monitoreo de la contaminación del aire originada por el río y que diariamente informe a los habitantes y les advierta sobre niveles peligrosos.

Instalar un sistema de observación, aforo y análisis del agua que se utiliza en la zona conurbada de Guadalajara e informe los resultados a la población.

Destinar el próximo año una partida presupuestaria suficiente para la integración del Fondo Estatal de Protección al Ambiente.

Realizar estudios que permitan identificar a la población que ya presenta signos de posibles afecciones a su salud, así como a los grupos de mayor riesgo.

Analizar todos los cultivos y suelos que son regados con aguas del alto Santiago y del canal El Ahogado para garantizar el derecho al trabajo de los agricultores en un entorno saludable, así como el derecho a la alimentación y la salud de las personas que los consumen.

Reubicar, de manera consensuada, todas las escuelas que se localizan en las inmediaciones del lugar conocido como El Salto de Juanacatlán, a un sitio donde la contaminación no les afecte.

Reparar los daños a las víctimas por la pérdida o deterioro de sus bienes muebles e inmuebles, su salud, educación, trabajo, actividades laborales, culturales y turísticas

Fuente: CEDHJ. La recomendación completa, en www.cedhj.org.mx

La Conafor admite pifia en sus cifras

Fue un "error humano"; la superficie reforestada sí es menor. Se exageró en el informe presidencial en 1,400% la superficie de plantaciones comerciales de 2007

Reforestación. Las plantaciones comerciales fueron la categoría con errores de registro en el Informe. Foto: Público

Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Sí hubo "cuentas chinas", pero sin dolo, aseguró ayer la Comisión Nacional Forestal (Conafor), luego de reconocer que las cifras publicadas en el II Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, relativas a plantaciones forestales comerciales, están equivocadas, e inflan en 1,400 por ciento los resultados en la materia, y en más de 20 por ciento los correspondientes a la superficie reforestada total de 2007, como lo señaló Público en su edición del 26 de enero pasado.

Parte de la confusión, explica la dependencia, nació de ofrecer dos cifras diferentes: la de hectáreas correspondientes a proyectos que buscaron el apoyo (155,938 ha), y la de los proyectos efectivamente apoyados (131,161 ha), pero, sobre todo, deriva de no aclarar que, en ese momento, la superficie establecida apenas rebasaba diez mil ha.

El error está reforzado con la leyenda que acompaña los gráficos generados para el efecto: "La superficie reforestada con fines de plantaciones forestales comerciales son las hectáreas plantadas, verificadas y pagadas", advierte el informe en un cuadro de la página 398.

El texto presidencial vuelve a confirmar los datos erróneos cuando se dan las cifras totales de superficie reforestada del país (la suma de la reforestación "para conservación", que es el programa más grande, que cubrió 424.4 mil ha, y las plantaciones comerciales, 155.6 mil ha): "En 2007 se reforestaron alrededor de 580.4 miles de hectáreas, de las cuales 73 por ciento, es decir 424.4 miles de hectáreas, fueron con fines de conservación…". Es decir, queda claro que la diferencia entre las dos cifras, que asciende a 155.6 mil ha, son las plantaciones comerciales, 1,400 por ciento arriba de la cifra real.

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Elvira Quesada, reiteró ese error en un discurso en la Expo Forestal el 4 de septiembre de 2008, en Guadalajara: "En el año 2007 estas plantaciones cubrieron una superficie de casi 156 mil hectáreas, y en 2008 tenemos un registro de 77 mil hectáreas más…".

La corrección de datos llegó ayer. El texto enviado a este diario destaca: "La cifra mencionada en la tabla de página 398 del Segundo Informe de Gobierno (155,938 ha) es producto de un lamentable error al proporcionar la información. Esa cifra corresponde a las hectáreas totales que arrojaba el consolidado de las solicitudes recibidas originalmente, antes de ser calificadas. Una vez hecha la calificación, la cifra real es de de 131,161 ha. La prueba de que se trata de un error humano y no de mala fe al informar es que la cifra correcta aparece en la tabla de la página 400. Cabe aclarar otra imprecisión: el asterisco que afirma que las hectáreas verificadas equivalen al número total del área asignada a plantaciones forestales comerciales no corresponde a esa categoría. Sólo al concluirse el proceso se puede calificar una hectárea como verificada. Esto, lógicamente, excluye la posibilidad de que el área total asignada haya sido verificada todavía, ya que sus procesos no han concluido".

