jueves, 31 de enero de 2008

Beca para Cubrir el Desarrollo Sostenible del Golfo de California

Aplicación:
El Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés) ofrece una beca de US$5.000 para la cobertura de fondo del desarrollo sostenible en la región del Golfo de California.
Pueden postular corresponsales de entidades noticiosas de México, e incluso periodistas independientes que cuenten con el patrocinio de una organización de noticias, que por su parte esté de acuerdo en apoyar el proyecto y distribuir los artículos.
Los postulantes tienen que presentar una propuesta para un proyecto de cobertura a fondo en la región sobre desarrollo sostenible o conservación de la biodiversidad. Las propuestas tienen que especificar lo siguiente: los artículos que se van a producir, cómo se llevaría a cabo la cobertura, un cálculo aproximado de los gastos de comunicación, viaje, hospedaje, menesteres de la profesión, y la agenda de publicación o difusión de los artículos. Un panel de periodistas escogerá las mejores propuestas de acuerdo a la relevancia del artículo y la cobertura de fondo o la investigación que se requieren.
Postulaciones: El participante tiene que presentar una solicitud con sus antecedentes profesionales y dos artículos de fondo de su autoría. El postulante también tiene que presentar una carta firmada por el editor o director, en la que se ratifique el compromiso de la entidad noticiosa de otorgar al corresponsal el tiempo necesario para cumplir con el proyecto en el lapso de dos meses tras comenzar la beca, y publicar o difundir los trabajos en ese transcurso.
Costos: La beca consta de US$3.000 por costos de viaje y otros cargos profesionales, previstos para tres semanas de cobertura. Con el propósito de apoyar a las entidades noticiosas a librar de responsabilidades al becario, el programa reembolsará US$2.000 como parte de su salario, por el tiempo invertido exclusivamente en el proyecto.
Período: La fecha tope de postulación es el 15 de febrero. ICFJ anunciará a los ganadores de la beca en febrero. El becario tendrá acceso a capacitación profesional de acuerdo a su agenda, y también a informes y escritos o grabar los artículos, los cuales se publicarán o difundirán el 15 de junio.
Objetivo: La región del Golfo de California está acondicionada para dar un salto en el desarrollo con turistas, industrias y comercio. Frente a esto, la conservación de los recursos sociales, ecológicos y biológicos de la región tienen suma importancia. El objetivo de la beca es exhortar a los periodistas a cubrir estos temas con mayor complejidad, costo y tiempo. Patrocinado por la Fundación David y Lucile Packard, la beca es parte de un programa que también incluye talleres y concursos por la cobertura.



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Siete humedales de la costa de Jalisco son sitios Ramsar

Los siete sitios aprobados son las lagunas de Navidad, Xola-Paramán y Chalacatepec, así como los esteros de La Manzanilla, Agua Dulce-El Ermitaño, El Chorro y Majahuas, enclavados en los municipios de Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán. Agustín del Castillo - PÚBLICO Este sábado 2 de febrero se entregará de forma oficial la declaratoria de nuevos sitios Ramsar —humedales prioritarios de importancia internacional— a 45 cuerpos de agua mexicanos, de los cuales siete corresponden a la región costera de Jalisco. De este modo, el país contará con 110 sitios, contra 65 que habían sido declarados en años anteriores. En particular, Jalisco eleva a once el número de estos sitios (cuatro declarados en años anteriores) y empata numéricamente con el estado de Baja California Sur, que contará con ocho designaciones, más tres previas. Ambos estados sólo quedan por debajo de Quintana Roo, que cuenta ya con doce sitios Ramsar. Las propuestas para sitios Ramsar de Jalisco fueron elaboradas por el Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, a solicitud de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) de Jalisco. Los siete sitios aprobados son las lagunas de Navidad, Xola-Paramán y Chalacatepec, así como los esteros de La Manzanilla, Agua Dulce-El Ermitaño, El Chorro y Majahuas, enclavados en los municipios de Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán. De los siete, los que padecen más presión humana son la laguna de Navidad, que ha sido parcialmente destruida por dos marinas que allí operan y el avance de desarrollos sobre la propia superficie de manglar, así como el estero de La Manzanilla, cuya cuenca ha sido alterada y afectada por la urbanización desordenada incluso en sus confines inmediatos. La costa de Jalisco posee catorce humedales de gran importancia. Su extensión conjunta es de 3,800 hectáreas de espejo de agua y una cobertura de mangle de 1,700 hectáreas. Habitan al menos 117 especies de aves, doce de ellas en alguna categoría de riesgo de extinción; 23 se reproducen en estos ecosistemas y 84 son migratorias. Además, están asociados a santuarios de tortuga marina y a la reproducción del cocodrilo de río (Crocodylus acutus). Sin embargo, la declaratoria de Ramsar es un compromiso moral que asume el país, y no tiene en sí fuerza legal. Corresponderá a la autoridad considerarlo para ofrecer un manejo adecuado de los ecosistemas (pues deben derivar en programas de manejo) para conservar sus servicios naturales y sociales. - Uno x Uno Recién designados Se ubican en los municipios de Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán • Laguna de Navidad • Estero La Manzanilla • Sistema Agua Dulce-El Ermitaño • Laguna Xola-Paramán • Laguna Chalacatepec • Estero El Chorro • Estero Majahuas

Semades restringirá emisiones contaminantes por diesel

Evelyn Aguila - EL INFORMADOR

Con el objetivo de mejorar la calidad del aire, la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) restringirá las emisiones de vehículos que circulan en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), con la utilización del diesel como combustible.

Así lo anunció Martha Ruth del Toro Gaytán, titular de la dependencia estatal, quien aseguró que la intención es reducir la cantidad de contaminantes que se arrojan a la atmósfera, tales como el óxido de nitrógeno y partículas menores a 10 micras (PM10).

El transporte público y el de carga, son los que en su mayoría utilizan diesel y en mucho menor medida el automóvil particular. La estrategia de la Secretaría estatal de Medio Ambiente para bajar estas emisiones, será a través de la instalación de catalizadores o bien, eficientadores de combustión, como el biodiesel.

"La reducción de contaminantes debe ser efectiva al salir del escape del motor, y esto es a través de catalizadores físicos, a través de eficientadores de la combustión, o del biodiesel, que también debemos ya darle un impulso, ya que en una mezcla a veces de 3% o menos, con esta mezcla tan corta de biodiesel, en ocasiones se logra una reducción de 50% de emisiones", explicó la funcionaria.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren cerca de 800 mil personas por causas asociadas con la contaminación del aire urbano. Además, 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países en desarrollo se pierde por las consecuencias que ésta tiene, primordialmente en gastos del sector salud y en días de trabajo perdidos.

A finales de noviembre de 2007, arrancaron operaciones del primer centro de distribución de combustible ecológico en la ciudad, que actualmente abastece a 60 unidades del organismo de Servicios y Transportes. Ese aditivo, denominado Biofriendly, reduce hasta en 50% las emisiones contaminantes.

Si bien la no precisó la fecha de arranque de estas nuevas medidas, Del Toro Gaytán adelantó que hoy enviará a la Secretaría de Energía la iniciativa de decreto que obligaría a los automovilistas a instalar algún tipo de catalizador.

"Es un esfuerzo que realmente no podemos seguir esperando para implementarlo, y en ese sentido viene la norma, también a tono con la nueva Ley de Bioenergéticos, que si bien es cierto no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, ya se encuentra en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, y sabemos que en las siguientes semanas será publicada. Conocemos ya los términos de la misma y nos estamos adelantando un poco a ellos incluyéndolos en este decreto estatal", subrayó.

Es sano que César Coll devuelva el bono: diputado

Evelyn Aguila - EL INFORMADOR

Como funcionario panista que es César Coll Carabias, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), no debió autoentregarse el bono por más de 61 mil pesos en 2007; por lo cual el coordinador de la bancada del blanquiazul en el Congreso, Jorge Salinas recomendó que lo reembolse, recordando que el funcionario puede ser sancionado por dicha acción por el Comité Estatal del PAN.

El legislador subrayó que todos los militantes de Acción Nacional están obligados a no recibir gratificaciones, lo cual se encuentra establecido en el Decálogo Moral del organismo político.

Salinas Osornio comentó que en el caso de la Ley de los Servidores Públicos y el Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial (CTTVS) puede haber desacatos "y no hay ningún problema", pero el PAN establece sanciones y el primer paso, en el caso de los bonos, es pedir al funcionario que lo recibió que lo devuelva.

Especificó que para que el PAN revise el caso de César Coll, tiene que mediar una denuncia, aunque el Comité Estatal también debe estar atento en este tipo de temas, no obstante es necesario que el CTTVS comience a entrar a la revisión de los OPD's porque hay un vacío en el caso de estos organismos que son autónomo.

"Creo que lo más sano es no haber recibido el bono, sin tener conocimiento pleno de cómo lo recibió, pero es lo más sano de un funcionario público de Acción Nacional".

En septiembre del año pasado el titular de la CEA se otorgó un bono de más de 61 mil pesos, y se aumentó el sueldo de 83 mil pesos a cerca de 120 mil pesos, lo que contraviene la recomendación del CTTVS, pues César Coll tendría que percibir ingresos mensuales por 65 mil pesos.

Gasolinera en Chapalita viola reglamento de Guadalajara

LA JORNADA JALISCO

Mediante la violación de artículos del Reglamento de Zonificación Específica para Estaciones de Servicio o Gasolineras del Municipio de Guadalajara se ha llevado a cabo la construcción de una gasolinera en la avenida Chapalita y avenida Lázaro Cárdenas, afirman vecinos de la Colonia Chapalita, quienes rechazan la obra constatando mediante una carta “las flagrantes violaciones legales en que incurren estos trabajos, que ponen en riesgo nuestras vidas”.

