Podrían ser renovados los proyectos hoteleros en Costa Alegre frenados por la presión social
Juan Carlos G. Partida - LA JORNADA JALISCOLa renovación de los proyectos multimillonarios hoteleros en la Costa Alegre, detenidos el año pasado por la presión social y una serie de incumplimientos ambientales, está a punto de darse en breve.
Quienes pujan por terminar entuertos sobre la tenencia de la tierra y permisos ambientales para poder empezar a construir, y el gobierno estatal que considera el “desarrollo” turístico del litoral entre sus políticas estratégicas de acuerdo a un plan en la Dirección de Innovación y Desarrollo que dirige Herbert Taylor, comenzaron un contraataque para lograr sus propósitos.
José María Andrés Villalobos, representante legal de Paz Gortázar de González Gallo, viuda del gobernador jalisciense 1947-1953 –quien se ostenta como dueña de 266 mil metros cuadrados en el divisadero de Tenacatita según consta en la concesión DZF-846/92 otorgada por la Secretaría de Desarrollo Social–, reitera que en esa bahía de ensueño se construirá uno de los complejos turísticos detonadores del desarrollo inmobiliario de gran lujo en la región, una vez que se logre echar a decenas de ejidatarios que desde hace más de 30 años instalaron ahí sus restaurantes playeros de mariscos, lo que inició un largo conflicto legal aún vigente que bien puede señalarse como paradigma de la serie de problemas entre lugareños e inversionistas nacionales y extranjeros atraídos por la belleza natural de la Costa jalisciense, justo lo que buscan los turistas de alto poder económico para vacacionar o tener su chalet junto al mar.
“No estamos discutiendo cuestiones de zona federal, son cuestiones de propiedad, es un terreno, van y se te meten a tu casa algunas gentes, pasan 30 años y no los puedes sacar aunque tengas resoluciones y órdenes judiciales. ¿Qué vas a hacer? Pos los vas a sacar a chingadazos tarde o temprano, pero los vas a sacar”, dice en entrevista el dueño de la Inmobiliaria Rodenas y presidente de Canaco Guadalajara, quien ha intentado comercializar el terreno de los González Gallo, sobre todo con inversionistas extranjeros, sin éxito, debido a la presencia de los palaperos asentados en la zona federal, aunque sí ha logrado enviar a la cárcel a una parte de los que llama invasores.
Andrés Villalobos afirma que eso no es privativo de Tenacatita, sino un problema a lo largo de toda la Costa del estado y que por ello “están detenidos proyectos de millones de dólares”, entre los que cita a Rancho San Andrés, complejo proyectado a unos metros de la zona de protección ambiental Chamela-Cuixmala y sobre playas de desove de tortugas, detenido el año pasado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sermanat).
“(En Tenacatita) le dieron en la madre al estero, construyeron canchas de tenis en el estero, tiran la basura en el estero, le han estado dando en la madre a lo del ambiente, los drenajes de las casas los están tirando directo al estero. ¿Y qué hace la Semarnat? Va cada mes y les saca una pinche lana a cada una de esas gentes. Eso es lo que hacen los inspectores de zona federal y esto lo conoce el secretario de Semarnat; él sabe, porque se lo hemos estado denunciando, tiene conocimiento y va a tener que responder él y el procurador del Medio Ambiente y los directores de cada una de las áreas, sobre todo en zona federal, de todas estas situaciones, porque nosotros ya presentamos una denuncia en contra de ellos”, dice con evidente molestia.
El proyecto conceptual de Inmobiliaria Rodenas contempla tres lotes hoteleros de 17 mil metros cada uno, y el resto “residencias de superlujo”, algo que el propio empresario compara con lo que se ha hecho muy cerca de ahí, en Costa Careyes, con “dos o tres hoteles de buen nivel” y una amplia franja verde de selva baja caducifolia para dar el ambiente agreste tan necesario para atraer visitantes potentados a paraísos privados.
“Ha habido mucha gente que ha tenido proyectos y le ha metido lana, pero a estas alturas lo más seguro es que cuando les hablemos nos van a mandar a la chingada porque no van a creer en el estado ni en México; hay inversionistas… Las compañías de cruceros estaban dispuestas a invertir una cantidad muy importante para utilizarlo como la isla privada. Imagínate lo que hubiera representado para Jalisco el que estuviera ese corredor. Desafortunadamente no se dieron las cosas”, suspira José María Andrés Villalobos, en su oficina, donde el grueso expediente del caso Tenacatita lo tiene siempre a la mano en un cajón de su propio escritorio.
Paraíso para unos cuantos
El interés del gobierno estatal ha sido evidente desde que inició la actual administración; Herbert Taylor Arthur es quien ha estado directamente a cargo de impulsar –todavía sin éxito– la iniciativa de colonizar con hoteles de gran lujo las playas semivírgenes. El 18 de septiembre pasado, el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo Torres, y el gobernador Emilio González Márquez, realizaron un sobrevuelo por toda la Costa Alegre para que el funcionario federal pudiera apreciar a detalle las bellezas naturales.