El 10 de noviembre de 2008, la Conafor informó a un ciudadano que se habían consolidado 10,871 hectáreas de plantaciones apoyadas en 2007. Ayer, el texto aclaratorio enviado a este diario actualiza la cifra: "La superficie verificada hasta el momento es de 18,297 ha".

Es normal. Los que acceden a estos apoyos tienen dos años para cumplir y, además, el nivel de cumplimiento en los últimos años no ha rebasado 30 por ciento.

La norma vigente para el programa de plantaciones indica que el dinero se deposita en el Fondo Forestal Mexicano, "los recursos se entregan a los beneficiarios contra la presentación de informes de verificación y la sobrevivencia obtenida de las plantaciones o, en su caso, se pueden adelantar los subsidios mediante la entrega de una fianza que se libera cuando se realiza la verificación señalada", añade el texto aclaratorio.

Si no se cumple con la meta de dos años, "los beneficiarios pueden solicitar una prórroga de nueve meses adicionales". Ayer había en curso 465 solicitudes de prórroga.

Abren proceso en contra de juez del caso Las Joyas

El secretario de Gobierno del estado cree que hubo complicidad. El juez podría ser inhabilitado

Guadalajara. Rubén Martín. PÚBLICO-MILENIO

La actuación del juez José Guadalupe Lomelí González, quien emitió una resolución que entregó a particulares el predio de Las Joyas, de propiedad estatal, es una conducta grave que podría llegar a la suspensión definitiva.

Así lo anticipó el presidente del Poder Judicial del estado, Celso Rodríguez González, al confirmar que el pleno de la Judicatura estatal decidió iniciar un procedimiento en contra del juez segundo de lo Civil en Autlán, cuya decisión afectó 2,700 hectáreas de predios ejidales y estatales que entregó a particulares. En una parte de estos terrenos está asentada la estación científica de Las Joyas, que es propiedad del gobierno del estado y que está en posesión de la Universidad de Guadalajara.

Interrogado sobre la investigación en contra del juez Lomelí González, Celso Rodríguez dijo que "la ley nos faculta a separar del cargo, cuando haya una falta aparentemente grave, y en este caso así era, y entonces le vamos a seguir procedimiento a efecto de continuar la investigación del juez".

El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado explicó que, además de una queja interpuesta por una de las partes afectadas (la Universidad de Guadalajara), los integrantes del Consejo de la Judicatura tomaron en cuenta las publicaciones en medios donde se expusieron las conductas indebidas del juzgador. "Hay publicaciones y hay queja escrita y también eso nos obligó a tomar la decisión a la que llegamos todos los consejeros".

Sobre las sanciones que podrían imponerse a este juez, el magistrado Celso Rodríguez detalló: "Tenemos sanciones que nos establece la ley, que son la llamada de atención en privado, en público, separación por determinado tiempo de sus funciones y, cuando la falta lo amerita, la suspensión definitiva". Ya antes había señalado que en este caso se trata de una falta grave.

Celso Rodríguez no se animó a opinar qué influyó en la conducta del juez Lomelí González: si la presión de una de las partes interesadas o incluso la corrupción: "No podemos hablar todavía de elementos que serán motivos de analizar en la resolución final del procedimiento. Consideramos de entrada que la falta es grave y, aun cuando pudiera darse o no, la suspensión es sana a efecto de llevar a cabo el procedimiento".

A pesar de la separación del juez que falló esta resolución, el procedimiento sigue su curso. El presidente del Poder Judicial explicó que "sigue el procedimiento normal: si una decisión de un juez es apelada, se admite y tendrá que venir a apelación con los jueces de segundo instancia, y sí podría ser modificada, revocada o confirmada".

Por su parte el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, se complació de la decisión del Consejo de la Judicatura, pues confirma que "hubo irregularidades graves, gravísimas, y no tenemos duda de que la sentencia tendrá que concluir con la anulación de la misma". Según el funcionario estatal, más que un error del juez, hay complicidad.