La presencia de un gasoducto señalado con una banderola amarilla que indica peligro y alto riesgo para la ciudadanía, no ha sido óbice para detener la obra, con lo que no se han respetado los términos del reglamento, que en su artículo 17, fracción IV dice que el área de trabajo debe ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 30 metros con respecto a líneas de alta tensión, vías férreas, y ductos que transportan productos derivados del petróleo y el ducto de Lázaro Cárdenas se ubica a menos de 5 metros.

En la fracción V de dicho artículo se menciona “el predio debe ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 100 metros a pozos de extracción de agua o redes primarias para el sistema de abastecimiento de agua potable” y como es conocido, en Chapalita hay un sistema propio de abastecimiento de agua potable y esos pozos y mantos freáticos están en riesgo por la presencia de la gasolinera, afirmaron los vecinos inconformes.

El artículo 11 también es violentado, según los vecinos, pues en la fracción 1 se menciona que “se pueden construir gasolineras en los predios cuyo frente de a vialidades que albergan uso de suelo mixto de nivel distrital y central, así como el uso comercial y de servicios a la industria y al comercio, exceptuando las áreas del corredor urbano donde se concentre el 60 por ciento o más de uso habitacional acotado este en sus extremos por vialidades de la misma o menor jerarquía” y en Chapalita hay cerca del 90 por ciento de zona habitacional, por lo que enviaron una carta a Trinidad Héctor López Sahagún, director de Bomberos, Alfonso Petersen Farah, presidente Municipal de Guadalajara, Alfonso Rejón Cervantes, secretario del Ayuntamiento de Guadalajara y a los regidores de dicho ayuntamiento, solicitando la inmediata clausura de la construcción.

Por denuncia ciudadana, revisaría el Congreso bono de César Coll


Leticia Fonseca - El Informador

El Congreso del Estado podría entrar a revisar el caso del bono que se otorgó el Titular de la Comisión Estatal de Agua (CEA) César Coll Carabias y el aumento a sus ingresos sin atender las recomendaciones del Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial (CTTVS), siempre y cuando exista una denuncia ciudadana.

El presidente de la Comisión de Responsabilidades diputado César Madrigal Díaz, dijo que el titular de la CEA es sujeto a juicio político, pero el órgano legislativo tendría que analizar si éste procede al revisar a detalle en qué situación se otorgó el bono y el incremento salarial.

En 2007, Coll Carabias se otorgó un aumento salarial por más de 36 mil pesos, de manera que su percepción mensual pasó de 83 mil 52 pesos a 119 mil 604 pesos; además se otorgó un bono de 61 mil 115 pesos.

“Para que la Comisión de Responsabilidades pueda actuar es necesario que algún ciudadano interponga algún tipo de denuncia a este respecto, para que la comisión pueda tener competencia para conocer este caso”, mencionó el legislador.

Dijo que desconoce en qué términos se otorgó el bono el titular de la CEA, de manera que sería aventurado emitir un juicio sobre si fue legal que Coll Carabias recibiera el incentivo económico y un incremento salarial.

“Si llegara esta petición por escrito, tengan la certeza que estaríamos tocando con toda la transparencia este tema”, aseguró Madrigal Díaz.

miércoles, 30 de enero de 2008

Litibú, el megaproyecto cuestionado del Fonatur


Terrenos involucrados en los planes del Fonatur, criticados por organizaciones ambientalistas. Foto: Público

Agustín del Castillo - PÚBLICO

Sayulita, Nayarit.-
El campo de golf luce solitario detrás del enmallado, con su pasto terso y bien regado entre los hoyos rodeados por un círculo de arena y coronados por banderines, con gallardas palmeras y un relicto de selva mediana en sus linderos. Al borde del alambrado corre lo que quedó del estero de Litibú, uno más de los expedientes de agravios que tienen los ambientalistas de la región con los ambiciosos planes del Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur) de detonar la Riviera Nayarit.

De hecho, los daños a esteros son comunes en este polígono, uno de los tres que se tienen planteados para el Centro Integralmente Planeado Nayarit: a Litibú le sucederá El Capomo, que ya tiene en fase de dictaminación su estudio de impacto ambiental, y para 2009 se espera sacar adelante el polígono de La Peñita Jaltemba, estos dos, en el municipio de Compostela.

El amplio territorio de Litibú (152 hectáreas) se ubica entre Punta de Mita, al suroeste, e Higuera Blanca, en el municipio de Bahía de Banderas. “Es de destacarse que en un solo día, al salir a la venta los terrenos de Litibú, se realizaron operaciones por 695.2 millones de pesos [26 de junio de 2006]. Al 31 de agosto las ventas ascendieron a 949 millones de pesos, esto es, 92.86 por ciento de los terrenos”, informó el Fonatur en octubre de ese año. Son de destacar los bajos precios de las transacciones: alrededor de 632 pesos por metro cuadrado, en promedio, cuando en el mercado se tasa entre cinco y diez mil pesos el terreno urbanizado en esa zona, según cifras conservadoras.

La Alianza de la Costa Verde, una agrupación que reúne a diversas organizaciones no gubernamentales de la región, ha cuestionado de forma sistemática el proyecto, no sólo por sus propias inconsistencias, sino por su inserción descuidada dentro de una región de naturaleza frágil que puede destruir.

“Nos preocupa muchísimo la forma no coordinada en la que se maneja un proyecto de este tamaño, con tantos impactos [ambientales y sociales]: con cero participación de los afectados. En las propuestas del Fonatur se habla de la necesidad de coordinación y concertación de todos los sectores […] Todo suena bien, pero cuando contactamos a la Fonatur, hace dos años, su respuesta fue lacónica: se puede consultar el proyecto en Internet...”, dijo el 15 de agosto de 2007 Magdalena Barrios, una de las coordinadoras de la alianza.

Todo empezó mal: con una carretera ilegal que desmontó selva y destruyó corredores de fauna, no obstante de carecer de autorizaciones ambientales (Público, 27 de agosto de 2005).

Además, los ecologistas destacan anomalías: se plantean densidades de hasta 60 cuartos por hectárea y seis niveles de construcción, contra un Plan de Desarrollo Urbano que sólo prevé cuatro pisos y 25 cuartos.

El Fonatur se comprometió a mejorar los poblados contiguos. En Higuera Blanca apenas empedró media calle y dejó a medias el centro de salud.

Recuento de omisiones: el proyecto Litibú no establece los impactos acumulativos que se darán en toda la región como resultado de la creación del centro turístico. Se elevaron ilegalmente las densidades, faltan áreas de donación para servicios públicos y espacios verdes, el terreno fue vendido antes de la aprobación del plan parcial, “no existen vialidades colectoras que delimiten los lotes de los condominios y de los hoteles”; tampoco está claro si se respetará el libre acceso al mar que establece la Constitución Política de México. Hay una amplia omisión de estrategias para solucionar problemas como el daño ambiental, el mejoramiento socioeconómico de la localidad de Higuera Blanca (para que puedan capacitarse para encontrar empleos bien remunerados en la zona hotelera), y en general no se cumple la promesa de hacer participar a la comunidad.

No hay tampoco respuestas a los problemas de basura, de seguridad pública, de acceso vial. El Fonatur espera que haya 4,100 habitantes en 2015 y 9,600 en 2025. Sin embargo, tan sólo “la empresa DINE, que maneja la marca Four Seasons, tendrá cinco mil trabajadores en un campamento cerca de La Higuera”. Nada de estas irregularidades impidió a los regidores de Bahía de Banderas aprobar Litibú el 23 de diciembre de 2007. Que al cabo se van en unos meses del cargo.

La SFP investiga anomalías

• La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga anomalías cometidas por el Fonatur en diversas zonas de México. En Litibú, vendido en tiempo récord, se quedaron pendientes de terminar el campo de golf o de instalar la planta de tratamiento de agua potable. El poblado Higuera Blanca no ha recibido obras que se le prometieron y la carretera construida hace menos de dos años luce desperfectos prematuros.

El expediente de la SFP refiere a dos asuntos supuestamente revisados por el Comité Técnico de ese fondo: el Proyecto Mar de Cortés y el Centro Integralmente Planeado (CIP) Litibú.

Entre las anomalías que se investigan está el pago con sobreprecio de diversas obras. Además, jurídicamente no estaba resuelta la constitución de la propiedad en condominio que dio origen a la división en lotes, lo cual puso en riesgo las inversiones de los empresarios involucrados en esta región. Hay que agregar que se procedió a la subdivisión sin tener autorización municipal, y que en algunos puntos de Litibú se fraccionaron ecosistemas protegidos por la Ley Agraria, lo que ameritaría a su vez una investigación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que no se ha realizado.

En la columna Veranda, de Carlos Velázquez, aparecida en Excélsior el 18 de diciembre de 2007, se informa que el propietario original del predio cedió parte de los terrenos a cambio de conservar parte de los mismos ya desarrollados y, “cuando le surgieron dudas sobre el proyecto, quiso dar marcha atrás”.

Al final se llegó a un acuerdo y el Fonatur asegura que la situación de los inversionistas está garantizada. Sin embargo, se sospecha que el fondo pudo haber sufrido un daño patrimonial, que es el objeto de investigación en la SFP, añade el columnista.