“Hay una enorme posibilidad de desarrollo en toda esa parte del estado, vamos a ver de qué manera podemos alentar el desarrollo a través de Fonatur (Fondo Nacional de Turismo), de la Secretaría de Turismo (Sectur), de conseguir inversión extranjera y nacional, para tener mayores posibilidades de desarrollo en el estado”, dijo Elizondo Torres, entrevistado al término del acto que reunió a turisteros, alcaldes y funcionarios del gabinete estatal en Casa Jalisco, la tarde de ese mismo día.
Apenas dos meses antes, en julio, la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Martha Ruth del Toro Gaytán, declaró que sólo la parte norte de la Costa de Jalisco es susceptible de aceptar proyectos turísticos de alta densidad, pues de Chamela hacia Melaque el litoral cuenta con amplias zonas de gran fragilidad ecológica y por tanto sería poco recomendable erigir grandes complejos.
En la señalada concesión a favor de los González Gallo se establecieron obligaciones como el pago mensual de los derechos por el uso y aprovechamiento bajo la advertencia de que podría ser revocada en caso de la falta de pago de tres mensualidades.
De acuerdo con la delegación Jalisco de la Semarnat, en respuesta a una solicitud de información en agosto de 2006, con folio 1600125806, hasta ese momento y a pesar de que habían transcurrido ya 13 años del otorgamiento de la concesión, “no obra constancia que acredite que el concesionario haya cubierto el pago de derechos por el otorgamiento de la concesión”, ni tampoco “obra constancia del depósito de la fianza de 10 millones de pesos”, que también era requisito.
A pesar de la falta de pago reconocida por la misma Semarnat, la propia dependencia que supuestamente está a cargo de la preservación del patrimonio natural del país negó en enero de 2002, por conducto de la Dirección General de Zona Federal, Marítimo, Terrestre y Ambientes Costeros, una solicitud de nulidad del título de concesión que promovió uno de los ejidatarios de Tenacatita que poseen terrenos previos al otorgamiento de dicha concesión, según consta en el expediente 53/11075 y 53/25429.
Esa negativa oficial propició que los González Gallo y José María Andrés Villalobos promovieran acciones judiciales en contra de los ejidatarios convertidos en restauranteros, que se sumaron a anteriores intentos de desalojo como el de 1992, cuando se incendiaron varias palapas para ahuyentar a quienes las tenían en la zona conocida como El Rebalsito, dentro del predio en litigio. En el año 2000 hubo un nuevo intento de desalojo de ejidatarios, que resultó infructuoso cuando éstos cerraron la carretera Melaque-Puerto Vallarta en protesta ante las nuevas acciones judiciales.
En diciembre de 2006, en esta historia de políticos y empresarios contra ejidatarios, de nuevo se ejerció acción penal contra estos últimos, de tan sorpresiva forma, que se logró la detención de ocho personas entre las 25 a las que se les dictó orden de aprehensión. De entonces a la fecha algunos ya murieron, otros deben venir a Puente Grande para en los juzgados firmar cada 15 días su libertad condicional.
Cárcel a “delincuentes”
–¿Si ustedes tienen todas las instancias legales a su favor, entonces por qué las autoridades no les han regresado la propiedad?–, se le cuestiona al presidente de Canaco.
–No se animan, porque son corruptos, porque hay dinero de por medio, porque vale madre esto; no hay ningún tipo de seguridad ni garantía. Han estado ahí viendo la fuente de hacer su lana, no hay explicación para que la autoridad que maneja zona federal solape que la gente vaya a construir en las playa; la ley lo prohíbe; no hay concesiones, está concesionada esa zona a una empresa que es la dueña de los terrenos, ellos tienen conocimiento, ya intentaron revocar la concesión que tiene la empresa y las mismas autoridades a nivel administrativo reconocieron que efectivamente no hay ninguna razón para revocarla, que al contrario, tienen que ponernos en posesión de la zona federal que es para preservación y ornato.
–¿Confía después de tantos años que esto se resuelva a su favor finalmente?
–Esto algún día se va a tener que resolver y va a salir mucha gente afectada, que son 35 o 45; pues sí, ellos durante muchos años nos han afectado a nosotros, después que no se digan afectados, más bien son delincuentes.
–¿Estos litigios entre comuneros, ejidatarios, palaperos o pescadores contra inversionistas o desarrolladores turísticos es algo común en la Costa Alegre?
–Tú ve lo que pasó con Melaque y Barra de Navidad; llega la gente y se asienta, les vale madre. Y hay dueños, pero construyen y no pasa absolutamente nada. Nosotros creemos que este país ya cambió o está cambiando, pero ya es hora que se haga algo. Nosotros vamos a seguir insistiendo, hemos estado agotando legalmente todo lo que tenemos, no hemos hecho hasta ahora ningún acto ilegal o que vaya en contra de la ley.
–Tanto ellos como ustedes dicen que tienen la razón legal.
–Todas las autoridades, las más altas autoridades judiciales del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tres veces ha dicho que tenemos la razón; en tres veces los tribunales colegiados han dicho que tenemos la razón; el tribunal más importante del estado ha dicho que tenemos la razón y eso lo ratificó la federación; las autoridades de la PGR consideraron que había elementos para consignar, los jueces federales dictaron orden de aprehensión y estas gentes están sujetas a procesos y les van a dictar sentencias condenatorias y se van a tener que pasar algunos años en la cárcel.