La UdeG aplaude la decisión Como una decisión acertada y hecha a tiempo calificó el rector general sustituto de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Marco Antonio Cortés Guardado, la determinación del Consejo de la Judicatura de cesar al juez segundo de lo civil de Autlán de Navarro, José Guadalupe Lomelí González, quien emitió un resolución con la que se despojó del predio Las Joyas a la UdeG y al gobierno del estado: "Si las irregularidades fueron por razones de incompetencia, se justifica la decisión del Consejo de la Judicatura; si fue por otras razones, si hubo dolo, pues con más razón […] Yo creo que fue una muy buena medida, fue a tiempo, antes de que esa determinación tuviera efectos quizás irreversibles. Se protegió no solamente un espacio importante para la Universidad, sino un patrimonio ecológico de Jalisco". (Guadalajara. Natalia Barragán)

La contaminación del Santiago ameritó una macrorrecomendación

Son 172 puntos; se recomienda la reparación del daño a quienes perdieron patrimonio y salud, con el gobierno de Jalisco como principal destinatario; además de la CEA, el SIAPA y varios ayuntamientos, pero también hay exhortos a actuar a otros sectores sociales.

La contaminación del río Santiago es evidente para cualquier vecino y visitante, pero prácticamente todas las autoridades que deberían atender el problema han evadido el tema. Foto: Humberto Muñiz

Guadalajara. Maricarmen Rello. PÚBLICO-MILENIO

Tras acreditar plenamente perjuicios graves a la salud y calidad de vida de los habitantes en los márgenes río Santiago, a causa de la contaminación del afluente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) giró una macrorrecomendación al gobernador Emilio González Márquez, a catorce presidentes municipales y a diversos funcionarios públicos, a quienes exhortó a iniciar a la brevedad acciones para revertir los daños e incluso pagar la reparación de lo ocasionado.

Se trata de una recomendación sin precedente en la historia de la entidad y del país: un documento con 172 puntos recomendatorios que, entre otros, prevé la creación de un patronato para la atención de las víctimas del daño ambiental, de una agencia interdisciplinaria y de un fideicomiso para financiar la reparación del daño, estudios específicos y auditorías a los manifiestos de impacto ambiental.

Asimismo, contiene propuestas en materia de reformas legales y prevé la creación de una norma estatal de medio ambiente y acciones que incumben a toda la cuenca de El Ahogado, pues, se argumenta, se requiere de una "visión integral" ante la grave contaminación del río Santiago (ver anexo).

Durante la presentación de esta recomendación, primera del año, el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, sostuvo que, luego de analizar 94 evidencias recabadas e informes rendidos por las autoridades, se comprobó la violación a doce derechos humanos: a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; al agua; a la salud; a la alimentación; al patrimonio; al desarrollo; a legalidad; a la seguridad social; al trabajo; a la vivienda digna, a la democracia y a los derechos de niñas y niños.

A pregunta expresa, indicó que todos los conceptos de violación son graves y, por tanto "todo es muy urgente y muy necesario" de resolverse. Explicó que se considera al gobierno del estado "como el principal responsable, al que se dirige la mayor parte de la recomendación, para que gire instrucciones a las dependencias competentes y se atiendan todos estos puntos recomendatorios".

Tras el titular del Ejecutivo, también dirige recomendaciones expresas a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), y a los ayuntamientos de Arandas, Atotonilco, Tototlán, Ocotlán, Poncitlán, Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán, El Salto, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Guadalajara.

La llamada macrorrecomendación del río Santiago consta de 275 páginas, con cuatro grandes capítulos y varios apartados. En uno de ellos destaca la creación de un patronato.

Al respecto, Alfonso Hernández Barrón, titular de la Tercera Visitaduría General (la instancia a cargo de la integración de la queja), explicó que entre los 172 puntos recomendatorios se encuentran los mecanismos para la reparación del daño. "De hecho hay un capítulo especial, de la propuesta para la creación de un patronato, de hacer los estudios específicos para cada caso y determinar los montos a que tengan derecho las personas que han sido afectadas en su patrimonio, en su salud, en sus bienes en general", dijo, tras acotar que hay otros apartados, basados en los principios fundamentales del derecho, "de tal modo que es un documento muy sólido".

Las autoridades tienen diez días naturales para responder si aceptan las recomendaciones.