Aprueban protección para El Nixticuil

El decreto protegerá 1,591 hectáreas en la región del río Blanco. Sonia Serrano - PÚBLICO La Comisión de Asuntos Hidráulicos del Congreso del Estado se sumó a la aprobación del dictamen que declara como área natural protegida el bosque El Nixticuil, “por causa de utilidad pública e interés social”. Esto permitiría tomar medidas para evitar que la zona boscosa, ubicada en el municipio de Zapopan, siga recortándose ante el crecimiento de la mancha urbana. El dictamen señala que se establecen como área natural protegida, bajo la categoría de manejo de área municipal de protección hidrológica, “las zonas comprendidas en el bosque El Nixticuil, San Esteban y El Diente”. En total, quedarían bajo protección 1,591 hectáreas “que forman parte de la microcuenca del río Blanco”. Con la declaración, que aún tendrá que pasar por el pleno, se restringe el uso del polígono a “la preservación y protección del suelo, las aguas, las bellezas escénicas y en general de los recursos naturales, forestales y de sus cuencas hidrográficas”. También se dejan condiciones en una fracción del predio para actividades como la investigación, recreación, turismo y educación ambiental. Se expresa que en la zona protegida no podrá autorizarse ningún cambio en la utilización del suelo “distinto al que hubiese tenido” antes de la declaratoria. En el decreto se obliga además a las autoridades a un programa de reforestación con especies nativas o con variedades vegetales compatibles con los ecosistemas, y se determina que “sólo se permitirá la remoción del arbolado muerto, plagado o enfermo, a fin de establecer las condiciones propicias para el establecimiento de la regeneración natural o inducida”. El proyecto para declarar zona protegida este bosque surgió desde 1995, pero se había dejado archivado. La polémica resurgió cuando el Ayuntamiento de Zapopan determinó, durante la Administración municipal pasada, construir en una orilla del bosque un conjunto habitacional para reubicar a los afectados por las grietas de Nextipac. La Comisión de Medio Ambiente del Congreso, que también aprobó ya el dictamen, consultó a la secretaría del ramo e hizo un recorrido por la zona.

Quitan los bonos a organismos de Gobierno

Responde el Gobernador el bono que se otorgó César Coll Carabias

Sergio Hernández - MURAL

César Coll Carabias, director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), puede anotar en su currículum haber sido el panista que llevó al Gobierno estatal a quitar definitivamente los bonos que se otorgan los titulares de organismos públicos descentralizados (OPDS).

El bono de 61 mil pesos que Coll cobró en el 2007 y su sueldo significativamente mayor que el señalado por el Comité Técnico de Valoración salarial, presionó al Gobernador, Emilio González Márquez, quien ayer anunció no mas gratificaciones de este tipo para directores de organismos como el DIF, el Code, Sistecozome, Servicios y Transportes, y claro, la Comisión del Agua.

Aun sin que Emilio de la orden, el artículo 46 de la Ley de Servidores Públicos menciona que es causal de responsabilidad administrativa autorizar el pago de bonos, cualquiera que sea su denominación, lo que también se menciona en el artículo 54 bis. A este articulado se le conoce también como ley antibonos.

Así como ayer Emilio metió las manos al fuego por Tomás Coronado, Procurador de Justicia, también lo hizo por César Coll al justificar que se pudo haber otorgado un bono porque en el 2007 él como Gobernador sólo ordenó que no se lo dieran en las secretarías y que en el 2008 se hará extensiva la orden a OPDS.

“Para este segundo año estaremos haciendo extensiva la obligación a los organismos públicos descentralizados y en ese momento ni él (César Coll) ni ninguno recibirán el bono”, dijo el Mandatario.

De acuerdo al artículo 21 de la Ley del Agua de Jalisco, CEA es un organismo descentralizado que se rige en el marco de la Ley de Servidores Públicos.

Pero el Gobernador, contrario a lo que dice la ley, señaló ayer que esta dependencia, y todos los organismos públicos descentralizados, tienen autonomía para decidir respecto a los bonos, lo que contradice el artículo primero de la Ley de Servidores Públicos.

La ley antibonos es para todos, se le indicó a Emilio en entrevista, cuando argumentaba lo contrario.

“No, no estaba para todos”, respondió.

Según lo que ayer argumentaba el Gobernador, son las Juntas de Gobierno de los OPDS donde se decide el sueldo de los funcionarios con el voto de la mayoría, decidiendo si toman en cuenta o no lo que señale el Comité Técnico de Valoración Salarial, lo que también es un señalamiento contrario a la Ley de Servidores Públicos.

Emilio González Márquez preside las juntas de Gobierno de todos los organismos públicos descentralizados, donde es mayoría el voto del Poder Ejecutivo.

Dijo no saber si su representante autorizó el bono y el nuevo sueldo de César Coll, que pasó de 83 mil 52 pesos a 118 mil 604 pesos, cuando el Comité de Valoración Salarial decidió que el director de CEA tenga un sueldo de 65 mil pesos.

Lo que dice la ley

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco

Artículo 1: “La presente ley es de orden público, de observancia general y obligatoria para los titulares y servidores públicos de (…) organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado y de los Municipios…”

Artículo 46

Es causal de responsabilidad administrativa (…) autorizar el pago de bonos anuales o con cualquier otra periodicidad, gratificaciones por fin del encargo u otras percepciones de similar naturaleza, adicionales a la remuneración, cualquiera que sea su denominación. En igual responsabilidad incurre el servidor que reciba este tipo de percepciones.

Gobernador justifica aumento y bono de Coll


El gobernador y César Coll entregaron equipo de desazolve en Ixtlahuacán. Foto: Público

Sonia Serrano - PÚBLICO
El gobernador aceptó que los organismos públicos descentralizados tienen que acatar las recomendaciones del CTTVS. Con el argumento de que el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA) no es miembro de su gabinete sino de un organismo público descentralizado (OPD), el gobernador justificó el que César Coll Carrabias se haya autorizado un aumento de sueldo de más de 40 por ciento y un bono de 61 mil pesos.

En el marco de la entrega de equipos de desazolve para drenaje y alcantarillas en Ixtlahuacán de los Membrillos, donde estuvo presente Coll Carabias y se informó que la meta de la Administración de Emilio González Márquez es que al concluir su sexenio se trate 70 por ciento de las aguas residuales que se producen en Jalisco, contra 17 por ciento actual, se cuestionó al mandatario estatal sobre su promesa de que no habría bonos durante su Administración, a lo que respondió que hay funcionarios que sí tienen bono, “porque esto se toma como una prestación”, pero explicó que su compromiso fue que “un servidor y los integrantes del gabinete no tendrán ningún bono, incluso los directores generales” lo que se cumplió en el Poder Ejecutivo en este primer año, en el que “no fuimos a los OPD, [pero] para este segundo año estaremos haciendo extensiva la obligación a los organismos públicos descentralizados, y en ese momento ni él [César Coll Carabias] ni ninguno recibirán el bono”.

El gobernador encabeza las juntas de gobierno de los OPD y, en su carácter de presidente dijo que este año hará la propuesta para que ninguno de los directores de organismos públicos descentralizados reciban bono, lo que espera sea aprobado, aunque destacó: “En el Ejecutivo yo tomo las decisiones”, mientras que en los OPD existe una junta de gobierno, “que es quien hace cabeza, a quienes yo puedo proponer”,

Al recordársele a Emilio González que el Comité Técnico de Valoración Salarial (CTTVS) estableció un tope de menos de 70 mil pesos para el titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (antes CEAS, hoy CEA), pero Coll comenzó ganando 83 mil pesos y con su autoaumento pasó a percibir casi 120 mil, el gobernador aceptó que los organismos públicos descentralizados tienen que acatar las recomendaciones del CTTVS, pero que para ello se tiene que seguir “un proceso a través de la junta de gobierno, en donde forman parte funcionarios, pero también gente de la sociedad, y con ellos se tiene que procesar la decisión”.


Experiencia en la materia

Esta no es la primera vez que César Coll Carabias se ve involucrado en un tema de bonos. En el último año del gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez, Coll diseñó un esquema de entrega de incentivos de fin de sexenio para funcionarios de primer nivel, que en esa ocasión representaba una erogación de más de 20 millones de pesos. Cuando la información la dio a conocer Público, el gobernador dijo que desconocía el tema y que no iba a recibir el bono. Pero cuando a finales de 2000 la atención se centró en la definición del presupuesto del año siguiente, César Coll, quien fungía como secretario de Administración, aprovechó y sacó adelante su proyecto. Todos los funcionarios de primer nivel de esa Administración, incluido él, recibieron el bono y sólo quedó fuera Alberto Cárdenas.

Hasta 600 mil dólares por hectárea en Riviera Nayarit


Obras en la zona de Litibu, parte del área que interesa a los desarrolladores turísticos. Foto: Marco A. Vargas

En un lugar como Punta Monterrey, donde ahora se plantea un ambicioso desarrollo pese a que afectará un bosque de palmera de coquito Orbygnea cohune, en peligro de extinción.

Agustín del Castillo - PÚBLICO

Lo intentaron, asegura don Rodrigo Peña Ramos, presidente del comisariado ejidal de Sayulita, el núcleo agrario con las playas más codiciadas para desarrollos turísticos e inmobiliarios que le restan al municipio de Bahía de Banderas. Pero nadie quiso otorgar créditos ni asociarse con ellos para hacerlos por sí mismos.

“Claro que nos preocupa lo que va a pasar con muchos ejidatarios que venden sus tierras, y claro que pensábamos que valdría la pena que nosotros mismos hiciéramos esos desarrollos, hacernos empresarios, pero la verdad es que nadie nos presta y nadie ofrece sociedades… por eso se dejó en libertad a los ejidatarios para que cada quien negociara sus tierras sin dar cuentas a la asamblea”.

Los precios varían. Por ejemplo, en la zona de San Pancho, Emerald Coast compró a cien mil dólares la hectárea a ejidatarios que tienen sus tierras en la montaña (aunque la firma se niega dar datos). Pero en un lugar como Punta Monterrey, donde ahora se plantea un ambicioso desarrollo pese a que afectará un bosque de palmera de coquito Orbygnea cohune, en peligro de extinción según la Norma Oficial Mexicana 059-ECOL-2003). Allí, los costos se disparan hasta 600 mil dólares, por tratarse de terrenos contiguos al mar, admite el líder ejidal.