Ésta, la recomendación 1/09, aborda la corresponsabilidad de otros actores, por lo que, "de manera respetuosa", la CEDHJ también emite exhortos (que no recomendaciones) a la distintos sectores de la sociedad, universidades, académicos y empresarios, algo que fue elogiado por los representantes de organismos de la sociedad civil que interpusieron el escrito de queja en mayo de 2007: el Instituto de Valores Integrales y Desarrollo Ambiental (VIDA) y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), bajo el folio 986/07/III. A ésta, posteriormente se acumularon 127 quejas, la última en 2008: 7286/08/III.

"Considero que hemos hecho un buen trabajo", concluyó Álvarez Cibrián, pese a que la queja tardó en resolverse más de lo que el propio ombudsman estimó. De cualquier modo, la CEDHJ emitió un Informe Especial sobre la contaminación del río Santiago (febrero 13 de 2008) y, a lo largo de su indagatoria, dictó varias medidas cautelares, la mayoría de ellas no aceptadas.

Aun con estos antecedentes, el ombudsman dijo confiar: "Ojalá que se empiecen a ver resultados, que se empiecen a ver acciones y que esto sea la oportunidad histórica que tenga sociedad y gobierno para revertir este gran daño que se le ha generado a nuestras aguas, a nuestro río Santiago". Y agregó: "La esencia de nuestras recomendaciones no es entrar a un debate, ni a una discusión, ni mucho menos a un litigio; estas recomendaciones son para aceptarse, son para cumplirse. Nosotros esperamos entonces que esta oportunidad… sea aprovechada por nuestras autoridades".

Para el Instituto VIDA y el Imdec, en cambio, la macrorrecomendación abre la puerta para fomentar otros "mecanismos de justiciabilidad" y para exigir, como sociedad civil, que se frene la contaminación del río Santiago y el daño a mujeres, hombres y niños que aspiran la pestilencia y tóxicos emanados de sus aguas.

Industriales admiten responsabilidad compartida Para la Asociación de Industriales de El Salto (AISAC), la macrorrecomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) en torno a la contaminación del río Santiago es "puntualísima" y "era necesaria", porque termina con la satanización que se había hecho del sector industrial como único responsable de los contaminantes, manifestó el presidente de ese organismo, Jesús Lara Herrera.

El representante de las alrededor de 60 empresas instaladas en el corredor de El Salto reiteró que la industria no es la única generadora de contaminantes al río y atribuyó a los desechos domésticos y de talleres clandestinos la principal responsabilidad.

"En el caso concreto del río Santiago, [las aguas industriales] son una contribución discreta, comparada con el volumen gigantesco de aguas domésticas que, en el caso de una ciudad como la nuestra, no sólo llevan desechos domésticos, sino de pequeños talleres e incluso de industrias clandestinas que descargan sus aguas en las aguas municipales".

Tras la recomendación, "ahora falta que todos asumamos nuestra responsabilidad, autoridades municipales, el gobierno del estado y el resto de los actores, uno de los cuales somos nosotros", añadió.

Según el industrial, las empresas del corredor tienen 40 plantas de tratamiento de aguas y este año invertirán "varios cientos de miles de pesos" . En cambio, denunció, hay ayuntamientos que no tratan sus aguas. Admitió que "otro montón" de industrias no socias de AISAC descargan sus aguas al Santiago, pero dijo desconocer los detalles. (Guadalajara. Patricia Romo Sahagún)

Puntos destacados de la macrorrecomendación 1/09 Al gobernador Emilio González Márquez, que gire instrucciones para: Solicitar a la Secretaría de Gobernación la emisión de una declaratoria de emergencia en los municipios de El Salto y Juanacatlán, para la utilización del fondo revolvente.

Iniciar los trámites para que el Ejecutivo federal declare zona de restauración ecológica los municipios de El Salto y Juanacatlán.

Ejecutar un sistema de captación de aguas de lluvia y la protección de fuentes pequeñas de agua limpia en la ciudad.

Elaborar el capítulo ambiental del Plan Estatal de Desarrollo, con proyección a 50 años.

Proponer una reforma para dotar a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente de autonomía, personalidad y patrimonio propio.

Crear una agencia para el desarrollo interdisciplinario, de participación ciudadana, de carácter autónomo, con patrimonio y personalidad jurídica propios, facultada para sancionar y tomar las medidas preventivas, que vigile los procesos de tratamiento de todas las industrias establecidas en la cuenca El Ahogado y el alto Santiago.

Adoptar un sistema local de monitoreo de la contaminación del aire originada por el río, que diariamente informe a los habitantes.

Reubicar, de manera consensuada, todas las escuelas que se localizan en las inmediaciones del lugar conocido como El Salto de Juanacatlán.

Reparar los daños a las víctimas por la pérdida o deterioro de sus bienes muebles e inmuebles, su salud, educación, trabajo, actividades laborales, culturales y turísticas.

Realizar estudios ambientales, epidemiológicos y psicológicos a los vecinos de las poblaciones de El Salto y Juanacatlán.

Ofrecer en la infraestructura de salud en estos municipios, servicios gratuitos en oncología, dermatología, vías respiratorias, gastroenterología y oftalmología.

A los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Chapala, Poncitlán, Ocotlán, Tototlán, Atotonilco el Alto y Arandas: Iniciar los procedimientos administrativos tendientes a la revocación de licencias, permisos de construcción y constancias de habitabilidad, que pretendan ubicarse en las márgenes del río Santiago.

Destinar los recursos económicos necesarios para valorar la afectación que la contaminación del río ha provocado a los habitantes de su municipio, para determinar monto e indemnización del daño.

Exhortaciones

A los senadores y diputados federales por Jalisco y al Congreso del Estado se les pide:

Gestionen y asignen recursos económicos para atender la contaminación del río Santiago a su paso por los municipios de El Salto y Juanacatlán.

Normen de manera explícita la emisión de gases a la atmósfera y olores pestilentes.

Exhorten a la Procuraduría General de la República para que las averiguaciones previas que se integran por la contaminación del río Santiago, impongan sanciones ejemplares a quienes han dañado la salud y el ecosistema en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico.

Convoquen a la integración de consejos de subcuenca

Prevean la obligación de las empresas y particulares de garantizar la reparación del daño cuando ocasionen perjuicios en suelos y aguas del río Santiago.

Al Poder Judicial del Estado

Promueva la creación de un tribunal de justicia especializado en asuntos ambientales.

A las distintas expresiones de la sociedad civil organizada:

Fortalezcan la organización colectiva, definan estrategias y jerarquicen acciones para compartir el interés en los temas ambientales.

A las cámaras industriales y grupos empresariales del estado:

Elaboren un informe que explique sus procesos productivos y su interacción con el medio ambiente . Que los grupos empresariales asentados en la zona ratifiquen su convicción de protección a los derechos humanos y al ambiente.

Cesan a juez civil por despojo de Las Joyas

El Consejo de la Judicatura encontró graves anomalías en el juicio de prescripción que otorgó el predio a particulares; la UdeG se congratula; acelerará amparo para echar abajo sentencia en segunda instancia

Investigadores en la estación científica Las Joyas de la UdeG. Desde ayer, la zona es resguardada por patrullas para prevenir cualquier incidente. Foto: Marco A. Vargas

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco determinó cesar el pasado 23 de enero al juez segundo de lo civil de Autlán de Navarro, José Guadalupe Lomelí González, al demostrarse las anomalías en que incurrió en el juicio de usucapión (prescripción positiva) 749/2006, que tuvo por efecto despojar, en primera instancia, del predio Las Joyas al gobierno de Jalisco y a la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Tal determinación fue dada a conocer ayer por el consejero Enrique Villanueva Gómez, quien fue entrevistado luego de anunciar su desvinculación temporal del órgano regulador del Poder Judicial de Jalisco, pues contenderá por la candidatura priista a la alcaldía de Zapopan.

En el asunto de Las Joyas, el funcionario refirió que todo derivó de una queja interpuesta por un representante de la UdeG, lo que motivó a citar al juzgador a comparecer ante sus superiores, y de ahí se acordó la remoción de su cargo, pues se encontraron graves anomalías en el proceso.

Las más notables: que una muerta notificara al demandado, que la personalidad de éste fuera dudosa, así como la de un testigo; que jamás se emplazara al propietario "público y notorio", el gobierno estatal, ni al posesionario, la UdeG, que mantiene en operación desde hace casi 25 años el laboratorio científico de Las Joyas, corazón de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. Lo peor: que el sustento fuera una escritura cancelada desde 1988 (Público, 23 de enero de 2009).