“Procede [Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos] certificó el ejido desde 2000, y entonces, cada ejidatarios hace su propio negocio, y el ejido no interviene porque le permite la autonomía a cada uno; es cierto, también tenemos áreas de uso común que tenemos en proceso de cambio de uso de suelo, pero en general, cada ejidatario es libre de hacer lo que quiera con su parcela, es un acuerdo del 10 de diciembre de 2000”.

Sin embargo, admite que se dan cuenta del fenómeno de ventas porque, después de una operación, acuden a solicitar la traslación de dominio, que, en primera instancia, está eximida de pago de impuestos por tratarse de tierra ejidal, según lo prevé la Ley Agraria. No obstante, esa misma legislación establece que los terrenos forestales como bosque tropical, palmar o manglar no pueden aparcelarse ni subdividirse, y ese fenómeno se está dando abiertamente en toda la Riviera Nayarit.

“De todos modos no tengo datos completos, porque muchos de los que compran son especuladores y no hacen de inmediato desarrollos, sino que guardan las tierras para negociarlas mejor”, añadió. Por oídas se entera que los precios van de cien mil a 600 mil dólares. El ejido tiene 9,666 hectáreas y “arriba de 20 kilómetros de playa”, indica.

“Es cierto, preocupa que el ejidatario quede en la vil ruina, pero también hay muchos que venden y les va bien […] el campo no es negocio, todos aquí vivimos del turismo, y la verdad, no hay ninguna institución [de crédito] que apoye al ejido, con eso de las carteras vencidas; no hay créditos o piden demasiados requisitos, y tampoco hay empresa que se quiera asociar, aunque le aseguro que lo hemos buscado…”.

Peña Ramos admite que fue el primer dirigente que se amparó contra el decreto de reserva de la biosfera Sierra de Vallejo, y dice que no está en contra de protegerla. “La verdad es que violaron el derecho de audiencia de las comunidades, debemos preservar esa belleza natural, pero no se vale que nos metan gol. Nos limitaban casi como una expropiación en cuatro mil hectáreas, y los demás ejidos andaban igual, y por eso se ampararon también”. A fin de cuentas, los amparos retiraron la protección de casi 25 mil ha (Público, 18 de diciembre de 2007).

—¿No cree que esto va a llevar a que se venda y urbanice toda la sierra?

—Es una verdad a medias. Porque si la autoridad federal no da permisos, no pasa nada. Conservarla es su obligación.

lunes, 28 de enero de 2008

Revela estudio de la CEDHJ violación cotidiana de derechos humanos en Cihuatlán y Cuautitlán


Solicitó a la PGR investigar la posible existencia de crímenes de lesa humanidad en la zona

En sus recorridos, ha documentado cateos, allanamientos de morada, homicidios y despojos

Raúl Torres – LA JORNADA JALISCO

En la zona de conflicto entre Jalisco y Colima, que se recrudece en los municipios de Cihuatlán y Cuautitlán, ambos gobiernos permiten la violación diaria de al menos 16 de los derechos fundamentales, según el informe que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) entregó al Congreso local durante su encuentro el jueves pasado con las comisiones de Gobernación, Justicia y Asuntos Indígenas.

Debido a esta situación es que la CEDHJ solicita la intervención de la Procuraduría de General de la República para que haga “una amplia investigación para determinar si hay elementos que acrediten crímenes de lesa humanidad contra los indígenas de Ayotitlán y la cuenca del Marabasco”, las dos comunidades más golpeadas por la situación que hasta ahora no puede resolver el gobierno federal.

El diagnóstico que desde el 2 de agosto de 2007 comenzó a hacer la CEDHJ señala que “no obstante que durante el último año se incrementó la atención a estas comunidades al dotarlas de algunos servicios y obras de infraestructura, la mayoría de los pobladores sufre de manera permanente la vulneración de los siguientes derechos humanos: el derecho a la legalidad, a la libertad, a la igualdad, a la integridad y seguridad personal, a la privacidad, a la propiedad, a la vida, al trato digno, a la educación, a la protección de la salud, al trabajo, a la vivienda, a la paz, al patrimonio común de la humanidad y al desarrollo”.

Entre las situaciones que ha logrado documentar la CEDHJ durante sus recorridos por la zona, se encuentran cateos y allanamientos de morada, homicidios y despojos cuyos procesos no concluyen y generan impunidad, los intimidatorios retenes hechos por policías de diferentes municipios en una misma comunidad, discriminación por parte de las autoridades al no brindar los mismos servicios en todas las zonas, tortura, amenazas y lesiones.

El documento de la Comisión explica que aunque son siete municipios de Jalisco los que colindan con tres localidades de Colima, la zona de conflicto se centra en la frontera donde se ubican Cihuatlán, Manzanillo, Cuautitlán y Minatitlán.

Esta situación no es casual para la CEDHJ, pues en el diagnóstico que ya tienen en sus manos los diputados locales se hace referencia a que “dentro de la zona de conflicto se encuentran diversas áreas ricas en recursos naturales, entre las que destacan parte de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán y cinco kilómetros de playas con altas posibilidades de desarrollo turístico”.

La investigación realizada por la CEDHJ indica que las mayores carencias se encuentran en el municipio de Cuautitlán, al que pertenecen los ejidos de Ayotitlán y Plan de Méndez, además de la comunidad indígena de Chacala; en esta región, Colima y Jalisco se disputan una extensión territorial de 21 mil 686 hectáreas que se encuentran bajo los regímenes de propiedad ejidal y comunal.

Al hacer una comparación entre las comunidades que se encuentran en la zona de conflicto, la CEDHJ determinó que en Cuautitlán los gobiernos de Colima, Jalisco y el propio gobierno federal ejercen discriminación porque ninguno ofrece condiciones de desarrollo similares a las que (aunque escasas) hay en Cihuatlán.

“La discriminación contra las comunidades se hace patente en los acuerdos parciales para la dotación de servicios. Un ejemplo es el reciente acuerdo para que el gobierno federal dote de servicios e infraestructura al poblado de Plan de Méndez, pero deja fuera de sus alcances a otras comunidades como El Platanar, Las Pesadas o El Rebalse”, precisa el documento.

Es en 18 comunidades de Cuautitlán donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos detectó “las situaciones más dolorosas”.

En términos de salud “persiste la falta de infraestructura; los pocos centros de salud no cuentan con las áreas necesarias para brindar un servicio integral; no existe un solo hospital en la zona serrana; debido a las grandes distancias entre las localidades, resulta indispensable la dotación de ambulancias, en estos momentos sólo los pobladores de Telcruz cuentan con un vehículo habilitado para el transporte de enfermos y es proporcionado por los ejidatarios, la Secretaría de Salud incluso ha negado la habilitación de algunos vehículos aportados por el ejido de Ayotitlán con el argumento de que ‘no cumplen los requisitos técnicos’; en la actualidad la gente mueve a sus enfermos a lomo de bestia o en carretilla”, indica el análisis de la CEDHJ.

Este tipo de situaciones se desgranan en decenas y de forma detallada del informe que además aborda las carencias en materia educativa, de infraestructura, desarrollo, seguridad pública y acceso a la justicia.

En este último rubro la Comisión hace hincapié en la imperiosa necesidad de esclarecer los homicidios de Nazario Aldama Villa, Paulino Monroy Cobián (acaecidos el 31 de diciembre de 2004), Concepción Gabino Quiñónez (ocurrido el 20 de marzo de 2006), Raúl Delgado Benavides, Francisco Javier Nogales (ejecutados el 15 de julio de 2006) y Aristeo Flores Rolón (asesinado el 20 de abril de 2007), como condición para frenar la impunidad.

En opinión de la CEDHJ, “no se ha valorado la magnitud del problema y lamentablemente prevalece un clima de enfrentamiento que atenta contra la paz y la integridad física de las personas”, de ahí el llamado de la CEDHJ para que todas las entidades de gobierno involucradas para determinar la solución del problema de límites entre Jalisco y Colima no la aplacen más, pues “mientras los gobiernos se confrontan, la población sufre la carencia de servicios primarios indispensables”, asegura el diagnóstico.

Antonio Serratos Puga (foto), agente municipal de El Platanar, en Cuautitlán, huyó de esa comunidad debido a que el gobierno de Colima giró una orden de aprehensión en su contra “por defender la tierra” que posee de especuladores inmobiliarios e invasores que se dicen legítimos propietarios, denuncia.

Los ejidatarios a los que representa enfrentan un litigio para recuperar la posesión de las 400 hectáreas que, afirma, les fueron arrebatadas Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ


Como los dólares devastan selvas

“San Pancho debe crecer para algún lado”, advierte director de empresa. La Profepa los sancionó, pero desarrolladora niega la tala de árboles.

Faurest Montenegro, el polémico director de Emerald Coast, en sus oficinas. Foto: Marco A. Vargas

Agustín del Castillo - PÚBLICO


La firma Emerald Coast se hizo famosa entre los ambientalistas de Nayarit por dos hechos contradictorios: mientras sus directivos apoyaban las mejoras del pueblo de San Pancho y estrechaban vínculos con las autoridades locales, su maquinaria penetraba el “bosque protegido” ubicado al otro lado de la carretera, abría calles empinadas y ascendía las laderas hasta la cumbre desde la que se atisba el mar.

Estas obras se realizaron sin contar con un solo permiso de impacto ambiental o para cambiar el uso de suelo forestal (que debe emitir la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y sin tener autorizaciones municipales. Sería muchos meses después, a finales de 2007, ya con una multa federal a cuestas, que el Ayuntamiento de Bahía de Banderas aceptaría que la zona dejó de ser “bosque protegido” y emitiría los permisos, con protesta ecologista de por medio.

El 12 de marzo de 2007 se presentó en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una denuncia popular anónima en la que se señala “el desarrollo inmobiliario que surgió súbitamente en el cerro […] una brecha que antecedió a una tala y quema de la zona forestal, misma que fue subdividida, promovida y vendida como lotes con vista al mar…”.

El quejoso, después de hacer un recuento de las omisiones legales, agrega: “la situación de ser, o haber sido antes de la quema, una zona forestal no susceptible a aparcelamiento o subdivisión en una zona prioritaria para la conservación, y que esté siendo urbanizada y vendida muy cara a extranjeros, ha despertado en otros propietarios la intención de seguir esos pasos: deforestar y subdividir para urbanizar la sierra de Vallejo con casas vendidas como ranchitos ecológicos”. Alarmante, dice, pues la Riviera Nayarit trae las tasas de crecimiento urbano más altas del Pacífico mexicano.

El 20 de abril siguiente, se realizó la inspección, “observándose los hechos denunciados, generando acta de inspección con irregularidades al C. Pablo Hernández Virgen, ya que durante la inspección no mostró el permiso y/o autorización correspondientes para los trabajos”, indica un oficio del organismo federal.

Hernández Virgen es el ejidatario que vendió a Emerald Coast ese pedazo de tierra, dicen que a 100 mil dólares por hectárea, cosa que el campesino ni niega ni acepta, pero a quien dude de su nuevo estilo de vida, ya posee una Hummer de más de medio millón de pesos aunque sigue vendiendo cocos en la avenida Tercer Mundo de San Francisco.

Si la Profepa procedió en su contra es porque no se ha realizado la transferencia del terreno del régimen ejidal al de pequeña propiedad. Esto dejó limpia a la empresa de Faurest Montenegro Vázquez [o Vaugham Taylor] y Erik James Loguerquist, pero se debió pagar una multa. Según la versión que dio Montenegro Vázquez a Público, su error fue confiar en terceros.

- Cuestionan muchos ambientalistas el modo en que han obtenido autorizaciones municipales y han logrado retirar la zonificación de “bosque protegido”…

- Qué te puedo decir, yo no estaba en esa junta [del ayuntamiento], el argumento lo he escuchado y básicamente es una equivocación, no está ninguno de los terrenos dentro de lo que es sierra de Vallejo, que es un bosque protegido a nivel federal y a nivel estatal…

- Pero es municipal.

- Yo creo que vieron [en el ayuntamiento] la necesidad de ampliar en San Pancho el crecimiento que se está dando […] habrá quince mil personas, pues en dónde las pones […] aunque lo tenían como bosque protegido, pues ve, en dónde están los árboles, lo tenían muy a uso agricultural [sic], por muchos años, entonces lo tenían que arreglar...

- Pero entonces, si no había bosque, ¿por qué Profepa los sancionó?

- Nomás habíamos puesto accesos o calles, vialidades donde siempre había accesos y vialidades aunque no tenían empedrado, pero sin tener que tumbar un árbol, por equivocación de nuestra parte, y lo reconocemos.

- ¿Entonces no tumbaron árboles?

- Ni un árbol se tumbó.
- ¿Pero en qué consistió la sanción de Profepa si no tumbaron árboles?

- Por entrar sin permiso de cambio de uso de suelo […] hubo una gran falta de comunicación con la empresa [contratada por Emerald Coast] que llevaba a cabo todo esta tramitología y que las sanciones a través de la Profepa van contra ellos.

- ¿La empresa era la responsable de sacar los permisos?

- Así es.

- ¿Cómo se llama la empresa que ustedes contrataron?

- No lo puedo decir, hay sanciones contra ellos por la Profepa y denuncia y demandas por parte nuestra, entonces hasta que salga esto.

- ¿Pero seguirá trabajando con ustedes esa empresa?

- No, por supuesto, están demandados por nuestra parte y los representantes, igual como fraude, con denuncias importantes y fuertes.

El 22 de noviembre de 2007, en sesión del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano Rural, se aprobó apoyar los tres desarrollos en zona de selva que planteaba Emerald Coast, aunque la representante de la Secretaría de Turismo en el área, Georgina Rodríguez Martínez, se levantó de la reunión como protesta, y los ecologistas, abanderados por Erik Saracho, de la Alianza Jaguar, protestaron por el procedimiento fast track.

Haciendo caso omiso de las quejas, los regidores de Bahía de Banderas aprobaron los dictámenes el 21 de diciembre siguiente.

Buscarán pobladores de “Temaca” ampararse contra Presa El Zapotillo

Lo harán antes de que inicien los trabajos de la obra


Evelyn Águila – EL INFORMADOR

Los pobladores de Temacapulín, comunidad del municipio de Cañadas de Obregón, están decididos a ampararse contra la construcción de la Presa El Zapotillo, para no perder sus tierras, ni viviendas.

El delegado de la localidad, Clemente Torres Yáñez, aclaró que hasta el momento no se han defendido por la vía legal, porque aún no inician los trabajos de la obra, pero antes de que eso suceda se ampararán.

“Tendríamos que ver qué tan avanzado está el proyecto para ampararnos, porque es muy desgastante. Si nos amparamos ‘ahorita’ y de aquí a dos o tres años empiezan apenas la construcción de la cortina, ya no tendríamos ningún dinero”.

— ¿Pero de continuar con el proyecto recurrirán al amparo?

—Claro que sí nos ampararemos y a lo mejor lo hacemos en grupo.

Hasta el momento, únicamente una persona de “Temaca” está amparada contra la presa, luego de que en la pasada administración —encabezada por el entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña— se anunciara la realización de este proyecto hidráulico que también dejará bajo el agua las comunidades de Acasico y Palmarejo.

El funcionario reprobó la falta de atención de parte de las autoridades estatales y federales, al no informales lo que pasará con los afectados y la cercanía de la obra: “Todos estamos inconformes, hemos ido a manifestarnos y no nos han escuchado. Estamos en contra del proyecto porque saldremos perjudicados, no estamos en contra de que lo hagan, sabemos que el agua es un líquido que se necesita, pero lo que no queremos es que el pueblo se pierda”.

La Presa El Zapotillo anegará cuatro mil hectáreas, para dotar de agua a 14 localidades alteñas y paralelamente abastecer a la Zona Conurbada de Guadalajara (ZCG) y la ciudad de León, Guanajuato.

“Sabemos que perjudican un pueblo y se benefician dos o tres millones de personas, pero a nosotros nos importa nuestro pueblo. No es que seamos egoístas, pero no se vale que porque se van a beneficiar millones de personas, tengamos que acceder a perderlo”, reprochó Torres Yáñez.

Ante la promesa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de reubicar a los afectados a un nuevo centro poblacional localizado a menos de un kilómetro de Temacapulín, el delegado negó que puedan cumplirlo.

“Prometer no empobrece. El gobierno te va a prometer pero no te va a cumplir, a nosotros qué nos pueden prometer aquí en la parte de La Pastoría, donde ellos pretenden reubicarnos si nosotros conocemos el suelo, lo que es, y sabemos la parte de suelo de aquí abajo (Temacapulín), entonces el irnos a otro lado nos perjudica, no salimos beneficiados en nada”.

— ¿Por qué considera que los perjudicarían al cambiarlos de lugar?

— Por el espacio, la amplitud del terreno. Supongamos, aquí tienes tú casa y tienes dos o tres hectáreas más para trabajar, ahí nos van a dar casa, pero serán más pequeñas y no tendremos espacio para sembrar o engordar ganado: ¿dónde nos van a comprar ese terreno si no hay de la misma calidad? es pura piedra y ladera.

— ¿Está convencido de que a final de cuentas saldrán perdiendo?

— Sí. A final de cuentas saldremos perdiendo y eso no nos lo van a decir. Nosotros lo sabemos, y como te digo, el prometer no empobrece. Ahora nos dicen algo, pero al final será otra cosa. Por eso no vamos a acceder en ningún momento a que el pueblo sea reubicado.

La semana pasada, el director en la región de la Conagua, Antonio Iglesias Benítez, confirmó que la edificación de la presa es inminente, por lo que intensificarán las negociaciones con los indemnizados, que hasta el momento se mantienen en contra de la obra.

domingo, 27 de enero de 2008

Defiende alcalde de Cuautitlán a empresas mineras; traerán desarrollo a la zona, dice

Imagen de la mina de oro y plata en Ayotitlán Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO


Jorge Covarrubias – LA JORNADA

Las empresas mineras que pretenden explotar los yacimientos de cobre, oro y plata que se encuentran en el subsuelo del ejido de Ayotitlán traerán bonanza a sus pobladores, es la opinión del alcalde de Cuautitlán de García de Barragán, Gerardo Palacios Campos, emanado de las filas del Partido Acción Nacional (PAN).

La reciente acción en la que ejidatarios nahuas del territorio en disputa inmovilizaron y se llevaron la maquinaria de una minera para resguardarla junto al templo de esa población, es algo que no debió suceder, considera el primer edil, pues la empresa también tiene “derecho a trabajar”.

“A mí me gustaría que las formas fueran las legales, que hubiera la intervención de la asamblea, en este caso que ésta fuera la que decidiera, que los demás nos acatáramos a esas disposiciones y, sobre todo, que viéramos los beneficios que se van a tener, que también no está por demás señalar que son buenos y que no nada más estamos viendo los perjuicios; si la empresa reúne todos los documentos legales, tiene también derecho de trabajar y ojalá que esos trabajos nos permitan tener un desarrollo del municipio, que es lo que mucha falta nos hace”, indicó.

El jueves pasado, el munícipe sostuvo una reunión en el Congreso local con integrantes de la Comisión de Gobernación, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el representante del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco AC, y Gaudencio Mancilla, presidente de la Asamblea del Consejo de Mayores.

Ahí se acordó establecer una mesa de trabajo en la que participaran autoridades locales y los representantes de ejidatarios. De acuerdo con Palacios Campos, este día se reunirán el Consejo de Mayores de Ayotitlán con las mineras interesadas en explotar los yacimientos, un encuentro que resultará clave en el desarrollo de la región.