"Él indebidamente otorgó la posesión a través de un juicio de prescripción positiva […] la resolución no fue atinada, no se apegó a la legalidad", añadió escuetamente el consejero.

Por su parte, el rector del Centro Universitario de la Costa Sur de la UdeG, Enrique Solórzano Carrillo, mostró beneplácito con la rápida acción de la judicatura.

"Sabemos que en la semana anterior se le pidió al juez comparecer y llevar los expedientes correspondientes. Esta semana nos enteramos que fue separado del cargo, y esto nos confirma las anomalías que detectamos, entre las que sobresalía que una persona fallecida fuera actor clave en el proceso cinco años después de muerta, así como el cambio de género de un testigo y no notificar a las partes", explicó en entrevista telefónica.

Solórzano Carrillo destacó que independientemente de ese resultado, se debe seguir la impugnación legal hasta echar abajo la sentencia irregular, por lo cual se está trabajando aceleradamente en el amparo que se promoverá con el gobierno del estado para la plena restitución de las propiedades, que además de unas 900 hectáreas del predio público, incluye alrededor de 1,300 hectáreas de la pequeña propiedad Ex Hacienda de Ahuacapán y 400 del ejido Ahuacapán.

"Una vez que nos enteramos tenemos quince días hábiles para hacerlo, y se nos notificó en el Consejo General Universitario; estamos en tiempo de promover amparo para la nulidad; una cosa es que lo remuevan al juez y otra es que la sentencia no cause hecho, por eso sigue necesitándose el amparo". Por ello, se busca también a los otros propietarios legítimos afectados.

En su opinión, las muy evidentes omisiones del juez "ponen en riesgo la frágil convivencia que hay en el ejido", y desatan "la codicia de promotores en usar la riqueza biológica de esa zona", que es de las más altas de todo el centro-occidente mexicano.

Por ello, consideró necesario permanecer atentos a la actuación de otros responsables, como el juez que admitió la demanda en 2006, Luis Martín Chan Aviña; del propio secretario del juzgado, cuya labor por lo general orienta al juez en turno, y "revisar el caso del abogado que promovió el procedimiento, pues es claro que generó los movimientos fraudulentos". Ayer, ya estaban en Las Joyas tres patrullas de la Dirección Estatal de Seguridad Pública, con seis elementos, para reguardar la zona de cualquier eventual incidente.

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CLAVES

Perlas de un proceso

El juicio de usucapión 749/2006, fue admitido por el juez Luis Martín Chan Aviña y sentenciado por el juez José Guadalupe Lomelí González; entregó a una veintena de propietarios casi todo el predio de Las Joyas (unas 900 hectáreas de las 1,245 totales), así como otras 400 ha de propiedad social (ejido Ahuacapán) y 1,300 ha de privada (ex Hacienda de Ahuacapán)

El supuesto demandado aparece como José Félix Barbarín, pero en el documento fundatorio de la acción se llama "José Félix Morales Barbarín y condueños"

El demandado fue notificado en el domicilio que ocupan dos de los actores de la demanda (rivales), Aurelio López Garibay y Esthela Montaño Panduro, esto es: Aldama número 9, de la localidad de Ahuacapán, en Autlán, un día no precisado del mes de enero de 2007, a las 17:00 horas

El presunto demandado fue supuestamente notificado por la señora Silveria Panduro Aldaco, quien falleció el 6 de noviembre de 2001, seis años y dos meses antes del emplazamiento que ella realizó

La escritura presentada como fundatoria del proceso fue declarada nula, en otro juicio civil ordinario radicado en el Juzgado de Primera Instancia de Ameca, que se ventiló bajo expediente 476/88, promovido por Carlos y José de la Torre Valencia, en contra de los señores Rodolfo Longinos Vázquez y María de la Luz Barreto, en la que se ordenó la cancelación de la inscripción de la escritura pública que es el origen del fundatorio presentada por los actores.