Faltan manifiestos de impacto ambiental

Los Juanes, La Gallina y María SA de CV, son las mineras que hasta ahora tienen la concesión para explotar los yacimientos ricos en minerales, y a pesar de que han comenzado con el derribo de árboles y bloqueo de un río para trazar el camino que conducirá hasta la veta, el alcalde admite que no poseen permisos del Ayuntamiento, ni se les ha requerido los estudios de impacto ambiental porque es competencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

–Hay riesgo de una catástrofe ecológica, dicen las comunidades.

–Habría que valorarlo, habría que verlo como viene en el manifiesto de impacto ambiental y no está tampoco de negarlo, si ahí viene que se puede dar, éste será posible, y si no, pues habrá que verlo. Tenemos conocimiento de que en las minas de fierro no se ocupa ningún químico para separación de metales, entonces lo único que sí harán ahí es remover tierra, derribar árboles, y ahí me imagino que en el manifiesto de impacto ambiental vendrán las formas de cómo van a reparar los daños ecológicos.

–¿Usted no les ha requerido los estudios de impacto ambiental?

–Mire, no les hemos requerido, sí me han mostrado los manifiestos de impacto ambiental, la verdad no tengo copia de ellos, pero el ejido tiene todo el expediente, ya que con ellos es con los que están tratando directamente. Ahí hay la parte, igual si la empresa no cumple con lo que se requiere, pues con todo derecho la gente o la asamblea, o las mismas instituciones federales, en este caso Semarnat, negará que inicien los trabajos de explotación de las minas.

En un recorrido que realizó en diciembre del año pasado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHJ), acreditó quejas de las comunidades de Plan de Méndez, La Piedra, Rancho Viejo y Las Mojoneras, debido a que el agua del río Marías está contaminada con los desechos de la minera, como el cianuro, que se utiliza en el proceso de separación de metales.

No obstante la documentación relativa a tragedias ecológicas, el alcalde pone por delante el “desarrollo” de la región, ya que como el mismo dice, “estamos sentados arriba de los minerales, pero la gente no se desarrolla económicamente. Entonces por eso para mí es importante que busquemos esa, pues ahora sí ese equilibrio, y que pueda desarrollar la gente sus capacidades económicas, en su vivienda, en salud, y que pueda reflejarse este tipo de obras en mejoras para toda la sociedad, es lo que queremos”.

Añade que el descontento de las comunidades nahuas proviene del modelo económico que proponen las mineras, proviene de una falta de información, pues ni siquiera la gente sabe cómo va a ser el empleo y cuánto se les va a pagar.

Piden a la Virgen de Los Remedios que Temacapulín no desaparezca


Evelyn Águila – EL INFORMADOR

Temacapulín, Cañadas de Obregón.- Sólo las voces de los cronistas se escuchaban. Los pobladores de “Temaca”, en un silencio casi sepulcral, estaban atentos a los relatos de la vida de esta pequeña localidad, en donde la producción de la tierra se ha venido abajo y donde desde hace años no conocen el ruido de las máquinas para pavimentar aunque sea la entrada principal.

Todos estaban ahí: Viejos con su bastón, mujeres añorando el regreso de sus hijos ausentes, hombres de sombrero y otros más, que entre los relatos no lograron evitar la nostalgia de una comunidad a punto de desaparecer.

En las calles parece que nada pasa. Sólo se escucha el sonido de las campanas de una modesta iglesia en la que todos se enorgullecen de venerar a la Virgen de Los Remedios.

De esta imagen, con apenas 43 centímetros de altura, se desprenden las mejores historias de los cronistas alteños. Virgen peregrina sumergida al fondo de un cañón rodeado por paisajes verdes, aguas termales y productores de chile seco.

Fue aquí, en “Temaca”, donde después de tantos viajes se quedó Nuestra Señora de Los Remedios, en este devoto vecindario, narró el cronista de Jalostotitlán, Ezequiel Hernández Lugo, quien no puede dejar de mencionar que es venerada desde Argentina, hasta la Catedral de Mérida, Yucatán.

“La primera imagen que se veneró en la Nueva Galicia, hoy Jalisco, fue la que Fray Miguel de Bolonia tuvo en San Miguel el Alto. Ahí la veneraron por espacio de tres siglos en una capilla que varias veces se vino abajo y otras tantas fue levantada”.

Pero al ser pequeña, no se quedó en esa parroquia de Los Altos. El 9 de septiembre de 1979, llegó a las “entrañas” de Temacapulín: “La Virgen de Los Remedios que se venera en San Miguel el Alto, a lo largo de su centenar historia, para cubrir los gastos de construcción de su capilla y difundir su devoción en la región, tenía una imagen peregrina.

En uno de sus tantos viajes, se quedó en Temacapulín, donde su vecindario se deshace en manifestaciones de piedad. Aquí se quedó para honra y consuelo”, describe el cronista.

Esto mismo pasó con una Virgen peregrina en Etzatlán, que se quedó en Hostotipaquillo, al igual que en Lagos de Moreno, donde la Señora de los Refugios llegó desde sus viajes de Zacatecas.

Hace tres años se restauró la escultura que carece de pies, tiene ojos de vidrio y manos de madera tallada.

Para los de “Temaca”, esta es la virgen que logrará la salvación de su pueblo ante la advertencia de la construcción de una enorme presa: El Zapotillo, que sepultará la comunidad. Este proyecto reunió ayer al Consejo de Cronistas de Los Altos, que se unieron a la defensa de los lugareños para que no sean despojados de sus tierras.

Así es “Temaca”, un lugar donde la mayoría de sus mujeres se quedó sin esposos y sin hijos varones. Pero eso sí, con la esperanza de que, al menos una vez al año, puedan volver a verlos.

Claves

1 El Consejo de Cronistas de Los Altos se unió a la defensa de los lugareños para que no sean despojados de sus tierras, con el proyecto de la Presa El Zapotillo

2 Ante la postura de autoridades federales y estatales, pobladores piden a la Virgen de Los Remedios que Temacapulín no desaparezca por la Presa El Zapotillo.

3 Con la Presa El Zapotillo quedarán inundadas las poblaciones de “Temaca”, Acasico y Palmarejo.

4 El delegado de Temacapulín, Clemente Parres Yáñez, sin temor alguno asegura que no permitirá la desaparición de la comunidad, aunque esto signifique perder su cargo.

Lamentan CEDHJ y cronistas que frenen análisis de opciones para Presa El Zapotillo


Sugiere planteamiento de otras alternativas, ante la inminente edificación de la infraestructura

Evelyn Águila – EL INFORMADOR

Aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) apoya la realización del proyecto de abasto El Zapotillo, se opone a que los habitantes de la comunidad de Temacapulín, en Cañadas de Obregón, sean despojados por la construcción de la presa, frenándose el análisis de otras opciones.

Así lo aseguró José Mario Ramírez Trejo, visitador Adjunto de la CEDHJ en Lagos de Moreno, durante la reunión sabatina del Consejo de Cronistas Alteños, celebrada en Temacapulín, para exhortar a los gobiernos de Jalisco y federal la apertura de un espacio de diálogo con los afectados y el planteamiento de otras alternativas, ante la inminente edificación de la infraestructura hidráulica que también inundará las localidades de Acasico y Palmarejo.

“Desde aquí hacemos un llamado al gobernador (Emilio González Márquez) para que atienda estos reclamos de la población. No estamos contra el proyecto, estamos en contra de que no se amplíe la visión del Gobierno, que no reciban alternativas, que no se valore a la persona que será afectada”.

Reiteró que la CEDHJ apoya el proyecto del agua, “pero va contra las versiones que se rumoran, porque hasta ahorita las autoridades no se han atrevido a decirlo, de que es un decreto, de que la presa es un hecho. Esto es lo que la comisión combatirá”.

Dijo que el pronunciamiento se basa en que el derecho al desarrollo no significa “que crezcan las ciudades a costa de la desaparición de los pueblos”.

Argumentó que la propia Ley de Aguas Nacionales, establece en su artículo 14 BIS, que cualquier obra que dañe a una comunidad, “deberá tomarse en cuenta primero a los afectados, a los colegios de abogados, a los profesionistas, a los técnicos y a todas las ONG's y organismos civiles que estén interesados en el proyecto”.

Pidió que se convoque a una reunión para escuchar a los indemnizados porque, acentuó, existen otras opciones como el proyecto Loma Larga.

El visitador informó que el pasado viernes se giró un oficio a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que vigile las decisiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al ser la Presa El Zapotillo financiada mayormente con recursos federales.

El diputado local José Luis Íñiguez, quien estuvo presente en la reunión, mostró su rechazo a que el poblado de “Temaca” quede bajo el agua. “No me opongo a la presa, a lo que me opongo es a que se inunde Temaca”.

Los nuevos millonarios de Riviera Nayarit

La especulación inmobiliaria, desatada al norte de la Bahía de Banderas

Los restos de un encallamiento cerca de las instalaciones de la marina de San Blas, al norte de la Riviera Nayarit. Fotos: Marco A. Vargas


Un proceso social y económico con alto costo ambiental se ha desatado en la región, donde las inversiones extranjeras privatizan playas y selvas; los jubilados de Estados Unidos financian esta prosperidad.

Agustín del Castillo - PÚBLICO

Faurest Vaugham Taylor llegó hace cinco años a San Francisco, pueblo superviviente del delirio desarrollista, y ahora sólo pintoresco, entre las ruinas del edén de playas, selvas y manglares que algún día fue la apacible costa sur de Nayarit.

Apenas rebasaba los 30 años; tenía la típica dicción defectuosa del español y ostentaba el físico promedio de los gringos según los prejuicios mexicanos —elevada estatura, piel blanca, cabello castaño claro, ojos azules—. Los lugareños se acostumbraron a verlo en su pequeña bahía con la infaltable tabla de surfing, entusiasta entre el oleaje espumoso, y como guía de turistas extranjeros, cautivado por el sol, el calor y la espesura de este subtrópico.

Hoy, el señor Faurest es tratado con reverencia o recelo por sus perplejos vecinos: se ha transformado en uno de los hombres más ricos e influyentes de la región.

Sólo conserva el nombre de Faurest. Borró el pasado “americano” y se dio orígenes mexicanos, pues asegura haber nacido en el Distrito Federal y, para demostrarlo, luce apellidos muy castizos: Montenegro Vázquez. Su negocio: los complejos inmobiliarios en tierras ejidales, o “comprar tierra barata y vender desarrollos caros”, bajo la firma Emerald Coast (Costa Esmeralda); lo cual ha dado nuevas esperanzas para toda una generación de inversionistas de Estados Unidos que ven derrumbarse su poder adquisitivo ante la crisis inmobiliaria que arrastra su país.

Estos jubilados y pensionados del gigante del norte, nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, y que tienen al menos un millón de dólares de fortuna personal, son llamados baby boomers, y ya dominan hasta 70 por ciento de las transacciones inmobiliarias que se están haciendo en la zona, lanzada al estrellato internacional como destino de sol y playa por el Fonatur (Fondo Nacional de Fomento Turístico) y el gobierno del estado, que preside el priista Ney González. El fenómeno es la clave que explica el auge espectacular de Faurest Montenegro, de su socio Erik James Logerquist y de su empresa.

La premisa de Riviera Nayarit es un “desarrollo sostenido” que se supone respeta los valiosos ecosistemas regionales, pero en los hechos, esta nueva oleada de proyectos ha generado una pérdida de vegetación natural y una mayor presión a animales emblemáticos y en riesgo de extinción, como la guacamaya verde, el ocelote y el jaguar; un proceso de privatización del acceso a playas y humedales, y la disminución de planes ambiciosos de protección por sus servicios ambientales, como la reserva de la biosfera Sierra de Vallejo. Los ambientalistas locales y los que defienden la zona como parte de la cuenca del Mar de Cortés, temen el desastre.

El nuevo millonario de San Pancho —como se conoce y difunde por las agencias estadunidenses la antigua aldea de pescadores—, ha utilizado las relaciones públicas como herramienta de prestigio. Dona obras y dinero para mejorar la imagen urbana del pueblo y estrecha vínculos con las autoridades municipales y estatales, las cuales aprueban sus planes parciales de desarrollo mientras su maquinaria derriba la selva contigua, sin permisos ambientales.

Si se hurga un poco más, debajo de la historia de Faurest Montenegro late también el conocido expediente del fracaso de los ejidos. “Acordamos que cada ejidatario tiene completa libertad de vender y de ponerse de acuerdo con sus compradores sin tener que informar a la asamblea”, advierte el presidente del ejido Sayulita, Rodrigo Peña Ramos.

Sabe que muchos terminarán en la miseria tras el espejismo de montos de dinero que jamás formaron parte de su ideal de felicidad. “Existe el riesgo, pero muchos dicen, si ya me fregué toda la vida, tengo derecho a pasarla bien mis últimos años”, agrega el líder. Así, la costa va quedando de forma gradual, tal vez irreversible, en manos extranjeras.

Pablo Hernández Virgen es uno de esos campesinos sorprendidos por la súbita prosperidad de los dólares. Vendedor de cocos en el ingreso de San Pancho, conserva su machete, su sombrero de palma y su habla rústica, pero enfrente del puesto estaciona orgulloso su magnífica, quizás excesiva, Hummer último modelo, que no mueve más allá de los poblados costeros. Su fuente de recursos: la venta de selva a Emerald Coast, a cien mil dólares por hectárea. El ejidatario confía a sus amigos que gracias a su éxito personal, pronto podrá ser presidente municipal de Bahía de Banderas. Para eso sirve el dinero.

Apertura de camino en medio de un bosque protegido, en las cercanías de San Pancho.

El megaproyecto

Riviera Nayarit abarca el litoral de tres municipios: Bahía de Banderas, Compostela y San Blas. “Existe un gran avance […] para que se convierta no solamente en un destino de moda, sino en el destino principal del Pacífico mexicano”, dijo el pasado 20 de enero el secretario de Turismo de la entidad, Edwin Hernández Quintero.

El funcionario señaló que ya está la proyección de nuevas obras de infraestructura que permitirán detonar el crecimiento, como es la licitación del nuevo sistema carretero y la posibilidad de un aeropuerto que sustituya al de Puerto Vallarta. La demarcación será enfocada al turismo de altos recursos, pues está demostrado que genera más ingresos que el turismo masivo y tiene menores impactos en el entorno natural. También se buscará que la mayor parte de los nuevos empleos los ganen habitantes de la entidad, que se ubica entre los últimos lugares del desarrollo social en el país.

“Los inversionistas que son amigos del concepto Riviera Nayarit están esperando que se establezcan algunas marcas de prestigio mundial que tienen que ver con el concepto de hoteles boutique…”.

A la cabeza de ese proyecto está el Fonatur. El organismo de fomento del gobierno mexicano, al abrir en 2006 a la venta el polígono Litibú (centro integralmente planeado), en esta región, todo el terreno se vendió en tan sólo 24 horas a 244 dólares por metro cuadrado (según datos recopilados por Greenpeace México). El terreno, ubicado entre Punta de Mita y Sayulita, tiene una carretera que fue abierta ilegalmente en 2005, y se le ha destruido de forma parcial un manglar. Este modelo se pretende replicar en el polígono El Capomo, en Compostela, este mismo año, y en el siguiente, en el de La Peñita, en medio de ambas zonas.

Pero Litibú ni siquiera ha sido aprobado por el municipio, presionados por los ecologistas de la Alianza de la Costa Verde. “Lo que más nos preocupa es el aumento indiscriminado de las densidades con hasta 60 cuartos por hectárea y seis niveles de construcción […] no entendemos esta política porque nos parece que contraviene los propios intereses de los desarrolladores; un desarrollo de alta densidad va a atraer un turismo de masas […] vamos a tener todos los excesos contraproducentes de Acapulco, Los Cabos y Cancún”, criticó el 15 de agosto de 2007 la integrante de Mujeres Unidas por Bahía de Banderas, Rocío Martínez.

Con esta excepción, el ayuntamiento del lugar ha tomado por su cuenta la tarea de llevar la premisa del crecimiento al máximo. Y a contrapelo de las acres críticas de ecologistas y líderes sociales, aprobó en sesión extraordinaria de Cabildo, el 21 de diciembre de 2007, los siguientes desarrollos: Bosques de San Pancho, La Joya Vistas y Miramar (los tres propiedad de Emerald Coast); El Ahuatal, Alamar Beach &Views, Riviera Estates, fraccionamiento La Concha, fraccionamiento ecológico Real del Oro y Terralta V; pronto podrían salir autorizados los desarrollos Sayulita Vistas, Paraíso Nuevo Vallarta, Los Encantos y Punta Monterrey. Y el Fonatur presiona para que pase lo propio con Litibú.

Esta enorme presión es esencial para explicar por qué los ejidos de esa municipalidad se ampararon contra el decreto de protección estatal de Sierra de Vallejo. “Simplemente nunca vinieron a las asambleas a preguntarnos si estábamos de acuerdo; y no es que no nos interese conservar, de eso se vive para el turismo, pero no se vale la imposición. Por eso nos amparamos, y luego nos siguieron todos los demás ejidos, y les ganamos”, se ufana el presidente ejidal de Sayulita, Rodrigo Peña Ramos. 25 mil hectáreas de sus 63 mil les fueron “cercenadas” a estas montañas. De este modo, en una selva subcaducifolia única en México, el futuro apunta para fraccionamientos campestres y granjas.

“Es un error, porque las áreas protegidas son las que le dan el plus a las zonas turísticas, el paisaje, los servicios ambientales; me parece que a la larga se pueden arrepentir de esa acción”, puso en relieve el comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, Ernesto Enkerlin Hoeflich.

¿Por qué esta escalada? Todo deriva de la nueva Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano de Nayarit, publicada en septiembre de 2007, en la cual, los particulares adquieren la posibilidad extraordinaria de definir el uso de suelo incluso a contrapelo de las zonificaciones aprobadas por los ayuntamientos.

Esto explica por qué, por ejemplo, los tres desarrollos de Emerald Coast en torno a San Pancho fueron aprobados pese a ubicarse en una zona establecida como “bosque protegido” por el ayuntamiento. El único ayuntamiento que se ha atrevido a retar esta nueva ley que vulnera los derechos municipales es el de San Blas, que interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitida bajo el expediente 81/2007 el 29 de octubre de ese año, en busca de salvar sus aún vastos manglares y playas de la voracidad del nuevo desarrollismo. Otro esfuerzo, para contener los excesos en Bahía de Banderas, deriva de la diputada local Emma Araceli Barba González, quien sacó en el Congreso un punto de acuerdo para auditar la Administración de ese municipio por el que estarían circulando carretadas de dinero. Claro, sus críticos la señalan por tener fines políticos: la legisladora quiere ser la próxima presidenta municipal, aseguran.

El mercado es gigantesco. En todo el país se estima para los siguientes seis años una demanda anual de venta de casas por cinco mil millones de dólares, en parte, por tres millones de baby boomers que llegarían a los distintos destinos de playa de México.

Héctor Regalado Curiel, secretario del ayuntamiento, no da rodeos: Bahía de Banderas espera tener, en 2020, cerca de un millón de habitantes, o sea, la población de ahora multiplicada por diez, esto es, “más que todo el resto del estado”. Esa gigantesca oleada humana deberá afrontar un crecimiento exponencial en infraestructura urbana. “Pero sí podemos, somos uno de los pocos municipios del país que generamos más ingresos propios de los que nos manda el gobierno federal”.