Guadalajara/Agustín del Castillo

G-Bosque pide replantear política forestal en México

Los ajustes son necesarios para cubrir las deficiencias de Pro Árbol, señalan trece ONG; piden reducir "reforestación de relumbrón" y ampliar programas para una agricultura sostenible

Acciones de reforestación. Grupos ciudadanos abogan por un manejo sustentable y comunitario de los bosques. Foto: Felipe Salgado

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

El Grupo Bosque (G-Bosque), integrado por trece organizaciones de la sociedad civil que trabajan en México, pidió ayer al gobierno de la república la modificación de la política forestal, tras las revelaciones públicas de las deficiencias del programa Pro Árbol que opera la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

"Mucho se ha dicho ya sobre los recursos que gasta Proárbol por el simple cumplimiento anual de metas administrativas de siembra de arbolitos y logro de récords que sólo producen relumbrón pero poco contribuyen a la conservación y restauración de los ecosistemas forestales. Esos esfuerzos, además, no contribuyen a reducir el déficit comercial forestal nacional que en 2008 alcanzó 5,288 millones de dólares, y menos aún al bienestar de las comunidades que habitan en las zonas forestales", señala el texto.

G-Bosque está formada por trece ONG: Grupo de Estudios Ambientales (GEA), Estudios Rurales y Asesoría (ERA), Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada (GIRA), Grupo Autónomo de Investigación Ambiental (GAIA), Unión de Comunidades de Productores Zapoteco-Chinanteco (Uzachi), Pronatura Sur; Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunal (Unofoc); Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf); Unión Nacional de Productores de Chicle; Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación y Degradación de los Recursos Naturales (Riod-Mex); Red de Desarrollo Sostenible de México (RDS); Greenpeace México y Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

Este complejo de organizaciones "ha hecho público desde 2005 que la solución a la deforestación, la pobreza de las comunidades en regiones forestales y la crisis de la economía del sector forestal nacional sólo será posible en la medida en que la política forestal tenga como prioridad el desarrollo forestal sustentable, el manejo comunitario de los bosques, el fortalecimiento de la economía local, la reconversión tecnológica y la mejora en las condiciones de competitividad económica del sector".

Sobre ese asunto, el coordinador general de Conservación y Restauración de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Vicente Arriaga Martínez, aseguró a Público que tales condiciones ya las cumple Pro Árbol.

"Creo que eso matices ya lo tenemos, se cree que el Pro Árbol es un programa de reforestación y no es cierto; es también un programa de aprovechamiento forestal, de desarrollo forestal comunitario, de conservación; tenemos ya mas de un millón de hectáreas bajo esquema de pago por servicios ambientales: le pagas a una comunidad o a un particular propietario de un bosque para que lo mantenga en pie…".

Pero G-Bosque subraya que es insuficiente. "Varios cientos de comunidades y ejidos han avanzado en la ordenación y manejo planificado de más de seis millones de hectáreas de bosques y selvas demostrando con ello que es compatible la conservación de los recursos y el desarrollo local. Sin embargo […] aún quedan más de 50 millones de hectáreas que no han sido incorporadas a ningún esquema de manejo ni planificación por lo que están expuestas a los incendios, a la tala ilegal y al cambio de uso de suelo".

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CLAVES

Lo que piden las asociaciones

El Pro Árbol, consideran las asociaciones agrupadas en G-Bosques, se ha desvirtuado en busca de cifras espectaculares, lo que llevó a meter especies no arbóreas en la reforestación sin avisarlo a la opinión pública, por más buenas razones que hubiera en ello (Público, 28 de abril de 2008) y a inflar las cifras de plantaciones forestales comerciales logradas en la realidad hasta en más de 1,200 por ciento (edición de 26 de enero de 2009). Por ello, piden una nueva política forestal basada en cuatro grandes lineamientos:

Uno, fortalecimiento de la gestión comunitaria de los bosques y selvas para desarrollar la producción forestal comunitaria.

Dos, democratización efectiva para la toma de decisiones, para garantizar la gobernanza en la gestión forestal, eliminando la intromisión de diversas mafias burocráticas o de las propias regiones forestales.

Tres, integración de la política de desarrollo rural con la forestal, ante su evidente desconexión con lo agrícola y ganadero, que mantienen más peso en los presupuestos y la política nacional.

Cuatro, información, transparencia y rendición de cuentas que sirvan para corregir a tiempo anomalías.

Guadalajara/Agustín del Castillo