—¿Está consciente que eso es edificar un municipio igual al actual cada año?

—Sin duda, pero eso se puede si lo hacemos con orden y prudencia.

El malecón del poblado nayarita, mejorado con dinero de Emerald Coast.

Fracasos tercermundistas

Un presidente de la república, en los tiempos en que ese cargo poseía voluntad y poder de pretensiones divinas, buscó que la vieja aldea de pescadores se convirtiera en la sede de su proyecto de sociedad más o menos utópica. Así fue que San Francisco salió de la periferia de la historia y se instaló en el discurso oficial, esa extraña forma de verdad de la política mexicana.

¿Qué se buscaba en los años setenta con el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo en esta aldea anónima?

Excélsior, 10 de octubre de 1976. “San Francisco, Nayarit. Una unidad de trabajo auspiciada por la Conasupo y un centro pesquero fueron inaugurados hoy por el presidente Echeverría. Todas las instalaciones son filiales del Instituto de Estudios Económicos del Tercer Mundo […] en esta zona de Bahía de Banderas se localizan los centros de investigación pesquera y las fábricas de diversos productos que estarán al servicio de investigadores y estudiantes de naciones tercermundistas. De aquí partirán los conocimientos y la tecnología que se van adquiriendo, procedente de muchos países, para ser distribuidos entre los 130 países que se consideran del Tercer Mundo…”.

Un texto divulgativo, de autor anónimo, precisa sus alcances, en un estilo tan grandilocuente como burocrático.

“Palapas, muros blancos, tejas, vegetación exuberante, limpieza, fuentes de coral, muebles estilo rústico mexicano, un mar abierto, zonas para desarrollar la agricultura, trabajo en equipo y grandes deseos de aprovechar al máximo las posibilidades que brinda el lugar…”

Y luego, un misterioso agregado que hace posible la “identidad de contrarios” a que rehuía la antigua metafísica. O sea, cantinflesco: “Técnicos y expertos nacionales trabajan ya en la extensión San Francisco, en Nayarit, y están demostrando con sus investigaciones, que es posible aplicar en otros lugares experiencias que resultan benéficas en zonas distantes, pero con similares características de donde fueron aplicadas…”.

En el nuevo testamento de esta comunidad, la Biblia de pintura y cal que exhibe la historia de San Pancho a los visitantes del malecón, cortesía de Emerald Coast, la lectura de los sucesos del periodo de Luis Echeverría es más modesta: “En 1970, el presidente Luis Echeverría trajo al pueblo un progreso de mejoras para sus habitantes, construyendo casas y el hospital general”.

Luego se relatan, debajo de un fresco en el que agricultores trabajan la tierra, la integración de empresas productivas, y más delante, al pie de un acueducto deteriorado, el final de las promesas megalómanas.

“Actualmente, los habitantes de San Pancho, el ayuntamiento de Bahía de Banderas y Emerald Coast unen esfuerzos para mejorar los servicios públicos…”.

Y quién dice que el elogio en boca propia es vituperio. El mural, financiado por la empresa inmobiliaria como parte de su restauración de la zona, remata, con el mismo pobre castellano desplegado en los cuadros precedentes: “Expresamos nuestros más sinceros reconocimientos a […] Faurest Montenegro y Erik James, por la gran labor altruista para realizar esta obra; el pueblo le agradece todo lo que realizan a favor de este maravilloso pueblo…”.

El estero que fluye anexo a San Pancho, también situado por los desarrollos.


El nuevo redentor

“Yo tengo en esta zona desde el 74, aunque nací en el DF”, dice Faurest Montenegro, ciudadano mexicano, con su mirada desconcertada, ante los inesperados cuestionamientos del periodista.

En la página web www.emeraldcoastinvest.com, su perfil biográfico señala que arribó en 1978. En otro perfil anterior, en www.realpropertyfinancial.com/san_pancho_oportunity, se da ese mismo dato pero el nombre del empresario es con el que llegó a San Pancho: Faurest Vaugham Taylor. Se desconoce el monto de su fortuna, pero según los precios de los terrenos, puede manejar márgenes de utilidad superiores a tres millones de dólares por hectárea.

“Ando en San Pancho desde hace como cinco años; en Sayulita, como nueve años; aquí empezó la empresa, hace tres años empezamos, ya en buena forma, y utilizamos terrenos de aquí; tenemos aprobados a nivel estatal y del ayuntamiento del municipio tres desarrollos; nuestra forma de pensar es que era muy importante trabajar con el pueblo, y brindar servicios primero al pueblo, para que se pudiera dar beneficio a los desarrollos, y no como hemos tenido desgraciadamente oportunidad de ver aquí en México y en donde sea, ejemplos de que se sacó todo el provecho de una playa, y prácticamente mataron a un pueblo al ladito”, refiere.

Es decir, la idea es que el poblado donde viven mejore antes de que sus desarrollos se beneficien. “Nosotros vimos que había necesidades aquí en lo que es agua potable, alcantarillado, basura, tratamiento de aguas negras, de aguas pluviales; entonces nos pusimos en forma trabajando en conjunto con el municipio; hemos apoyado mucho y nos han apoyado a través de permisos que nos han dado”.

Así se benefició el edificio de preescolar, donde se educó el hijo de Faurest; “en seis semanas reconstruimos toda la escuela”. La primaria fue reacondicionada y recibió 25 computadoras; para mejorar el servicio de agua se hizo un proyecto “y ahorita estamos haciendo las perforaciones, las líneas de conducción, los tanques de abastamiento [sic] para todo el pueblo; teníamos 150 metros cúbicos de agua para almacenar y estamos haciendo para que haya 600 con los nuevos pozos; el doctor Jaime Cuevas [presidente municipal de Bahía de Banderas] nos pidió que hiciéramos los estudios para quince años, o quince mil personas, que son las cifras que nos está dando el estado para el crecimiento de San Pancho, otros pueblos tienen más, están poniendo hasta 58 mil personas para Sayulita en el mismo tiempo…”.

Otras donaciones de Emerald Coast: el juez del pueblo recibió una cuatrimoto, la pintura para remozar el campo de futbol, renovación del malecón (por 30 mil dólares), empleo a una treintena de moradores, un vivero local, ocho mil dólares para la Escuela del Mundo, ocho mil dólares para el programa infantil del grupo Entre Amigos; pintura, limpieza y reforestación con palmas en las viejas bodegas de Conasupo, y patrocinio de equipos locales de futbol.

—¿Entonces va a ser un crecimiento muy fuerte en el área?

—Sí, el crecimiento está enorme aquí, pero nosotros de aquí a un año estaremos construyendo nuestra primera casa en nuestros desarrollos; entonces, los servicios van hacia el pueblo, pero por supuesto que va a haber agua en nuestros desarrollos, eso sí, pero primero al pueblo y luego al desarrollo, y así podemos vivir bien, juntos […] el desarrollo tiene que ser de baja densidad, tomando en cuenta la riqueza que tenemos, la naturaleza; es un poquito diferente del desarrollo que se hizo hace 20 años, que era tumbar todo y tener más campos de golf…

—¿Cuánto han invertido para mejorar San Pancho?

—Más de dos millones de dólares.

—Hace tres años empiezan la empresa, ¿pero, por qué se decidieron por este tipo de negocio?

—Bueno, yo creo que el desarrollo se decidió a venir hace cinco años al norte de Vallarta, entonces a mí me tocó estar en un buen lugar y en un buen tiempo, jaja […] venimos aquí por muchas cosas, la tranquilidad, la seguridad, la vida de playa, pero también por las oportunidades que se estaban dando, y lo que viene después, que es mucho.

—¿Cuánta superficie ejidal han comprado?

—Estamos hablando de un aproximado de 45 hectáreas, entre los tres desarrollos que tenemos aprobados.

—¿Se puede saber cuánto les costaron?

—No, no se puede, jeje.

—¿Es buen negocio a la larga?

—Yo creo que a través de los riesgos del trabajo, del tiempo, del amor y sudor que tienes que tener, y la paciencia, yo creo que hacer algo bien sí vale la pena.

—¿A cómo están vendiendo?

—Bueno, más que nada es una preventa, nuestros lotes empiezan en 850 metros cuadrados hasta los 1,500 m2 más o menos; entre tres mil y cinco mil pesos por metro cuadrado.

—Sabemos que la procuraduría ambiental (Profepa) los sancionó porque tiraron selva sin permiso…

—Hubo una confusión ahí, de lo cual ya se ha arreglado, se multó, se hicieron trabajos de nuestra parte por equivocación de entendimientos, o sea, una cosa era pensar que ya teníamos los permisos […] no se tumbó ni un árbol, nomás habíamos puesto accesos o calles. Pero está resuelto, ya se pagaron las multas y se arregló, punto.

—Los critican a ustedes algunos grupos, de tratar de comprar conciencias con el dinero para sacar adelante sus desarrollos

—A mí me han llegado comentarios así, y de verdad, lo que hemos hecho aquí en el pueblo me nació del corazón, porque tengo aquí a mi hijo y a mi esposa […] siempre va a haber la envidia, que es muy conocida en México, yo a mis detractores les digo que aquí estoy durante todo el año, jamás me ha llegado uno a preguntarme por qué hago un parquecito, por qué quiero remodelar el malecón, por qué hacemos nuevas instalaciones para las escuelas, siempre está la puerta abierta para las dudas…

—¿Con los políticos locales o del estado no ha habido relaciones de dinero, le han pedido?

—No, jamás.

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La playa nayarita se abre a la inversión extranjera, con riesgos.

“Nada hay más adecuado en el mundo que un discurso persuasivo para confundir la máquina mental y trastornar las convicciones y seducir las emociones de un público inexperto en las tretas y engaños…”.

El hombre que corrompió a una ciudad. Mark Twain.

Los esteros son fuente de vida, en San Blas.